El 60% del dinero destinado a becas educativas en Madrid será para los centros privados

La Comunidad de Madrid dedica al menos el 60% de su presupuesto para becas a financiar con dinero público la asistencia a centros privados para cursar tres enseñanzas no obligatorias: educación infantil, bachillerato y formación profesional de grado medio y superior. Enrique Ossorio, número dos del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso y consejero de Educación y Universidades, detalló el pasado miércoles que la partida total para esta política de cara al curso 2022-2023 ascenderá a 212 millones de euros, beneficiando a 600.000 alumnos. El estudio en detalle de esa cifra global es esclarecedor. De esos 212 millones de euros, 127 se dedicarán a financiar becas en centros privados que beneficiarán a unos 60.000 alumnos, según cifras recogidas en documentos oficiales. O lo que es lo mismo: el 10% de los becados se llevará el 60% de los fondos para estudiar tres enseñanzas no obligatorias en la privada, quedando el 40% restante para facilitar el acceso a libros, transporte y comida de 540.000 alumnos que se reparten entre la pública y la privada concertada.

“Se destina esa cantidad a la privada porque las enseñanzas en la educación pública son gratuitas”, argumenta un portavoz de la consejería de Educación, que siempre ha defendido que así protege que las familias elijan libremente el centro educativo en el que estudian sus hijos.

Entonces, ¿la política de becas de Madrid ha sido siempre así? No. El aumento de la inversión pública en educación privada es una decisión política tomada bajo la administración de la presidenta Isabel Díaz Ayuso, que ha convertido a Madrid en una excepción en España: ninguna otra región invierte tanto en ese sector, ni lo hace con ayudas acotadas exclusivamente a él, sin que importe la excelencia académica, y abriendo las becas a rentas altas.

Así, en el curso 2019-2020, primero con la actual presidenta en el poder, se destinaban casi 60 millones de euros a los centros privados, alrededor del 49% del total del sistema de becas. Este curso 2022-2023, la partida ha crecido un 113% con respecto a entonces, pasando a 127 millones (el 60% del total). El acelerón es tan acusado que el aumento es de un 96% frente al curso anterior (64,6 millones en 2021-2022 y 127 en 2022-2023).

Un cambio de paradigma que se sustenta fundamentalmente sobre las becas de FP de grado medio, que son de nueva creación, y las ayudas para estudiar bachillerato solo en privado: estas pasan de estar dotadas con 9 millones de euros a movilizar 43,5 millones, y de beneficiar a 1.498 alumnos a más de 15.000. Además, lo previsible es que, en realidad, el peso de la inversión en privada sea incluso mayor de lo que reflejan las cifras conocidas. ¿La razón? Que no hay datos de qué montante de los 15 millones de euros dedicados a becas de segunda oportunidad se invierten en centros privados. Lo frecuente, sin embargo, es que sean la mayoría de los fondos.

“Ni en la época de [Esperanza] Aguirre se atrevieron a tanto”, opina Adrián Zancajo, profesor lector de la Universidad de Manchester especializado en sistemas educativos. “Entonces empezaron con la educación infantil, pero esto es un paso adelante mucho más allá porque de facto es dinero destinado exclusivamente para las clases medias-altas, ya que las rentas bajas no van a poder ir a un centro privado puro porque no van a tener con qué pagar el resto del pago mensual”, analiza, recordando que las familias deben asumir el grueso de la factura de los estudios incluso si obtienen la ayuda de la Administración. Para Zancajo, el modelo madrileño es “único y excepcional”. Y razona que otras comunidades autónomas también tienen el cheque guardería, pero “en la educación postobligatoria [bachillerato y FP] siempre se intenta apuntar a las rentas bajas y para todo tipo de centros. Algo parecido a lo que hace el ministerio”.

El aumento de la inversión pública en educación privada, además, no es la única novedad de cara al curso 2022-2023. La Comunidad de Madrid ha flexibilizado el baremo de renta para acceder a las ayudas, que pasa de 10.000 euros a 35.913 en Bachillerato, de 20.000 euros a 35.913 en FP de grado superior, y de 25.000 euros a 35.913 en Infantil. Como consecuencia, ahora podrán optar a recibir las ayudas aquellas parejas con un hijo que ingresen hasta 107.739 euros; las parejas con dos niños que tengan unos ingresos globales de 143.652 euros; o las que tengan tres hijos y unos ingresos en el hogar de 179.565 euros. Una situación que solo se dará en Madrid y que beneficiará a 18.000 familias de rentas altas, según cálculos de la Administración autonómica.

“El próximo curso vamos a tener 600.000 becas en la Comunidad de Madrid de diferentes tipos”, dijo Ossorio el miércoles, sin detallar que 541.000 de esas ayudas están destinadas a alumnos de públicos y concertados (son para libros, comedor o transporte) y que las 60.000 restantes recaerán principalmente en estudiantes de centros privados puros. “Vamos a alcanzar los 212 millones de euros [de inversión], un 40% más en etapas no obligatorias que el curso pasado” detalló.

Aunque esa cifra millonaria difiere de la que ha distribuido la Comunidad de Madrid en su cuenta oficial de Twitter (223 millones), o de la que resulta de consultar la documentación pública conocida hasta ahora (226), el resultado es parecido: Madrid invierte la mayoría de su dinero para becas en copagar con las familias estudios no obligatorios en centros privados.

“Esto de las becas destinadas principalmente a centros privados solo lo he visto en Madrid”, advierte Cynthia Martínez-Garrido, profesora de métodos de investigación educativos en la Universidad Autónoma de Madrid. “Aquí se están realizando un conjunto de pequeñas acciones que tienden a privatizar la educación en la comunidad autónoma”, apunta. “En cuanto al sistema de becas, lo que pasa en Madrid es único”, insiste. “En Francia, Italia, Gran Bretaña... tienen sistemas diferentes al nuestro, que no se pueden comparar al ciento por ciento, pero los estudiantes van mayoritariamente a centros financiados con fondos públicos. Salvo los belgas, que el 57% acuden a la concertada”, detalla. “Yo, desde luego, no conozco ningún gobierno que destine más fondos públicos a becas para los centros privados”.

En la misma línea se expresa Zancajo, profesor lector de la Universidad de Manchester especializado en sistemas educativos. “No hay ningún país que teniendo algún circuito de concertada homologable al español tenga un modelo de cheque escolar orientado a pagar los costes en el sector privado. Es algo muy extraño”, analiza. En EE UU, matiza, hay algún Estado suelto cuyo gobernador ha iniciado una medida similar, “pero es algo muy anecdótico”. Y remata: “Luego tenemos el caso de Chile, que es muy paradigmático, pero los cheques se suelen ir a las escuelas que se denominan particulares subvencionadas, que es lo que conocemos nosotros como concertada”.

También en eso, Madrid es excepcional: en esta comunidad autónoma, el grueso de las becas van a los estudiantes que están matriculados en la escuela privada.

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