El Govern estudia la viabilidad de avalar las fianzas exigidas por el Tribunal de Cuentas

El Gobierno catalán está estudiando la viabilidad de avalar las fianzas de 5,4 millones exigidas por el Tribunal de Cuentas a los 34 altos cargos de la Generalitat a los que acusa de haber promocionado el procés en el extranjero entre 2011 y 2017. El organismo ha concedido a los investigados, entre los que figuran los expresidentes Artur Mas, Carles Puigdemont y el exvicepresidente Oriol Junqueras, dos semanas para afrontar esa cantidad. El plazo expira el día 21. Elsa Artadi, portavoz de Junts, ha sostenido que la ejecutiva de su partido ha hecho una reflexión y que es el Gobierno catalán el que debe dar “el paso político adelante, contundente y sin fisuras” para “proteger” a los 34 excargos y defender la institución.

Tras la celebración de la ejecutiva del partido, Artadi ha expresado que tiene depositada toda su confianza en la Generalitat para que responda con la mejor fórmula. “Se trata de un aval, no de un pago. Estamos hablando de unas fianzas que se les exigen a unas personas antes de celebrar un juicio y que haya sentencias. Toda la confianza de que se materialice para evitar su ruina y embargo”, ha afirmado.

Artadi se ha mostrado partidaria de que la decisión final se apruebe en una reunión del Govern que debería celebrarse antes del día 21, cuando expira el plazo de las fianzas. “La fórmula debe ser lo máximo de concreta. La posición de Junts es firme; hace tiempo, meses, que trabaja en ella y esperemos que tire adelante”. La también vicepresidenta de la formación ha puesto el acento en que al grupo de 34 personas se le persigue por un plan de trabajo aprobado por el Gobierno catalán. “Siguieron unas instrucciones que eran legales”, ha recalcado la diputada. “No hay que dejar a nadie atrás. El Govern tiene que actuar en defensa de la institución”.

ERC afronta con más cautela que Junts la posibilidad de que sea la Generalitat quien conceda el aval. La portavoz del partido, Marta Vilalta, aseguró este lunes que las decisiones del tribunal son una “extorsión económica”, incluso habló de una “inquisición económica”, pero al mismo tiempo no fue capaz de aventurar que la Generalitat pueda cubrir las finanzas. Vilalta se escudó en que se trata de una decisión que debe tomar el Gobierno de la comunidad esta semana lo más tardar. De hecho, el Govern abordará hoy mismo en su reunión semanal el asunto.

La consejera de la Presidencia, Laura Vilagrà, de ERC, avanzó que el Govern debe proteger a los servidores públicos bajo el “principio de indemnidad”, que, explicó, garantiza a los funcionarios un derecho a la tutela y a ser defendidos por su administración. ”Es lo que haremos. Si nos fijamos en el Estatuto Básico del Funcionario Público, un estatuto español, de matriz centralizada, plantea que cualquier servidor debe ser defendido por su administración”, dijo Sin precisar si ese apoyo será también económico. Vilagrà recordó en TV3 que la acción exterior es una competencia estatutaria y que la Generalitat nunca recibió avisos de estar infringiendo la legalidad.

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, admitía el domingo en El Periódico que el apoyo a los investigados era una cuestión “difícil”. Varios juristas sostienen que el Ejecutivo catalán puede incurrir en delitos de malversación y prevaricación. Vilalta incidió en otra cuestión apuntada por Aragonès este fin de semana: que sea la ciudadanía, la iniciativa privada, la que avale a los investigados. “Queremos hacer evidente que todo un pueblo acompaña a estas personas y esperemos que se active también la caja de solidaridad para que todos y todas podamos aportar”. Esta caja de solidaridad es un programa de voluntariado de ayuda económica a los condenados y encausados desde el arranque del procés. La caja no cuenta en estos momentos con suficientes fondos para cubrir las fianzas de 5,4 millones de euros que requiere el Tribunal de Cuentas.

La Assemblea Nacional Catalana ha emitido un comunicado en el que critica que sean los particulares los que asuman de nuevo esta carga financiera porque considera que “debilitaría al movimiento independentista” y porque subrayan que este apoyo de la sociedad civil “ha de servir para el independentismo de base que no tiene el paraguas de una institución, partido político u organización”. La ANC exige a la Generalitat “que defienda y que cubra hasta el último céntimo de las personas afectadas”. “No hacerlo sería renunciar a la defensa de la legitimidad del Govern y de su acción, y dejar desamparados a sus cargos”, dice la ANC, y añade que ello “sentaría un precedente que dejaría tocada la credibilidad” de la institución de cara al futuro.