Las becas “ultraliberales” de Ayuso: así se decidió pagar el bachillerato a familias con 100.000 euros

El océano que separa a las dos almas que conviven en el PP se llena con las dos principales olas de convocatorias de becas para estudiar bachillerato en centros privados de la Comunidad de Madrid. La primera llega en el curso 2019-2020, con Ángel Garrido como presidente, tiene 3.000 alumnos como potenciales beneficiarios (el 8% de los que iban a la privada en bachillerato), y un límite de renta familiar lo suficientemente bajo (10.000 euros) como para que solo reciban las ayudas quienes realmente las necesitan. La segunda llegará el próximo curso, y en nada se le parece a aquella: la impulsa la presidenta Isabel Díaz Ayuso, afectará a 15.000 alumnos (alrededor del 38% de los que irán en esa etapa a la privada), y se ha abierto tanto la mano en el umbral de renta (ahora de 35.913 euros) como para que puedan optar familias que ingresan más de 100.000 euros.

Eso ha provocado un doble choque en la derecha regional. Primero está el desencuentro entre el PP moderado y el PP más conservador: “Es un gesto ultraliberal”, lamenta una exigua minoría de veteranos del PP. Y luego está la rivalidad entre el PP y Vox: con las elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2023 en el horizonte, la extrema derecha intenta convencer a los electores de que Ayuso ha ampliado las ayudas bajo su influencia.

“Estas ayudas se pensaron para quienes realmente lo necesitan: familias que no pagaban nada por cursar la enseñanza secundaria obligatoria (ESO) en un concertado, y que de repente tenían que pagar el bachillerato a precios de privado para no cambiar de centro”, explica, bajo condición de mantener el anonimato, un antiguo alto cargo del Gobierno de Garrido (PP). “Queríamos restringirlo a los colegios concertados, pero un informe de la abogacía general de la comunidad nos advirtió de que eso era legalmente inviable, que no podíamos restringir el derecho a pedir ayudas”, añade. “Finalmente, lo hicimos a través de la realidad práctica: al fijar 10.000 euros como umbral de renta para optar a las ayudas, apenas había alumnos de privados puros que se pudieran beneficiar”, explica. Y remata: “Lo que se ha hecho ahora, al aumentar ese umbral a 35.913 euros, es una equivocación. Con ese tope, muchos alumnos de la privada pura se podrán beneficiar. Eso es desviarse de la justicia social”.

Una opinión que no comparte la actual Consejería de Educación regional, que encabeza Enrique Ossorio, a la vez vicepresidente de Ayuso. “La Comunidad de Madrid tiene este necesario programa de becas para favorecer la libertad de elección de las familias y asegurar la igualdad de oportunidades de los alumnos”, contrapone un portavoz.

Ese doble análisis refleja el conflicto abierto entre las dos almas del PP, la moderada que representó Garrido antes de irse a Cs y la más liberal de Ayuso, al tiempo que recuerda los vaivenes que ha vivido una ayuda siempre instalada en la polémica.

De cara al curso 2019-2020, Garrido anunció una beca que beneficiaría a alumnos de bachillerato que hubieran cursado la ESO en una escuela concertada (lo que en principio excluía a los estudiantes de la pública de optar a la ayuda), y dotada con 4,5 millones de euros, pues su aplicación iba a ser escalonada y en ese curso afectaría solo al primer año de estos estudios no obligatorios. La realidad, como adelantó EL PAÍS, es que en esa primera convocatoria ya hubo más de 65 alumnos beneficiados por la ayuda, pese a que estudiaban en colegios privados puros: cumplían con el requisito de renta y, finalmente, no se habían restringido las becas a los concertados, ni expulsado de la posibilidad de pedirla a los alumnos de la pública. Ayuso, que acababa de llegar al poder, culpó a su predecesor, y se comprometió a que solo se pudieran aprovechar del dinero público los estudiantes de la concertada.

Así, en el curso 2020-2021 se duplicaron los fondos, hasta los nueve millones, pues ya se iban a financiar los dos cursos de bachillerato al completo, y se buscó una fórmula mixta. De un lado, el Gobierno regional intentó restringir la concesión de la ayuda para el primer año de bachillerato a los alumnos provenientes de concertados (“para solicitar la beca para primero de bachillerato, haber realizado o estar realizando el cuarto curso de la ESO en el mismo centro privado de la Comunidad de Madrid, siempre que esté en régimen de concierto”). Del otro, decidió mantener la beca a los estudiantes de segundo que venían de centros privados puros y ya la habían disfrutado el año anterior, para no dejarles en la estacada. Y además se publicó una orden que limitaba a centros con la ESO concertada la posibilidad de recibir alumnos con beca pública en bachillerato privado.

