Madrid rectifica y tendrá en cuenta las notas para las becas, pero seguirá ayudando a las rentas altas

La Comunidad de Madrid rectificará de cara al curso 2023-2024 los requisitos de las becas para estudiantes que cursan enseñanzas no obligatorias en centros privados, introduciendo la exigencia de que cumplan unos mínimos académicos (con una nota media), al igual que hacen regiones como el País Vasco, Castilla y León o Andalucía. Así lo afirma el consejero de Educación y Universidades, Enrique Ossorio, en una entrevista que publica este sábado El Mundo en la que defiende que estas ayudas puedan llegar a familias que ingresan más de 100.000 euros al año, como viene informando EL PAÍS desde hace más de una semana.

Madrid, a través de su consejero de Educación y Universidades, ha dado marcha atrás, aunque no el todo, sino en una parte. De esta manera, pedirá una nota media mínima para optar a las ayudas en el curso 2023-2024 (quizá por encima del cinco, insinúa Ossorio), y deja la puerta abierta a nuevos cambios en el modelo. “Para el curso que viene veremos cómo han funcionado las becas y tendremos en cuenta la posibilidad de modificar cosas”, asegura el consejero del Gobierno de Díaz Ayuso.

Pero en lo que no se ha movido ni un ápice ha sido en su defensa por pagar un cheque a rentas superiores a 100.000 euros. “Yo tengo cuatro hijos y le aseguro que es muy caro sostenerlos”, justifica Ossorio. “[Estas rentas] forman parte de una clase media que paga muchos impuestos, trabaja mucho y no recibe nada”, explica. “Hemos querido ayudar a esas personas, que tampoco son muchas”, continúa. No añade, sin embargo, que el 60% del presupuesto dedicado a todas las becas se irá directo para ese 10% al que se refiere. “Hemos querido que 12.000 (becas) las pudieran pedir esas personas de clase media que a lo mejor tienen su sanidad privada y dicen: ‘De mí no se acuerda nadie”, argumenta. “Lo hacemos también porque la situación económica está empeorando y pensamos que estas familias van a tener difícil llegar a fin de mes”, remata.

El número dos del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, además, reconoce que la Comunidad de Madrid ha ido “un poco a ciegas” por falta de experiencia en la elaboración de las convocatorias de estas ayudas y admite que los pactos con Vox “iban en esta dirección”, como defendió la propia Rocío Monasterio.

Esta es la clave de la polémica: de cara al curso 2022-2023, la Comunidad de Madrid ha decidido que el límite de renta per cápita será el que decida quién puede optar a estas becas, o no, pase de 10.000 euros a 35.913 en Bachillerato, de 20.000 euros a 35.913 en Formación Profesional (FP) de grado superior, y de 25.000 euros a 35.913 en Infantil. La principal consecuencia de ese cambio es que ahora podrán pedir las ayudas aquellas parejas con un hijo que ingresen hasta 107.739 euros; las parejas con dos niños que tengan unos ingresos globales de 143.652 euros; o las que tengan tres hijos y unos ingresos en el hogar de 179.565 euros.

Esa posibilidad, impulsada por Vox en el acuerdo para aprobar los Presupuestos de Madrid para 2022, ha provocado la condena unánime de los sindicatos y la oposición de izquierdas. Al tiempo, ha servido para poner el foco en el modelo de las ayudas de estudio madrileñas, que no tiene comparación con el resto de España.

Ossorio, sin embargo, se refiere en todo momento en la entrevista a El Mundo a la renta media de Madrid (35.913 euros) para justificar su política educativa, sin entrar en el meollo de la cuestión, es decir, que en las convocatorias en realidad han fijado la renta per cápita de cada miembro de una familia para poder conseguir la ayuda procedente de fondos públicos.

Ese criterio de renta elegido por Madrid no es homologable al del resto de las autonomías o de las becas del Ministerio de Educación. Los beneficiarios de la región madrileña se guiarán por su renta per cápita familiar: son los ingresos de la unidad familiar, divididos entre el número de miembros computables. País Vasco, Castilla y León, y Andalucía (salvo en el caso de las escuelas infantiles) utilizan la renta neta de la unidad familiar: no es la suma de los ingresos de los componentes de la familia, sino de sus bases imponibles en la declaración de la renta.

Ese criterio cambia completamente las oportunidades de conseguir una beca. En la región madrileña, una familia con dos niños en la que los dos miembros de la pareja cobran 30.000 euros podrá optar al cheque si el umbral llega a los 15.000 euros (la suma de los salarios dividida entre los cuatro miembros de la familia). Incluso si ganaran 100.000, podrían optar a una beca cuyo límite fuera los 25.000. Sin embargo, en comunidades como País Vasco, Castilla y León y Andalucía, esa misma familia de cuatro miembros con 60.000 euros sumando las dos nóminas, solo podrá conseguir la ayuda si el umbral llega a esa misma cantidad (ya que la suma de sus bases imponibles será inferior a esa cifra).

Además, Madrid va a dedicar el 60% de su presupuesto para becas a la privada, un dinero que beneficiará al 10% de los estudiantes, y será la única región que restringe las ayudas a ese tipo de centros, o que permite que opten a ellas las rentas altas (hasta 18.000 familias de ese tipo, calculó Ossorio, podrían beneficiarse). Tampoco exige ningún mínimo académico para beneficiarse del programa, cuando otras regiones, como el País Vasco, Castilla y León, o Andalucía, sí lo hacen (piden una nota media de cinco). Eso, en principio, cambiará el siguiente curso, el del 2023-2024.

Las becas destinadas a la enseñanza privada nacieron con una sola etapa, la infantil, que no es una enseñanza obligatoria. Las ayudas para las guarderías privadas empezaron a tomar su forma actual con Esperanza Aguirre en el poder (2003-2012): desde entonces han multiplicado su cuantía (entre otras cosas por la influencia de Ciudadanos en los gobiernos del PP entre 2015 y 2021) y las facilidades para su obtención (por ejemplo, al poder incluir a un bebé concebido pero no nacido en el cálculo de la renta familiar).

Las ayudas en FP de grado superior llegaron en 2013. Y las becas de Bachillerato fueron impulsadas en 2018 por el Gobierno de Ángel Garrido, pero restringidas a privados concertados. Ahora han sido ampliadas por Díaz Ayuso a los privados puros. Las de FP en grado medio se estrenan en el próximo curso, y en medio de una gran polémica: si el pasado curso el Gobierno les dedicaba 64 millones a todas estas becas, el próximo invertirá 127 millones.

Suscríbete aquí a nuestra newsletter diaria sobre Madrid.