El PSOE y el PP trasladan su batalla sobre los indultos al Tribunal de Cuentas

Las Cortes, la calle y la plaza de Colón. Los empresarios y la patronal, los recursos judiciales y los más altos tribunales. Los obispos y la Iglesia. Europa y también el Tribunal de Cuentas. La batalla sobre los indultos a los líderes separatistas no tiene fin. El Gobierno, el PSOE y el PP se han enfrascado en una disputa sobre esa medida de gracia que ha puesto el foco, ahora, en el normalmente anodino organismo estatal que controla las cuentas de las instituciones públicas y que tiene previsto establecer el próximo martes la cuantía de las millonarias sanciones económicas a imponer a más de 30 ex altos cargos de la Generalitat implicados en el proceso independentista. El ministro de Transportes y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, lanzó un mensaje a ese tribunal este viernes al apuntar que esas multas podrían suponer un escollo en la llamada agenda del reencuentro. La cúpula del PP ha reaccionado airada contra lo que consideran una intromisión del Ejecutivo en esa entidad con intereses claramente políticos.

José Luis Ábalos reconoció este viernes, en una entrevista en la Cadena SER, que las causas abiertas en el Tribunal de Cuentas contra ex altos cargos de la Generalitat y referentes del independentismo, como el exconsejero de Economía Andreu Mas-Colell, dificultan los planes del Gobierno de desinflamar la tensión política en Cataluña. “Estas causas no dejan de ser piedras en este camino, pero sabíamos que estaban ahí”, afirmó el ministro. “Nos corresponde ir desempedrando este camino dentro de la legalidad. Es la única forma. Claro que es más complicado desandar lo mal andado”.

El Tribunal de Cuentas reclama 5,4 millones de euros por la promoción internacional del procés. La Sección de Enjuiciamiento del tribunal formalizará así el próximo martes —el mismo día que se reunirán en La Moncloa el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el de la Generalitat, Pere Aragonès— las imputaciones por responsabilidad contable por la gestión de Diplocat. Aquel organismo público catalán se encargó durante años de difundir las acciones del independentismo en el extranjero e implicó a varias consejerías del Govern durante el desafío soberanista.

El expediente sancionador del Tribunal de Cuentas afecta, entre otros, a los expresidentes catalanes Artur Mas y Carles Puigdemont, al exvicepresidente y líder de ERC Oriol Junqueras y a los consejeros Raül Romeva (Exteriores) y Mas-Colell (Economía). Un grupo de 33 premios Nobel de Economía ha publicado un escrito en defensa de Mas-Colell, que ha sido catedrático del ramo en Harvard. Esta misma semana, el miércoles, en la sesión de control al Gobierno del Congreso, los portavoces en la Cámara de ERC, Gabriel Rufián, y de Junts, Míriam Nogueras, aprovecharon sus intervenciones frente al presidente Sánchez para conceder que los indultos ejecutados ese mismo día sobre nueve de los líderes separatistas eran un primer paso, pero demandaron más acciones. Y tanto Rufián como Nogueras señalaron lo que consideran una “persecución represiva” de otras instituciones del Estado, entre las que citaron al Tribunal de Cuentas, como próximos objetivos en los que exigir cambios en su funcionamiento si de verdad el presidente Sánchez y su Ejecutivo progresista pretenden avanzar en una solución política al conflicto catalán.

La respuesta a esos anhelos pareció llegar este viernes desde uno de los ministros más relevantes del Ejecutivo, número tres del PSOE y persona de la máxima confianza de Sánchez. Ábalos avanzó: “No voy a cuestionar los órganos. Es en el mismo ámbito de la labor jurisdiccional donde hay que intervenir. Pero me llama la atención la postura de Mas-Colell. Hay que intervenir, pero no hacerlo desde la descalificación, sino con inteligencia, argumentos y pruebas en el proceso jurisdiccional”. El titular de la cartera de Transportes en el Ejecutivo recalcó su respeto al Tribunal de Cuentas y sus funciones.

Tras el revuelo que generaron las palabras de Ábalos, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, afirmó que “cada institución hace lo que tiene que hacer”.

La derecha, y en particular el PP, recogió esas expresiones para reactivar su acoso político al Ejecutivo. El líder popular, Pablo Casado, rebatió las declaraciones de Ábalos como propias de un “Gobierno radical” que, según su criterio, “es la única piedra en el camino de la Justicia, el Estado de derecho y los reguladores”. Casado avanzó que el PP registrará una petición de comparecencia del ministro para exigir responsabilidades porque tradujo esas manifestaciones como una “inadmisible amenaza a los Tribunales”.

El vicesecretario de Comunicación y portavoz del PP, Pablo Montesinos, apuntó también a la metáfora de Ábalos sobre esas piedras en el camino para acusar al ministro de ser él el que “pone piedras al diálogo y promete desempedrar el camino”. Y tiró por elevación contra todo el Gobierno: “No tienen límites. Están dispuestos a todo con tal de seguir en el poder. Sánchez debe dimitir ya. Los españoles tienen derecho a expresarse en las urnas ante tanta humillación y mentira”.

La portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, insistió en la misma línea: “Tocan la independencia de todas las instituciones del Estado. Tras los indultos, el Gobierno ataca al Tribunal de Cuentas por reclamar el dinero de los catalanes que malversaron. Creen que el dinero público no es de nadie, o suyo para seguir en Moncloa”.

Ábalos, además de esa alusión al Tribunal de Cuentas, también aprovechó la misma entrevista para restar importancia a las apelaciones a la independencia y exigencias de una amnistía que los indultados realizaron este pasado miércoles a su salida de prisión. “Eran previsibles y no nos sorprenden”, observó. “Entiendo que uno procure darle toda la épica posible a ese momento. Estos discursos se retroalimentan con el nacionalismo español. Cuando uno ve esa polarización es cuando cree que está haciendo lo adecuado. Me hace pensar que estamos en la posición correcta”.

El presidente del Gobierno ha mantenido este viernes desde Bruselas la estrategia de no entrar directamente a confrontaciones como en los últimos días. “Lo que tenemos que hacer los políticos y los gobiernos es construir convivencia, unir a nuestra sociedad. En esa construcción hay momentos en los que lo útil es el castigo y otros en los que lo útil es el perdón, y ahora estamos en el momento del perdón”, defendió Sánchez la concesión de la medida de gracia al término del Consejo Europeo, informa Lluís Pellicer.

El presidente concedió que es consciente de los planteamientos de Aragonès, que esta semana se ha apresurado a pedir un referéndum pactado sobre la independencia y la amnistía para todos los condenados. “Ya he escuchado cuáles son sus proclamas, sus reclamaciones. Ya las conocemos todos”, aseguró Sánchez, y ofreció a cambio poner sobre la mesa su agenda de inversiones e infraestructuras para Cataluña y garantizó que el límite a las negociaciones es “el respeto al pacto constitucional” y a la “legalidad democrática”.