El control de las becas a las que optan incluso familias que ganan más de 100.000 euros está en manos de una empresa privada

La Comunidad de Madrid no va a controlar con medios propios el sistema de becas para estudiar educación infantil, bachillerato y formación profesional (FP) en centros privados, en el que invertirá más dinero que nunca (127 millones), contará previsiblemente con un récord de solicitantes (se prevén 62.000 este curso y 79.500 el próximo) y por primera vez dará acceso a familias con rentas de más de 100.000 euros. El grueso de ese trabajo va a ser externalizado a una empresa, según consta en el portal de contratación regional. Lo mismo ocurre con la gestión de las solicitudes que generarán estas tres becas y otras dos (las de precio reducido de comedor y las de segunda oportunidad). Aunque la Comunidad privatiza desde 2007 esos servicios, los cambios para el curso 2022-2023 son drásticos: las becas parciales para estudiar en centros privados nunca habían generado este volumen de inversión (casi se duplica desde los 64 millones del año pasado a los 127 de ahora), ni habían beneficiado a los centros privados puros en bachillerato, ni se podía optar a ellas en la FP de grado medio.

Una doble apuesta por invertir dinero público en el sector privado que Isabel Díaz Ayuso defendió el jueves comparando la libertad para elegir dónde estudiar en Madrid con la libertad para abortar o cambiar de género.

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Ayuso: "Puedes cambiar de sexo o abortar al margen de tus padres pero no pedir becas por su nivel adquisitivo"

“Veo sorprendente que puedas cambiar de sexo o abortar al margen de tus padres, de las decisiones de ellos, y que, sin embargo, no puedas optar a becas en bachillerato o FP si tus padres tienen un nivel adquisitivo u otro”, reaccionó la presidenta regional tras publicar este diario que los nuevos criterios de renta familiar fijados para acceder a becas educativas permiten optar a familias que ingresan más de 100.000 euros al año. “Nosotros proponemos la libertad real de las familias”, añadió.

Pero las familias solicitantes de becas, precisamente, vienen sufriendo los retrasos de la administración en los últimos años. Por ejemplo, en educación infantil las ayudas se solicitan en julio, y deberían estar resueltas (a favor, o en contra) en septiembre, para coincidir con el inicio del curso. Pero no es así. Ha habido años en los que la comunicación de que se podía contar con la beca ha llegado en diciembre. O en enero. Y eso ha llenado de incertidumbre a las familias, que en el mejor de los casos han adelantado el dinero, y en el peor se han quedado sin una ayuda que esperaban.

La odisea de pedir beca la vivió Vicky León, de 54 años, de primera mano. Su hija, Míriam Muñoz, decidió estudiar un grado superior de Formación Profesional (FP) tras acabar el Bachillerato. Pagar los estudios costaba unos 500 euros al mes, “por lo que tocaba apretarse el cinturón mucho”, ya que los dos padres reconocen ser mileuristas. Así que recurrieron a las ayudas de la Comunidad de Madrid, que tiene de dos tipos: las denominadas “cheque FP” y las que se llaman de “segunda oportunidad”. A las primeras no llegaron porque ya había pasado el plazo para solicitarlas, así que optaron por las segundas. Y tuvieron suerte. Se las concedieron, aunque esperaron unos meses para saberlo. Hasta enero estuvieron en vilo. “Empezó el curso y te tiras meses sin saber nada… es bastante angustioso, la verdad”.

El Gobierno reconoce implícitamente el problema que tiene. “Dado el gran volumen de becas que tiene la Consejería de Educación y, por tanto, de solicitudes y las gestiones que conllevan, es totalmente inviable que el personal de la Consejería pueda tramitar esa enorme cantidad de trabajo que se sumaría a todo lo que ya hacen a diario”, explica un portavoz.

Así, el primer contrato busca la “colaboración en la gestión de las convocatorias de becas y ayudas para el curso 2022-2023″, y exige a los ganadores de los cinco lotes de becas un número mínimo de efectivos para la tramitación de las más de 60.000 solicitudes que esperan recibir. El segundo tiene por objeto la gestión del pago a los beneficiarios de becas para estudios no universitarios, y compromete a la adjudicataria a “prestar un servicio de atención telefónica y de control de la documentación relativa a la asistencia de los alumnos, facturas y documentos de pago, durante el curso escolar”. En total, esos dos acuerdos tienen un valor estimado de un millón de euros, y afectan a 1.200 centros privados de educación infantil, 133 de FP de grado superior, y 331 de bachillerato, es decir, los que pueden tener alumnos becados. Además, es previsible que próximamente se unan a ese sistema las becas de FP de grado medio, que el Gobierno regional creó este miércoles.

“Eso es un despilfarro demencial”, clama Isabel Galvín, portavoz de Educación de CC OO Madrid. “Se promueve un negocio privado cuando ese dinero podría estar destinado a cosas realmente importantes, que se necesitan de verdad”, insiste. Galvín, además, se pregunta quién auditará a esa empresa privada cuyo fin será controlar quién recibe dinero público para que vaya a un centro privado. “Porque se necesitará controlar cómo se gestiona ese dinero público, ¿no?”, insiste. “Y hay algo en lo que hay que pensar que es casi más importante: van a externalizar datos particulares de estudiantes y sus familias, como el de las rentas. Se está despatrimonializando la gestión y se está poniendo en manos de empresas privadas para subvencionarlas”.

La apuesta por flexibilizar el criterio de renta per cápita familiar para acceder a todas estas becas, fijándolo en 35.913, se ha ido conociendo a cuentagotas, pues los anuncios de los portavoces gubernamentales se han adelantado mucho tiempo a las aprobaciones en el consejo de gobierno y la publicación en el boletín regional. Así, las nuevas becas de grado medio se anunciaron en febrero, pero no se han aprobado hasta este miércoles, como las nuevas cuantías de las de grado superior, y de ninguna de ellas se han publicado aún oficialmente todos los detalles. Por su parte, las ayudas de bachillerato se publicitaron en abril, pero sus características totales no se han conocido hasta junio, como las de educación infantil, cuando se han publicado en el boletín. Es el pistoletazo de salida para que las familias empiecen el largo proceso de solicitar las ayudas, y las empresas contratadas, su trabajo.

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