Examen a las becas en España: Madrid, la única comunidad que las ofrece a rentas altas, sin criterio de notas y solo en centros privados

Solo hay una comunidad autónoma en España donde las familias que ingresan más de 100.000 euros pueden optar a una beca pública para que sus hijos estudien enseñanzas de Bachillerato y Formación Profesional, no obligatorias, en centros privados: la Comunidad de Madrid. País Vasco, Andalucía y Castilla y León, según un estudio llevado a cabo por EL PAÍS, también becan o cofinancian con las familias la educación infantil, el bachillerato o la formación profesional de grado medio y superior en centros privados, pero las tres autonomías aplican un criterio distinto para calcular el umbral de renta, que favorece a las más bajas.

Si se toma como ejemplo una familia formada por una pareja con dos hijos, en Madrid podrán optar a beca incluso si ganan conjuntamente 143.000 euros al año. En el País Vasco, el límite para una familia de cuatro miembros estaría en 40.796 euros. En Castilla y León, en 38.831. Y en Andalucía, si se toman como referencia las becas Adriano, 21.054 euros, cifra que se reduce hasta los 7.306,50 euros para las becas 6.000, ambas para estudios posteriores a la ESO.

Además, País Vasco, Andalucía y Castilla y León exigen para las etapas posobligatorias unos mínimos académicos (notas medias) que no hay en Madrid (que solo reclama no ser repetidor del curso para el que se solicita beca). Y dejan las ayudas abiertas a cualquier tipo de centro (incluidos los públicos), cuando en Madrid son exclusivamente para estudiantes que asisten a centros privados.

Madrid tiene previsto destinar 127 millones para facilitar esos estudios a 18.000 familias (lo que representa el 14,1% de estos alumnos). Como las convocatorias del País Vasco, Andalucía y Castilla y León están también abiertas a la educación pública, sus respectivas Consejerías de Educación dicen no tener datos de cuántos alumnos de la privada se benefician, aunque su inversión es menor que la de Madrid: unos 82 millones de euros en Andalucía, 62,5 millones en el País Vasco, y alrededor de 4 millones en Castilla y León, que ha anunciado la gratuidad del curso de dos a tres años en Educación Infantil para el curso 2022-2023, sin hacer aún públicos los detalles en documentos oficiales.

El resto de las comunidades no tiene ninguna beca comparable a esas para estudios de posgrado (Bachillerato y Formación Profesional), o las circunscribe únicamente a las escuelas infantiles. Es el caso de la Comunidad Valenciana (77,5 millones, para todo tipo de centros); Galicia (41,4 millones; la ayuda la recibe la guardería privada, no los padres); La Rioja (11,5 millones para todo tipo de centros, que son los que reciben la ayuda, no los padres) y Cataluña (unos 9,6 millones; la ayuda la recibe la guardería privada, no los padres; este curso empieza la implantación progresiva de la gratuidad de las escuelas infantiles públicas).

“Lo de Madrid no son becas”, critica Isabel Galvín, portavoz de CC OO Madrid. “No están ligadas a criterios académicos, a mérito, a esfuerzo, a capacidad, a excelencia ni a renta [baja]. No es una medida de compensación educativa o para garantizar igualdad de oportunidades”, argumenta. “Son un cheque para el copago destinado al 5% más rico de la población, un copago que solo se pueden permitir familias con altísimos ingresos”, advierte, ya que la administración únicamente se hace cargo de una parte de la cuota, y el grueso de la factura corresponde a los padres. “Y también es un cheque, en blanco, destinado a financiar empresas privadas que llegan al negocio educativo, por lo que están atrayendo a fondos de inversión al sistema educativo madrileño”, puntualiza.

Las órdenes

Vista la polémica que ha desatado el nuevo baremo de renta para acceder a las ayudas, que pasa de 10.000 euros a 35.913 en Bachillerato, de 20.000 euros a 35.913 en FP de grado superior, y de 25.000 euros a 35.913 en Infantil, el Gobierno madrileño ha intentado explicar su decisión a través de dos argumentos que no se compadecen con la textualidad de las órdenes que articulan las becas, o con la comparación con el resto de regiones.

Primer argumento: Madrid ha elevado hasta los 35.913 euros el umbral de renta que permite optar a las ayudas, porque su economía marcha mejor que la del resto de España, lo que obligaría a criterios más laxos para beneficiar a más familias. Así lo explicó el miércoles el número dos del Gobierno madrileño, Enrique Ossorio, que también es el titular de Educación: “Pedro Sánchez y algunos de sus ministros pretenden vender que [se benefician] los ricos. No, [se benefician las familias que están en] la renta media de la Comunidad de Madrid [35.913 euros]. Quizá lo que les pasa es que lo comparan con donde ellos gobiernan. Y, claro, en Valencia la renta media es de 20.000, en Castilla-La Mancha es de 19.000, en Extremadura es de 18.000, la mitad que en Madrid...”