La misma política se siguió para el curso 2021-2022, dejando siempre en una nebulosa cuántos alumnos de cada tipo de colegio privado estaban beneficiándose de la beca.

Pero el cambio drástico ha llegado ahora, con el curso 2022-2023. Al pasar el umbral de renta de 10.000 a 35.913 euros, la salvaguarda introducida por el equipo de Garrido salta por los aires. Ya no es posible asegurar que el porcentaje de beneficiados procedente de la enseñanza privada pura será minoritario. Al contrario. Se abren las puertas a todos los centros privados, sean concertados o no: “Serán destinatarios de las ayudas los alumnos que cursen Bachillerato en un centro privado autorizado por la consejería competente en materia de Educación, ubicado en el ámbito territorial de la Comunidad de Madrid”.

En consecuencia, aquella pequeña ayuda de Garrido se ha transformado en una política clave bajo Ayuso. Se pasa de 2.860 alumnos beneficiados a una previsión de 15.130. Y de nueve millones de inversión a 45. Con dos matices clave. Primero: al contrario que ocurría en convocatorias anteriores (2020-2021 y 2021-2022) ahora, en principio, los alumnos de la pública podrán optar a la ayuda, aunque la Consejería no lo aclara. Y segundo: el Gobierno ha explicitado que agotará estos fondos, incluso si se queda sin solicitantes que cumplan los requisitos de renta, pues en ese caso empezará a conceder las ayudas a quienes estén más cerca de cumplirlos.

“Nosotros no queríamos esto”, lamenta otro alto cargo de aquella breve administración de Garrido (mayo de 2018-abril de 2019), sucesor de la dimitida Cristina Cifuentes y predecesor de Ayuso. “Se trataba de no dejar tirados a los estudiantes de la concertada que de repente veían que tenían que pagar el bachillerato”, argumenta. “Lo que se ha hecho ahora es uno de esos gestos ultraliberales que parece que el Gobierno de Ayuso se ve obligado a hacer, de cara a la galería, y también a Vox”.

No es una referencia dicha a la ligera. Vox registró en febrero una propuesta en la Asamblea para extender oficialmente estas ayudas a todos los privados. El PP no anunció que lo haría hasta abril, y eligió para hacerlo una fecha que no parece casual: un día antes de que el planteamiento de la extrema derecha se debatiera en la Cámara.

“El aumento de becas en número y dotación en Infantil, FP y bachillerato fue la condición de Vox para aprobar los presupuestos de la Comunidad de Madrid”, aseguró el miércoles en sus redes sociales Jaime de Berenguer, diputado regional de la extrema derecha. “Estamos muy satisfechos de que el PP aceptase nuestra idea. La colaboración Vox-PP ha sido esencial para que la Comunidad de Madrid lidere y libere España”.

Señal de que los dos partidos creen que esta es una bandera atractiva para seducir a los votantes en las elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2023. Y de que otras regiones gobernadas por el PP, como Murcia, apunta una fuente gubernamental, pueden seguir este mismo camino: como ocurrió con las bajadas de impuestos, el bilingüismo, o el cheque guardería, Madrid siempre ha sido la punta de lanza, el escaparate y la avanzadilla de las políticas que luego aplica la formación conservadora en otras regiones.

Porque lo que está haciendo Ayuso es ensanchar caminos ya abiertos por sus predecesores. En la etapa de infantil, las ayudas para las guarderías privadas empezaron a tomar su forma actual con Esperanza Aguirre en el poder (2003-2012): desde entonces han multiplicado su cuantía (entre otras cosas por la influencia de Ciudadanos en los gobiernos del PP entre 2015 y 2021) y las facilidades para su obtención (por ejemplo, al poder incluir a un bebé concebido pero no nacido en el cálculo de la renta familiar). Las ayudas en FP de grado superior llegaron en 2013. Las becas de Bachillerato fueron impulsadas en 2018 por Garrido. Finalmente, las becas de FP en grado medio se estrenan en el próximo curso, en medio de una gran polémica: si el pasado año académico el Gobierno les dedicaba 64 millones a todas estas becas, el próximo invertirá 127 millones.

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