Altri, ¿y ahora qué? La macrocelulosa que sacude Galicia depende de multimillonarias subvenciones

27.000 alegaciones. La plaza del Obradoiro, desbordada. Manifestaciones que triplican la población del pueblo donde se celebran. Gritos de protesta contra la Xunta que burlan las alambradas de la televisión autonómica. Otro estallido social teñido de verde retumba en Galicia. Esta vez, por una gigantesca fábrica de celulosa proyectada en un paraje natural de Lugo, una macrofactoría que linda con espacios protegidos y el Camino de Santiago e incluye vertidos a uno de los principales ríos de los que bebe la comunidad. La planta que promueven la portuguesa Altri y el empresario coruñés Manuel García, dueño de Greenalia, acaba de recibir el visto bueno ambiental del Gobierno de Alfonso de Rueda (PP) y un multitudinario rechazo en la calle. ¿Y ahora qué? Según admiten los promotores del negocio, la clave está en el dinero público.

Greenfiber, nombre de la sociedad que impulsa la pastera, mantiene, tal y como dejó claro desde un principio, que pretende financiar con subvenciones el 25% de los 1.000 millones de inversión que requiere la fábrica. A saber, 250 millones de dinero público. Ha solicitado un máximo de 30 millones de fondos europeos a la línea 4 del PERTE de Descarbonización Industrial. La comisión técnica del Ministerio de Industria que decidirá a qué proyectos destina estas ayudas está evaluando las solicitudes. Debe comprobar que no causan un perjuicio significativo al medio ambiente y valorar cuánto de alineadas están con los objetivos climáticos de reducción de emisiones, consumo de agua o residuos. Mientras el BNG y el PSdeG-PSOE critican las consecuencias ambientales del proyecto, el ministro socialista Jordi Hereu asegura que la concesión o no de la ayuda se decidirá con “plena objetividad”.

“La inversión en nuevas tecnologías y el nivel de innovación es tan grande que las ayudas públicas permiten reducir el riesgo de la inversión”, esgrime Greenfiber para explicar su dependencia del dinero público. La compañía se declara tan confiada en la “viabilidad” de ese programa financiero cimentado sobre subvenciones que no contempla “planes alternativos en este momento”. El camino para lograr los 250 millones de fondos públicos está, sin embargo, lleno de curvas.

Mientras la Xunta niega que vaya a aportar fondos, Greenfiber admite que precisa que el Gobierno central le eche una mano en varios sentidos. Como lo máximo que puede recibir del PERTE al que opta son 30 millones de euros, para llegar a los 250 que necesita la compañía asegura que está “gestionando con el Ministerio de Industria la concesión de una ayuda directa financiada con fondos europeos”. Esta subvención es “clave para completar la inversión prevista”, añade en respuesta a EL PAÍS: “El ministerio actúa como vehículo para canalizar estos fondos, y estamos trabajando conjuntamente para avanzar en su tramitación y garantizar el cumplimiento de todos los requisitos necesarios”. Industria, consultada por este periódico, elude informar sobre estas negociaciones desveladas por la empresa.

En caso de que su solicitud al PERTE sea aprobada, Greenfiber tampoco tiene fácil recibir esos fondos europeos porque su planta tendría que estar terminada antes del 31 de marzo de 2026 y el plazo de ejecución de la obra es de 30-36 meses. “Pero confiamos en que el ministerio consiga prorrogar estos plazos o encontrar algún otro tipo de solución”, avanza la empresa. “En caso contrario muchos proyectos de nueva creación a los que va dirigida esta línea verían imposibilitado el cumplimiento de plazos tan ajustados”.

La macrocelulosa ha levantado una ola de descontento en Galicia cuando se cumple poco más de un año de la quinta mayoría absoluta consecutiva del PP. La logró Rueda con el electorado y la oposición convencidos de que la portuguesa Altri proyectaba una fábrica de fibras textiles ecológicas obtenidas de la madera, un alarde de economía circular en la cuna de Inditex. Con ese envoltorio vendió el proyecto su antecesor, Alberto Núñez Feijóo, antes de marcharse a Madrid a liderar la derecha española. Tras la apertura de las urnas, y con los populares gallegos en éxtasis, se desempaquetó el regalo y hubo sorpresa: las 200.000 toneladas del tejido sostenible llamado lyocell solo suponen un tercio de la producción; el resto serán 400.000 toneladas de celulosa soluble.

