Madrid reta al Gobierno al intentar limitar el número de suspensos con los que se pasa de curso

La Comunidad de Madrid intentará neutralizar la nueva ley educativa estatal (Lomloe) con un decreto en el que obligará a los profesores a decidir, por mayoría reforzada de los equipos educativos de cada centro, si un alumno puede pasar de curso en la ESO, o aprobar el Bachillerato, con asignaturas suspensas. Así lo ha anunciado este miércoles Enrique Ossorio, el portavoz del Gobierno regional y consejero autonómico de Educación, que se ha convertido en la cara visible del equipo de Isabel Díaz Ayuso en su nuevo choque con el Gobierno de Pedro Sánchez. La política educativa es ahora el campo predilecto de Madrid para su confrontación constante con La Moncloa.

“Dentro de nuestras competencias, como queremos que en los centros educativos siga aplicándose el esfuerzo y la calidad de la educación, hemos establecido una serie de criterios”, ha avanzado Ossorio en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno. “El Estado prohibía que las Comunidades estableciéramos el número de suspensos ante los cuales no se puede titular o promocionar, que deja al criterio de los docentes. Nosotros establecemos una recomendación de que apliquen los criterios de la Lomce”, ha añadido. “Además, establecemos una cosa que sí podemos regular nosotros: exigimos [a la hora de tomar esa decisión] una mayoría cualificada de dos tercios en ESO y de cuatro quintos en el Bachillerato, para que sea una decisión muy consciente y reforzada del equipo de docentes”.

La nueva ley deja en manos de los profesores la decisión de que los alumnos pasen o no de curso, y de que titulen o no, con materias suspensas. No hay límite de suspensos para avanzar en la ESO. Y en Bachillerato se puede pasar el primer curso con hasta dos suspensos, y conseguir el título con uno.

La ley anterior, que Madrid ahora fija como referencia voluntaria de los profesores, impide pasar curso en la ESO con tres suspensos ―se puede excepcionalmente si ninguno de ellos es en lengua o matemáticas―, coincide con la nueva en que se puede pasar primero de Bachillerato con dos suspensos, e impide titular y llegar a la universidad sin aprobar todas las asignaturas.

Madrid justifica su recomendación de que se sigan aplicando los criterios de la Lomce, más restrictivos, en que así se conseguirán decisiones lo más homogéneas posible entre distintos centros. Al mismo tiempo, explica la obligatoriedad de respaldar cada decisión con mayorías reforzadas como una forma de diluir la presión que puedan ejercer padres y alumnos para avanzar de curso.

No es, ni mucho menos, el primer choque entre las dos Administraciones en materia educativa. De hecho, la Comunidad de Madrid ha colocado la educación en el centro de su oposición permanente con el Gobierno central. Así, de un lado, estudia recurrir ante el Tribunal Constitucional la nueva ley de universidades. Del otro, ha amenazado con borrar de los currículos de ESO y Bachillerato conceptos que no comparte, aprovechando que puede decidir el 40% del contenido educativo de esas etapas, una amenaza que no ha cumplido más que parcialmente.

De esta manera, Ossorio anunció que eliminaría términos feministas del currículo de la ESO como “ecodependencia, ecofeminismo, ecosocial, perspectiva de género, sexista y socioafectivo”. Sin embargo, finalmente el borrador del decreto los recogió, restringidos a una única y larga frase. Lo mismo ocurrió con el currículo de Bachillerato. Díaz Ayuso llegó a anunciar en sus redes sociales la eliminación de hasta 30 conceptos. No obstante, el borrador del decreto acabó reflejando la inmensa mayoría de los términos recogidos en ese listado.

Así, desaparecen expresiones como “protagonistas silenciadas y omitidas de la historia [en referencia a las mujeres: se habla “del papel relegado de la mujer en la historia como protagonistas anónimas]”; “las políticas de memoria en España [sí se habla de la memoria histórica y del reconocimiento a las víctimas]”; “la II República y la transformación democrática de España”; o “proceso reformista y democratizador de la II República”. Sin embargo, se mantienen muchos otros de los 30 términos que Díaz Ayuso validó como borrados. Por ejemplo: “roles de género”, “ciudadanía ética digital”, “memoria democrática”, “emergencia climática”, “objetivos de desarrollo sostenible”, “la herencia colonial en la España contemporánea” o “identidades nacionales”.

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