Madrid elimina la opción de favorecer a niños en situación social difícil para las becas de Infantil y defiende que nunca la llegó a aplicar
La orden que regulaba desde 2017 las ayudas para centros privados daba dos puntos a bebés de familias con “dificultades específicas”, lo que ahora desaparece


El Gobierno de la Comunidad de Madrid, que preside Isabel Díaz Ayuso, ha eliminado para el curso 2025-2026 la posibilidad de favorecer en la obtención de becas para pagar centros privados de Educación Infantil a los bebés de familias en una situación social difícil. La decisión queda reflejada en la orden que recoge las nuevas bases reguladoras de estas ayudas, publicada en el Boletín regional el lunes, y que sustituye a la hasta ahora en vigor, firmada en 2017. Así, en la nueva norma desaparece el criterio de la situación social, que valoraba con dos puntos extra situaciones justificadas por los Servicios Sociales “y que supongan dificultades específicas para atender adecuadamente al niño y que hagan especialmente necesaria su escolarización”. “Nunca se ha utilizado como criterio para otorgar puntos”, dice un portavoz gubernamental, pese a que la opción aparece todavía en la web de las ayudas (referente al curso actual) y se ha venido recogiendo en los últimos años en los formularios de solicitud de las becas, según ha comprobado EL PAÍS.
“Las nuevas bases reguladoras de las becas para la escolarización en el primer ciclo de Educación Infantil en centros de titularidad privada simplifican la presentación de solicitudes e introducen modificaciones técnicas en algunos apartados como el de la puntuación por situación social, que figuraba en las anteriores bases, pero nunca se ha utilizado para conceder estas ayudas”, reconoce un portavoz gubernamental. “Por tanto, los criterios de adjudicación para el curso 2025/26 serán exactamente los mismos que en convocatorias anteriores”.
Sin embargo, lo cierto es que ahora se borra una opción que antes existía, y se desliza que nunca se llegó a aplicar ni desarrollar procedimentalmente, pese a que la web oficial de las becas sigue recogiendo lo siguiente en el apartado de “documentación a presentar” para el curso 2024-2025: “Certificado de Servicios Sociales Municipales (para acreditar dificultades específicas para atender adecuadamente al niño y que hagan especialmente necesaria su escolarización)”.
Una transcripción casi textual de la orden ahora eliminada que también reflejaban los formularios que rellenaban las familias solicitantes, bajo el epígrafe “Certificado de Servicios Sociales Municipales” en el apartado “documentación requerida”.

El cambio de criterio añade leña al fuego. Estas ayudas están en el centro de la polémica desde que EL PAÍS puso bajo los focos que el equipo de Ayuso había flexibilizado los criterios de renta para permitir que familias que ingresan más de 100.000 euros opten a becas en centros privados de Infantil, Bachillerato, y Formación Profesional de grado medio y superior (tres etapas educativas no obligatorias).
Ocurrió en 2022. Con el nuevo criterio unificado para todos esos estudios en los 35.913 euros de renta per capita (un dato que resulta de dividir los ingresos de una familia entre el número de sus componentes), los límites máximos de renta en el curso 2022-2023 con respecto al curso 2021-2022 aumentaron un 259% en Bachillerato (el límite de la renta per capita pasó de 10.000 euros a 35.913), un 80% en Formación Profesional de grado superior (de 20.000 euros a 35.913) y un 44% en Educación Infantil (de 25.000 euros a 35.913). Es decir, se facilitó radicalmente el acceso a las ayudas a familias sin problemas económicos.
Como resultado, desde entonces pueden optar a recibir la ayuda aquellas parejas con un hijo que ingresen hasta 107.739 euros, cuando antes el límite era de 30.000 euros para los que optaban a una ayuda para Bachillerato, de 60.000 para los de Formación Profesional, o de 75.000 para los de Educación Infantil.
Del mismo modo, las parejas con dos niños que tengan unos ingresos globales de 143.652 euros también pueden pedir estas becas; o las que tengan tres hijos y unos ingresos en el hogar de 179.565 euros.
Así lo explicó entonces Ayuso: “Son rentas medias que en Madrid lo están pasando también muy mal, porque ahora mismo la inflación, los costes de la energía, y la inacción del Gobierno, están provocando que las clases medias, a pesar de trabajar, no tengan a veces opciones para seguir matriculando a sus hijos donde ellos desean”.
La polémica consecuente fue tan grande que el Ejecutivo madrileño se abrió a una rectificación. Enrique Ossorio, entonces consejero de Educación, y hoy presidente de la Asamblea de Madrid, planteó la posibilidad de tener en cuenta para las convocatorias de Bachillerato y FP la excelencia académica, es decir, las notas. Aquella supuesta concesión fue el reflejo de que Madrid es el paraíso de la educación privada: era la única comunidad que ofrecía becas a rentas altas, sin criterio de notas y solo en centros privados, según una investigación de este diario. Pero la promesa de Ossorio no llegó a concretarse. Las notas siguen sin ser un factor para decidir quién se lleva dinero público para estudiar en centros privados. Y ahora se elimina de la convocatoria de Infantil el criterio de la situación social.
Familias numerosas
“A priori, parece algo que hace los cheques menos destinados a personas que lo necesiten”, analiza una fuente que conoce las entrañas del sistema de ayudas; “y que hace que los cheques vayan menos a familias que no encajan en centros privados”.
No es una cosa cualquiera. Aunque aún se desconocen los criterios de renta que se aplicarán para el curso 2025-2026, los datos del presente curso dan cuenta de la importancia política, económica y social de esta línea de ayudas. Así, se aumentó el presupuesto hasta los 67.338.015 euros, lo que derivó en un incremento de los importes de la beca, que, con carácter general, fueron de 1.947 euros anuales y de 3.113 si se obtenían todos los puntos por ingresos familiares. Hay más de 30.000 beneficiarios.
Entre ellos pudo haber potencialmente solicitantes beneficiados por el criterio de la situación social, ya que la convocatoria aún recogía esa posibilidad. No volverá a ocurrir: la nueva orden ha borrado de un plumazo el punto que priorizaba a bebés cuyas familias tengan “dificultades específicas para atender adecuadamente al niño y que hagan especialmente necesaria su escolarización”.
Sí se mantiene, en todo caso, la baremación a favor de las familias numerosas (dos puntos para las de categoría general y tres para los de especial); o de los alumnos con necesidades educativas especiales o discapacidad física, psíquica o sensorial (dos); o acogidos (uno).
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