Sin embargo, el criterio de renta elegido por Madrid no es homologable al del resto de las autonomías. Así, la primera selecciona a los beneficiados en función de la renta per cápita familiar: son los ingresos de la unidad familiar, divididos entre el número de miembros computables. País Vasco, Castilla y León, y Andalucía (salvo en el caso de las escuelas infantiles) utilizan la renta neta de la unidad familiar: no es la suma de los ingresos de los componentes de la familia, sino de sus bases imponibles en la declaración de la renta.

“Este criterio de renta neta de unidad familiar es más justo y más equitativo. No es que sea más restrictivo, es que optan a la ayuda las personas que más lo necesitan”, explica Cynthia Martínez-Garrido, profesora de métodos de investigación educativos en la Universidad Autónoma de Madrid.

Así, una familia con dos niños en la que los dos miembros de la pareja cobran 30.000 euros tienen opciones muy distintas de lograr la ayuda en función del método de cálculo: con la renta neta que aplican País Vasco, Castilla y León y Andalucía podrá optar a ella si el umbral es de 60.000 euros (ya que la suma de sus bases imponibles será inferior a esa cifra) y con la renta per cápita que usa Madrid, si es de 15.000 (la suma de los salarios dividida entre los cuatro miembros de la familia).

“De esa manera se abre la veda a las rentas altas”, subraya Martínez-Garrido, que pone otro ejemplo: “Una pareja con dos hijos en la que uno de los dos miembros cobra 100.000 euros y el otro nada, con el criterio de la renta neta, accedería a beca con un umbral de 100.000 [muy elevado], pero con renta per cápita optaría a la ayuda cuando el umbral es de 25.000”, añade.

Por eso mismo, en Madrid podrán optar a beca las parejas con dos niños que tengan unos ingresos globales de 143.652 euros. Mientras en el País Vasco, el límite para esa misma familia estaría en 40.796 euros; en Castilla y León, en 38.831, y en Andalucía, 21.054, para las becas Adriano, y hasta 7.306,50 euros para las becas 6.000, ambas para estudios de posgrado. Esta región sí aplica el criterio de renta per cápita para las becas de guardería. También lo hace la Comunidad Valenciana para los tramos de cero a dos años (de dos a tres no se aplica el criterio de renta).

Además, en el País Vasco y en Andalucía se tiene también en cuenta, como factor limitador, el patrimonio familiar. Cuantas más propiedades y negocios se tienen, menos posibilidades de lograr la ayuda. En Madrid, no.

El segundo argumento con el que la Comunidad ha defendido su política es el de la excelencia de los alumnos beneficiados, cuyo esfuerzo debe ser premiado independientemente del dinero que tengan sus padres. Así lo explicó Díaz Ayuso: “Veo sorprendente que puedas cambiar de sexo o abortar al margen de tus padres, y que no puedas optar a becas en bachillerato o formación profesional si tus padres tienen un nivel adquisitivo u otro, y que, por tanto, tu esfuerzo, tu mérito y tu superación no cuenten”.

Sin embargo, el único criterio académico que pide Madrid es que el solicitante no sea repetidor del curso para el que pide la ayuda. Frente a eso, el País Vasco, Andalucía y Castilla y León sí introducen el criterio de una nota mínima exigible para poder optar a la beca: por ejemplo, haber obtenido un cinco de media en el curso anterior. En el País Vasco, además, se puede mejorar el dinero recibido en función de las notas, premiando a los alumnos sobresalientes.

Sin nota media mínima

“Lo que se pide es no haber repetido curso [para el que se pide la beca] porque en la Comunidad de Madrid siempre se había exigido un cinco para promocionar”, explica un portavoz de la Consejería de Educación, en referencia a que la nueva ley educativa estatal, la ley Celáa, que permite pasar de cuarto de la ESO a primero de Bachillerato con tantas asignaturas suspensas como considere el claustro de profesores. Una reforma que no es incompatible con que Madrid hubiera pedido una nota media mínima para obtener una beca, como han hecho otras regiones. “Cuando entró en vigor la LOMLOE y el nuevo Real Decreto de evaluación, promoción y titulación, que son los que permiten pasar de curso con asignaturas suspendidas, la tramitación de las becas ya estaba en marcha”, añade este portavoz. “Parar para rehacerla y adaptarla a la nueva Ley hubiera supuesto un importante retraso con el consiguiente perjuicio para las familias solicitantes”.

“Es impresentable que ahora haya recursos para estas becas, que no son becas, pues son un cheque regalo, cuando Madrid lleva justificando años la falta de recursos económicos para mejorar la enseñanza pública”, lamenta Esteban Álvarez, portavoz de los directores de centros de secundaria de Madrid (Adimad). “¿De dónde sale este dinero? ¿Por qué no lo ha habido antes para mejorar todo lo que hay que mejorar de la enseñanza pública?”

Sus quejas resumen la frustración de una parte del sector educativo regional por las consecuencias que tiene el cambio del umbral de renta para estas becas autonómicas para enseñanzas no obligatorias: implica que ahora podrán optar a recibir las ayudas aquellas parejas con un hijo que ingresen hasta 107.739 euros; las parejas con dos niños que tengan unos ingresos globales de 143.652 euros; o las que tengan tres hijos y unos ingresos en el hogar de 179.565 euros. Y eso solo pasa en Madrid.

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