Tres consejeros del Tribunal de Cuentas discrepan de la sanción a los secesionistas

Tres de los 11 consejeros del Tribunal de Cuentas, elegidos a propuesta del PSOE en 2012, han planteado serias discrepancias con las conclusiones fiscales que obligan a 34 personas que fueron cargos del Gobierno catalán entre 2011 y 2017 a devolver 5,4 millones de euros por gastos indebidos en la promoción exterior del proyecto independentista. El procedimiento está en una fase inicial y aún no implica condena pero sí afianzamiento de la futura multa. Dos de esos tres consejeros votaron a favor de las conclusiones, pero cuestionaron aspectos nucleares del procedimiento y de su contenido, como algunas irregularidades contables señaladas y, por tanto, la sanción impuesta. La tercera votó en contra.

La consejera Enriqueta Chicano denunció que dicho informe de fiscalización, generaba “incertidumbre e inseguridad jurídica” porque no se había dado “trámite de alegaciones a las entidades públicas fiscalizadas” ni al Ministerio de Exteriores, como “punto fundamental de coordinación y supervisión de la acción exterior de las comunidades autónomas”. Chicano denunció asimismo que los gastos de diversos viajes del entonces presidente catalán, o de miembros de su Gobierno, se imputaron como irregulares y sujetos a responsabilidad contable por el hecho de que al margen de los actos programados se hubieran efectuado declaraciones sobre la actualidad política, que incluyeron alusiones a la autodeterminación. Tal fue el caso de un viaje del consejero de Territorio y Sostenibilidad a la ONU, en mayo de 2016, para participar en un foro sobre “autoridades locales”. Chicano pidió que este cargo “se elimine” del texto, entendiendo que el consejero viajó con un fin justificado, “sin perjuicio de las declaraciones más o menos afortunadas” que luego realizó.

El informe criticado en esas observaciones tenía 543 páginas, y el que ahora ha sido entregado a las defensas, 504. El consejero Felipe García Ortiz se quejó de las reiteraciones en la exposición, lo que a su juicio provocaba que “no se pueda inferir de forma concreta ni el número ni la cuantía de las deficiencias e irregularidades que se denuncian y que, por tanto, se pueda estar ofreciendo una visión aumentada, no objetiva y ponderada de las mismas”. Los escritos de los consejeros Chicano y García Ortiz tenían la finalidad de argumentar por qué su voto sobre el informe fue concurrente, es decir, sin pronunciarse en contra del texto —votaron a favor— pero sí exponiendo sus deficiencias. En cambio, en el tercer caso, el de la consejera María Dolores Genaro, el voto fue discrepante, de disentimiento con respecto a su contenido. Esta consejera subrayó que algunos de los viajes incluidos en las supuestas irregularidades contables se referían a desplazamientos donde, “con los datos que se indican (…) no parece existir una extralimitación de la acción exterior ejercida por la Generalitat de Cataluña en relación con el ámbito competencial que le corresponde”.

Meras declaraciones

Genaro destacó 52 actividades reseñadas como irregulares que, si bien guardan relación con el ámbito del proceso de independencia, “constituyen meras declaraciones políticas o ideológicas y expresión de opiniones, sin ningún tipo de trascendencia económica o contable”. La valoración de esas manifestaciones no era materia propia del Tribunal de Cuentas, cuya labor “debe circunscribirse estrictamente al análisis de la actividad económico-financiera del sector público”, según Genaro.

La consejera criticó que el informe incluyera “lo anecdótico” de las entrevistas que concedió un alto cargo de la Generalitat “a un periodista checo el 5 de febrero de 2014, a un periodista japonés el 16 octubre de 2014 y a un periodista chino el 22 de octubre del mismo año”, así como “el envío de una carta al alto representante del Gobierno regional del Kurdistán en Italia el 27 de noviembre de 2017, o el insólito hecho de haber recibido una carta enviada desde el Ministerio de Exteriores de Polonia en 2016”.

Muchas de estas alegaciones coinciden con las de las defensas de los investigados, entre ellos, Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Artur Mas y su exconsejero de Economía Andreu Mas-Colell, en el reciente acto de liquidación provisional. Los implicados tienen ahora 15 días para afianzar la mencionada suma, bajo el aviso de que si no se cubre esta cantidad se procederá al embargo de sus bienes.