Ayuso presume en Twitter de borrar de las aulas “conceptos sanchistas que adoctrinan”, pero mantiene todos los contenidos estatales

La Comunidad de Madrid ha colocado la educación en el centro de su choque permanente con el Gobierno central, mezclando la artillería pesada con las balas de fogueo. De un lado, y con las elecciones andaluzas y madrileñas como telón de fondo, Isabel Díaz Ayuso estudia recurrir ante el Tribunal Constitucional la nueva ley de universidades. Del otro, la líder conservadora intenta tensionar a sus votantes al asegurar que neutralizará en Madrid aspectos supuestamente “ideológicos” de los nuevos currículos de la ESO y Bachillerato: “30 conceptos sanchistas que no adoctrinarán a los alumnos madrileños”, escribió en Twitter la presidenta madrileña. Pero la realidad es otra. Aunque borren, maticen o minoren expresiones que no son del agrado del Ejecutivo autonómico, los decretos regionales que regulan la ESO y el Bachillerato respetarán los contenidos decididos por el Estado que critica Madrid por usar términos feministas, relacionados con la memoria democrática, o con las identidades nacionales.

No es la primera vez que el Gobierno regional abre una batalla con el Ejecutivo central por el contenido de un currículo educativo, asegurando que quitará las partes que no le parecen adecuadas, para luego, finalmente, incluirlas. Ocurrió, por ejemplo, con el currículo de la ESO: tras asegurar que eliminaría términos feministas de su contenido como “ecodependencia, ecofeminismo, ecosocial, perspectiva de género, sexista y socioafectivo”, el borrador del decreto los recogió, restringidos a una única y larga frase. Así, la Comunidad cumple la ley, y al mismo tiempo logra titulares suficientes para agradar a potenciales votantes prometiendo que no haría lo que finalmente sí hizo.

“Los currículos educativos están formados por contenidos del Gobierno estatal (60%) y de las comunidades autónomas (40%)”, explica un portavoz gubernamental. “La parte del Ejecutivo central es intocable”, reconoce. “La Comunidad de Madrid no tiene competencias para eliminar total o parcialmente un real decreto como es el de los currículos, pero sí ha optado por reducir al máximo o eliminar, en la medida de lo posible, aquellos términos que consideramos que se han incluido con el objetivo de adoctrinar”, añade este portavoz, que reconoce que no se han podido suprimir todos los conceptos de la lista publicitada por la presidenta. “Se han mantenido exclusivamente algunos allí donde por necesidad de los currículos se ha considerado imprescindible”.

Así, en el borrador del decreto de Bachillerato, al que accedió este diario, desaparecen expresiones como “protagonistas silenciadas y omitidas de la historia [en referencia a las mujeres: se habla “del papel relegado de la mujer en la historia como protagonistas anónimas]”; “las políticas de memoria en España [sí se habla de la memoria histórica y del reconocimiento a las víctimas]”; “la II República y la transformación democrática de España”; o “proceso reformista y democratizador de la II República”.

Sin embargo, se mantienen muchos otros de los 30 términos que Díaz Ayuso validó como borrados. Por ejemplo: “roles de género”; “ciudadanía ética digital”; “memoria democrática”; “emergencia climática”; “objetivos de desarrollo sostenible”; “la herencia colonial en la España contemporánea”; o “identidades nacionales”. En consecuencia, los cambios son de forma, no de fondo, y en menor número de lo publicitado.

“Los cambios que publicitan son estéticos, y no afectan a lo que se va a estudiar”, contrapone Marta Bernardo, diputada del PSOE. “Conceptos transversales en cualquiera de las asignaturas, estos son los cambios que quieren hacer en la Consejería de Educación para contentar a la extrema derecha [en referencia a Vox]”.

Por lo tanto, los contenidos decididos por el Estado se estudiarán en Madrid. Ocurre que en la guerra política todo vale. Que hay elecciones en Andalucía, y queda menos de un año para las de Madrid. Y que como el PP y Vox compiten por el mismo electorado, todo empieza a girar alrededor de la estrategia para seducir a los electores. Basta con repasar las intervenciones del pleno de la Asamblea regional del jueves para recordar que el terreno educativo siempre ha sido fértil para el cumplimiento de ese objetivo.

“Vamos a defender la educación pública, que está siendo totalmente amenazada ahora también desde la universidad con un anteproyecto de ley [del Gobierno central]”, dice Díaz Ayuso entre los aplausos entusiastas de la bancada del PP. “La universidad también está en peligro, y por ello, vamos a trabajar sin descanso para mejorar su calidad, así como la de todas las etapas donde intentaban a través de los currículos destrozar los contenidos”.

A ese segundo aspecto, el de los currículos, se refiere en el mismo pleno Enrique Ossorio, el consejero de Educación de Madrid y portavoz de su Gobierno.

“Queremos una juventud preparada, y no aborregada”, lanza. “La asignatura de historia [del nuevo currículo de Bachillerato] es la que tiene más carga ideológica. Un horror”, opina. “El primer objetivo del sanchismo era agradar a los independentistas: por eso quiere que los alumnos aprendan que la dinastía de Borbón trajo el centralismo administrativo, las identidades que tienen que ver con el sentimiento nacional...”, enumera. “Tras conseguir su beneplácito, había que dar gusto a Irene Montero, esa gran pedagoga: y así el currículo estaba repleto de mecanismos de control, roles de género (...)”, añade. “No podía faltar en el engendro un ensalzamiento brutal de la Segunda República, presentada a los alumnos como una Arcadia feliz. Y como fin de fiesta, la historia de España se adorna con un gran cotillón de mantras: emergencia climática, ciudadanía ética digital...”, repasa. Y se felicita: “Tengo la satisfacción de decirles que todo esto ha desaparecido del currículo de la Comunidad de Madrid”.

Falta, en todo caso, el texto definitivo, pues el decreto de Bachillerato, que se tramita por vía de urgencia, no ha sido aprobado todavía.

“Hay que verlo publicado”, dice Isabel Galvín, de CC OO. “Eliminar los contenidos básicos, comunes a todo el Estado, que se prescriben desde la Ley Orgánica de Educación y los Reales Decretos es, de plano, inconstitucional”, advierte. “Sobre el pretendido “adoctrinamiento” por parte del Estado en materia de currículo ya ha tenido oportunidad de pronunciarse el Tribunal Constitucional, y el Tribunal Supremo, en el sentido de que no ha lugar a invocarlo”, añade. Y avanza: “Recurriremos cuando publiquen”.

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