Becas públicas en centros privados de Madrid para familias que ganan más de 100.000 euros

El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha flexibilizado el criterio de renta familiar con el que se restringía el acceso a las becas que concede para cursar en centros privados Educación Infantil, Bachillerato y Formación Profesional, tres etapas educativas no obligatorias. Como resultado, ahora podrán optar a recibir la ayuda aquellas parejas con un hijo que ingresen hasta 107.739 euros, cuando antes el límite era de 30.000 euros para los que optaban a una ayuda para Bachillerato, de 60.000 para los de Formación Profesional (FP), o de 75.000 para los de Educación Infantil. Del mismo modo, las parejas con dos niños que tengan unos ingresos globales de 143.652 euros también podrán pedir estas becas; o las que tengan tres hijos y unos ingresos en el hogar de 179.565 euros.

La Comunidad calcula que estas ayudas parciales, que no cubren el total del coste de los estudios, beneficiarán a más de 62.000 alumnos, cuyas familias seguirán pagando el grueso de la factura. Además, el Gobierno regional aprobó el miércoles las primeras ayudas de este tipo para la FP de grado medio.

“Se trata de una medida encaminada a favorecer la libertad de elección educativa”, defiende un portavoz gubernamental. “Con el objetivo de que estas subvenciones lleguen al mayor número posible de alumnos, el Gobierno madrileño ha incrementado el límite de renta de las familias perceptoras, tomando como referencia el PIB per cápita de la Comunidad de Madrid en 2019, que fue de 35.913 euros”, detalla. La decisión supone una flexibilización sin precedentes en el acceso a las ayudas. ”Que las familias puedan optar a esas becas no significa que vayan a ser beneficiarias solamente por solicitarlas. Tienen prioridad las rentas menores”, añade este portavoz.

¿Y cómo se calcula la renta per cápita? Hay que dividir el total de ingresos de una familia entre el conjunto de sus miembros para saber si se supera el máximo de dinero a partir del cual la Administración considera que no se necesita ayuda.

Con el nuevo criterio de los 35.913 euros, los límites máximos de renta en el curso 2022-2023 con respecto al curso 2021-2022 han aumentado un 259% en Bachillerato (el límite de la renta per cápita pasa de 10.000 euros a 35.913), un 80% en Formación Profesional de grado superior (de 20.000 euros a 35.913) y un 44% en Educación Infantil (de 25.000 euros a 35.913). La Comunidad se ha comprometido a agotar los 43,4 millones que le dedicará al programa de Bachillerato otorgándole la beca incluso a quien no cumpla los requisitos de renta establecidos si no se ha gastado todo el dinero en quienes sí lo hagan.

El Gobierno de Díaz Ayuso ha tomado esta decisión con las elecciones municipales y autonómicas de 2023 ya en el horizonte. Pero algunas de estas políticas vienen de lejos.

En la etapa de infantil, las ayudas para las guarderías privadas empezaron a tomar su forma actual con Esperanza Aguirre en el poder (2003-2012): desde entonces han multiplicado su cuantía (entre otras cosas por la influencia de Ciudadanos en los gobiernos del PP entre 2015 y 2021) y las facilidades para su obtención (por ejemplo, al poder incluir a un bebé concebido pero no nacido en el cálculo de la renta familiar). Las ayudas en FP de grado superior llegaron en la segunda década de este siglo. Las becas de Bachillerato fueron impulsadas en 2018 por el Gobierno de Ángel Garrido, pero restringidas a privados concertados, y ahora han sido ampliadas por Díaz Ayuso a los privados puros. Finalmente, las becas de FP en grado medio se estrenan en el próximo curso, y en medio de una gran polémica: si el pasado curso el Gobierno les dedicaba 64 millones a todas estas becas, el próximo invertirá 127 millones.

“La educación postobligatoria no se financia de esta manera en casi ningún sitio”, dice Adrián Zancajo, profesor lector de la Universidad de Manchester especializado en sistemas educativos, que considera que Madrid asiste a “la culminación de la política más liberal que comenzó con Esperanza Aguirre”. Sí que es cierto, explica Zancajo, que hay otras comunidades gobernadas por el PP, como la de Murcia, que utilizan un sistema relativamente similar, aunque únicamente en la Educación Infantil. Que se extienda también al Bachillerato y a la FP es algo de lo que Madrid ha hecho bandera. “Y de esta manera, las familias son las que deciden a dónde destinar el dinero público, y la Administración pierde completamente el control de qué grados de FP, por ejemplo, se financian o no en función de algo objetivo como la distribución territorial o de la oferta y la demanda en el mercado de trabajo”, explica. “Esto nos lleva al mercado puro porque es imposible cualquier tipo de planificación de dónde va el dinero público. Genera más mercantilización y menos equidad”.

“La razón de las becas es buscar la equidad, es decir, compensar las necesidades de quien lo necesita, y si subes el umbral de acceso se pervierte ese espíritu y se convierten directamente en un cheque para financiar la educación privada”, se queja Isabel Galvín, portavoz de Educación de CC OO, sobre que la Comunidad haya elevado a 35.913 euros el límite de la renta per cápita familiar. “Nos llevan a un modelo ultraliberal que choca con la Constitución española que dice que somos un Estado del bienestar”, denuncia. “En Madrid ya lo han extendido en todas las fases de la educación no obligatorias y así cada vez habrá más desigualdad”, argumenta. “Con los impuestos de todos financian a los que más tienen. Les financian doblemente porque les dan estos cheques y luego les permiten desgravar en la declaración de la renta. Redistribución a la inversa. Financian la inequidad y promueven la desigualdad entre madrileños”.

En todo caso, se han diseñado escalones para que las ayudas sean mayores en el caso de las familias que tienen menos ingresos, o que cobran el ingreso mínimo vital o la renta mínima de inserción. Por ejemplo, en Bachillerato los alumnos de familias con una renta per cápita de hasta 10.000 euros recibirán 3.750 euros en total, mientras que los estudiantes de familias con una renta per cápita de hasta 37.913 euros tendrán una ayuda de 2.000

Teresa Jusdado, portavoz de Educación de UGT, denuncia “la política de privatización de la consejería, que continúa aumentando la financiación a los centros privados, así como la diferencia de trato respecto a la red pública, en la que prosiguen la disminución de la oferta de modalidades y optativas, lo que obliga a una parte importante del alumnado a abandonar su centro de referencia y solicitar un cambio de instituto”. Y añade: “Estas solicitudes, a las que en muchas ocasiones no dan solución en el proceso de escolarización, obligan a las familias a peregrinar en busca de una plaza del bachillerato elegido. Y nos preguntamos: ¿este alumnado no tiene derecho a continuar en el centro donde han cursado secundaria, como justifica la consejería para la creación de estas ayudas en centros privados?”.

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