Solo habían pasado 13 días de las elecciones autonómicas. Se supo también que el complejo ocuparía una parcela de 366 hectáreas fronteriza con la Red Natura. Que lo presidiría una chimenea de 75 metros y que requerirá una captación de un máximo de 46 millones de litros de agua al día del río Ulla, al que verterá 30 millones tras pasar por una depuradora. La alarma saltó no solo en la comarca lucense de A Ulloa donde se asentará sino también en la ría de Arousa (Pontevedra), la más rica de Galicia y desembocadura de este cauce. Centenares de barcos navegaron hace una semana contra el proyecto ante el temor de los trabajadores del mar a que los efectos de la pastera en las aguas del Ulla mermen sin remedio los bancos pesqueros y marisqueros de los que viven.

El eurodiputado del PSdeG Nicolás González Casares considera que “la sostenibilidad económica del proyecto es un castillo en el aire porque solo depende de subvenciones”. Advierte de que la declaración de impacto ambiental favorable “no da acceso directo” a los fondos europeos de recuperación y cree que la fábrica incumple el principio de no causar un perjuicio significativo a los objetivos ambientales de la UE que estas ayudas exigen. “La población gallega percibe como un peligro la instalación de una nueva celulosa. En mi opinión lo es, sobre todo, para la biodiversidad”, añade Casares.

El visto bueno ambiental a la macrocelulosa ha indignado a sus detractores. El biólogo Ramón Varela buceó en los datos aportados por la propia empresa durante su tramitación ante la Xunta y realizó un informe para la asociación ecologista Adega en la que milita. Comparando las emisiones atmosféricas que pronostica Altri con las declaradas por Ence Pontevedra, concluye que la planta de Lugo multiplicará por 5,8 las de partículas, por 3,96 las de óxidos de nitrógeno y por 28,3 las de óxidos de azufre. Este científico critica que Greenfiber solo haya desvelado sus previsiones sobre 4 de los 22 contaminantes que llegan a expulsar las pasteras y que entre ellos no estén las partículas más pequeñas, “las más problemáticas para la salud humana”.

Varela atribuye a este oscurantismo la aprobación ambiental del Gobierno gallego. “La resolución está cargada de opiniones interesadas sin ratificación científica”, esgrime. “La información a mayores que aporta la empresa y a la que la Administración le da validez sin más ni siquiera la conocemos”, añade sobre la no divulgación de los informes sectoriales ni siquiera a quienes presentaron alegaciones.

La empresa defiende que empleará “las más avanzadas técnicas a nivel mundial” y “el más eficiente e innovador sistema de depuración de aguas que hay en la industria”. A la par que la Xunta, reduce a “desinformación” y “bulos” las críticas a la fábrica. Al rechazo, sin embargo, se ha unido el premiado arquitecto David Chipperfield, que colabora con el Ejecutivo de Rueda en un proyecto para preparar Galicia frente a la emergencia climática, y hasta un organismo asesor de la propia Administración autonómica: el Consello da Cultura Galega. Un estudio multidisciplinar de esta institución concluyó que supondrá “la destrucción completa o la alteración irreversible” de un área de gran valor ecológico, “un verdadero laboratorio natural de biodiversidad”.

¿Más eucalipto?

A lo largo de la tramitación ambiental, la compañía ha convencido a los distintos departamentos de la Xunta que han ido poniendo pegas sobre el impacto visual de la fábrica, sus emisiones, ruidos y olores. Lo ha hecho presentando sus propios cálculos y estudios. “Con la altura de 75 metros para la chimenea se garantiza que no se afectará a la salud humana o al medio ambiente”, se afirma en la declaración de impacto ambiental. La Consellería de Medio Rural considera “suficientes las explicaciones dadas” por la empresa para erradicar sus temores a un aumento de las plantaciones de eucalipto. Greenfiber alegó que “se abastecería de las existencias que en este momento se comercializan en el exterior y que, por tanto, no provocaría un incremento de la superficie dedicada a eucalipto en Galicia”.

Altri, que en Portugal gestiona tres celulosas, reconoce que ha puesto el ojo en Galicia ante las restricciones al eucalipto que se han impuesto en el país vecino desde la letal ola de incendios de 2017. Pero no deja de repetir que no cultivará más árboles y que solo utilizará madera que hoy se exporta al extranjero. Los críticos, con la factoría, incluidos BNG y PSdeG, dudan de esta promesa porque se proyecta en una de las provincias gallegas con menos plantaciones de esta controvertida especie.

La consigna “Altri non!” repica en Galicia como el nuevo “Nunca máis!”. Pintadas en muros de localidades medianas y pequeñas. Gritos de protesta que se cuelan en las Campanadas de Fin de Año de Televisión de Galicia. Cantos en los conciertos y en los estadios. El pasado domingo, en plena retransmisión de un partido del Dépor en Riazor, un comentarista deportivo de Radio Galega, ante el lema contra la planta que coreaba la masa de aficionados, soltó sin mentar a Altri: “No vale la pena decir nada. En un partido de fútbol no se deberían meter esos temas”.