Ayuso defiende la decisión de dar becas a familias que ganan 100.000 euros: “Lo pasan también muy mal”

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha defendido este lunes la decisión de que familias que ganan más de 100.000 euros al año puedan optar a recibir becas educativas públicas para estudiar en centros privados. “Son rentas medias que en Madrid lo están pasando también muy mal, porque ahora mismo la inflación, los costes de la energía, y la inacción del Gobierno, están provocando que las clases medias, a pesar de trabajar, no tengan a veces opciones para seguir matriculando a sus hijos donde ellos desean”, ha dicho la líder conservadora durante una comparecencia conjunta con su homólogo de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page (PSOE), para firmar un convenio de transportes.

La Comunidad de Madrid ha flexibilizado el baremo de renta para acceder a las ayudas, que pasa de 10.000 euros a 35.913 en Bachillerato, de 20.000 euros a 35.913 en FP de grado superior, y de 25.000 euros a 35.913 en Infantil. Como consecuencia, ahora podrán optar a recibir estas ayudas, y las nuevas para FP de grado medio, aquellas parejas con un hijo que ingresen hasta 107.739 euros; las parejas con dos niños que tengan unos ingresos globales de 143.652 euros; o las que tengan tres hijos y unos ingresos en el hogar de 179.565 euros. Una situación que solo se dará en Madrid y que beneficiará a entre 18.000 y 20.000 familias de rentas altas, según cálculos de la Administración autonómica.

“Se ha abierto un debate falso”, se ha quejado este lunes Ayuso. “Nadie, ninguna renta vulnerable en la Comunidad de Madrid, está sin su beca educativa”, ha seguido. “Todos los alumnos que necesitan una beca la tienen”, ha insistido. “Hoy la reciben 600.000 estudiantes. A partir de aquí, hay 20.000 de familias que tienen una renta media de 35.913 euros que pueden optar a una beca”, ha añadido. Y ha rematado: “Que le demos la oportunidad a 20.000 familias no significa que le demos la oportunidad a 20.000 ricos. Y en lugar de esperar a ver quiénes van a ser los beneficiarios finales de estas becas, se intenta otra vez trasladar la imagen de que la Comunidad de Madrid es una comunidad de ricos y para ricos”.

Es cierto que el PIB per cápita de Madrid en 2019 fue de 35.913 euros. Pero esa cifra no tiene nada que ver con el valor que elige cada administración para decidir quién puede optar a una beca, y quién no. Madrid selecciona a los beneficiados en función de la renta per cápita familiar: los ingresos de la unidad familiar, divididos entre el número de miembros computables, no pueden superar esos 35.913 euros. O lo que es lo mismo, hay que multiplicar 35.913 euros por el número de integrantes de la familia para saber si se es elegible para la ayuda. De esta manera, se eleva hasta los 107.739 euros el techo de lo que puede ganar una pareja con un hijo. Y a más hijos, más ingresos permitidos.

El Estado, y el resto de regiones, utilizan la renta neta de la unidad familiar: es la suma de las bases imponibles en la declaración de la renta de los miembros de la familia, que en este caso no podría superar los 35.913 euros.

La diferencia se mide en dinero: usar la renta per cápita en Madrid, en lugar de la renta neta familiar, abre las becas a parejas con un hijo que ganan entre 35.913 euros y 107.739. Un salto de más de 71.000 euros que aumenta según hay más hijos.

Ninguna otra región utiliza un baremo de ingresos tan alto. Y no es el único aspecto de estas becas en el que Madrid es excepcional: es la única comunidad que las restringe a centros privados, y que no exige unos mínimos académicos (nota media) para acceder a la ayuda,

También es cierto que 600.000 alumnos se beneficiarán de becas públicas en el curso 2022-2023, cuando el presupuesto de esta política ascenderá a 212 millones de euros. Sin embargo, de esos 212 millones de euros, 127 se dedicarán a financiar becas para 60.000 alumnos que estudiarán en centros privados, según cifras recogidas en documentos oficiales. O lo que es lo mismo: el 10% de los becados se llevará el 60% de los fondos para estudiar tres enseñanzas no obligatorias en la privada, por lo que el 40% restante queda para facilitar el acceso a libros, transporte y comida de 540.000 alumnos que se reparten entre la educación pública y la privada concertada.

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