Ajustes de cuentas en el tribunal más desconocido y opaco

El Tribunal de Cuentas no es “un anacronismo”, que es el escenario en el que lo situó la pasada semana el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pero es desde luego un organismo peculiar, bastante opaco y desconocido, dirigido por consejeros políticos que viven en su propio mundo. Ajenos, e incómodos, a la primera línea de fuego. La millonaria sanción a los líderes independentistas catalanes, en un momento clave de la legislatura, ha catapultado al organismo fiscalizador al centro de la diana partidista, justo cuando culmina su mandato de nueve años y el PP rechaza la renovación. PSOE, Podemos y sus aliados nacionalistas esperarán a que acaben los recursos del proceso judicial en marcha para proponer cambios que modernicen la institución.

El acta de liquidación con la sanción impuesta de 5,4 millones de euros a un grupo de 40 exdirigentes y ex altos cargos de la Generalitat de Cataluña, incluidos expresidentes y varios consejeros, ha provocado que portavoces de ERC, Junts, PDeCAT, la CUP y Podemos hayan acusado al Tribunal de Cuentas de ser una “institución arbitraria, represiva y política” del Estado. Y hasta algunos miembros del PSOE lo han señalado por “empedrar” la agenda del reencuentro, en la que está absolutamente empeñado el presidente Sánchez.

El jefe del poder ejecutivo calificó de “anacronismo” irracional que el líder del PP, Pablo Casado, se niegue ahora a negociar y bloquee la renovación de ese tribunal y también cuestionó que sea una exministra del PP y consejera, Margarita Mariscal de Gante, la que vaya a dictar la sentencia sobre ese caso, tras el expediente elaborado antes por una instructora de la casa.

Mariscal, exministra de Justicia del primer Gobierno de José María Aznar, es desde 2012 una de las 12 consejeras de adscripción política del tribunal, cuando Mariano Rajoy y el socialista Alfredo Pérez Rubalcaba resolvieron la dirección de ese organismo en otra situación muy diferente. Entonces el reparto favoreció al PP, con siete consejeros, y cinco los designó el PSOE. En estos nueve años de mandato que acaban formalmente este 23 de julio han cambiado muchas cosas. Uno de los consejeros progresistas, Lluís Armet, abandonó la institución y no ha sido repuesto. Y de los otros cuatro progresistas, dos, María Dolores Genaro y María Antonia Lozano, fueron recomendadas entonces por el expresidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán, luego encausado por el caso de los ERE y retirado ya de cualquier influencia. Prueba de que los tiempos del tribunal siguen otros ritmos.

Aquel PSOE en la oposición no prestó demasiada atención a la elección del Tribunal en 2012, pero el PP de Aznar, sí. Gobernaba Rajoy, pero Aznar había comprobado cómo el organismo fiscalizador le había buscado las vueltas desde 2010 a un gasto de 2,3 millones de euros para la promoción frustrada de la concesión al expresidente popular de la medalla de oro del Congreso de los EE UU. El tribunal archivó finalmente la causa en 2011, pero Aznar se ocupó de promover a Mariscal, a su hermano Manuel y a Ángel Algarra, exdirector del CEU, entre los siete consejeros populares nominados. Y ahí siguen.

Como presidente del organismo salió entonces Ramón Álvarez de Miranda, de una familia popular de toda la vida. Ni Mariscal ni Manuel Aznar quisieron exponerse tanto con ese cargo, aunque la exministra encabezó las negociaciones y disponía del voto sindicado de todo su grupo en contacto con la cúpula del PP. Pero Álvarez de Miranda tampoco aguantó todo el mandato ante las presiones desde las filas del PP, según fuentes internas del tribunal. En 2018 dejó el puesto y fue aupada al frente de la institución María José de la Fuente, una funcionaria del cuerpo de letrados del organismo fiscalizador desde 1993 sin proyección pública pero hija de un habitual de Génova 13, la sede del PP, y con dos primas en la institución, María Asunción y María Eugenia de la Fuente Asprón, hijas del ministro de Franco Licinio de la Fuente.

La acusación de endogamia y ciertos privilegios han perseguido históricamente al tribunal. El organismo dispone ahora de 780 funcionarios, que superan sus oposiciones y pruebas de acceso perfectamente regladas. Apenas hay personal eventual, con algunos casos muy contados de secretarias de dirección. Pero sí existe una tradición de sagas familiares, hijas, hermanos, exparejas, que concurren a plazas mejor retribuidas que en ningún otro departamento de la Administración. Los empleados del tribunal cobran en torno a un 30% más que los de su nivel en otros ministerios. Los 12 consejeros de procedencia política reciben alrededor de 120.000 euros de salario, disponen de coche oficial y chófer, y no están habituados a presiones tan directas como las de ahora.

Ni los funcionarios del tribunal ni la mayoría de los consejeros han acogido bien las manifestaciones del presidente que los sitúa como uno de los focos del problema a resolver con Cataluña, según diversas fuentes consultadas por EL PAÍS en el organismo. Ni la presidenta actual ni Mariscal quisieron ofrecer su versión del delicado momento a este periódico. Pero este pasado viernes, el tribunal emitió una inusual nota pública de autodefensa contra lo que consideraron como unos ataques e intentos de injerencias políticas, aprobada por los tres componentes actuales del sector conservador en su comisión de Gobierno, pero sin consultar con los demás consejeros.

El futuro del funcionamiento del tribunal está ahora en entredicho. El PSOE y sus socios querrían cambios. No tanto como los apuntados por los partidos independentistas en el método de elección de los consejeros, que requieren tres quintos de las Cortes (210 escaños y por tanto alianzas entre los principales partidos), pero sí y en primer lugar en el sentido actual de la procedencia política de sus miembros, más acorde a la distribución vigente de las Cámaras legislativas. El PP se niega a esa revisión ahora, como sucede desde hace dos años y medio para modificar a los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Los consejeros del tribunal ya se han autoconvocado para otro de sus plenos mensuales para el jueves 29 de julio, fuera de mandato, y con sus responsabilidades prorrogadas.

El ruido de esta polémica política sobre la legitimidad del organismo ha sepultado otros debates pendientes en el tribunal. Fuentes internas y expertos consultados apuntan algunas mejoras posibles nunca abordadas: la clarificación y procedencia de su función jurisdiccional además de la fiscalizadora; la disminución del número de sus 12 consejeros políticos ahora que ya conviven con cámaras de cuentas autonómicas y su rejuvenecimiento; la reducción de sus mandatos de nueve años; su elección con un verdadero examen parlamentario; la designación del presidente entre una terna de aspirantes y la exigencia de un perfil de los candidatos más profesional y con más nivel de experiencia. Para ser consejero ahora solo se exige ser funcionario con 15 años de antigüedad, pero no se precisa nada sobre en qué puestos y de qué relevancia.

El PSOE en el Gobierno ha escuchado las demandas nacionalistas para modificar ese tribunal y no las ha considerado ahora oportunas. La Abogacía y la Fiscalía del Estado, promotoras en su día de la investigación por mal uso de dinero público ahora sancionada, ya concluyeron su trabajo y no van a reeditar nuevas acusaciones. Los socialistas esperarán a que los encausados plasmen sus recursos judiciales internos y los lleven hasta el Tribunal Supremo antes de impulsar ninguna reforma. Eso podría demorarse más de un año. Y tanto el presidente como sus máximos dirigentes denunciarán mientras tanto la actitud obstruccionista de Pablo Casado y el PP en todos los órganos constitucionales.