La batalla gallega contra la mayor fábrica de celulosa soluble de Europa llega a Bruselas

Ocupará 363 hectáreas, captará de un río 46 millones de litros de agua al día y producirá 400.000 toneladas de celulosa soluble pegada a la Red Natura y a un par de kilómetros del Camino de Santiago. Con estas credenciales, conocidas oficialmente solo días después de abrirse las urnas en Galicia el pasado 18 de febrero, la macrocelulosa que la Xunta tramita en Palas de Rei, en el interior de Lugo, se ha convertido en el primer quebradero de cabeza del recién nacido Gobierno de Alfonso Rueda. El líder del PP gallego apoya totalmente la que será la mayor fábrica de este producto en Europa y la cuarta del mundo, solo por detrás de factorías de Sudáfrica, Chile y Brasil. Con las elecciones europeas a las puertas, los detractores del proyecto han viajado esta semana a Bruselas para intentar frenarlo. En Galicia el plazo para presentar alegaciones a su autorización ambiental se cierra este miércoles y, según quienes ya lo han hecho, van más de 5.000. El Gobierno gallego se ha negado a dar 15 días más de tiempo pese a las peticiones recibidas.

La partida de este gigantesco complejo se juega en Bruselas. La promotora Greenfiber ha solicitado 250 millones de euros de fondos Next Generation para financiar el proyecto, un dinero imprescindible y sin el cual no se ejecutará, según ha advertido esta empresa nacida de la alianza entre la firma portuguesa Altri y el empresario coruñés Manuel García Pardo, dueño de Greenalia. Por eso la plataforma Ulloa Viva, que aglutina a medio centenar de entidades, ha presentado una denuncia ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo pidiendo que no se les otorgue la subvención. Esgrime en un informe que la macrocelulosa incumple siete directivas europeas (entre ellas, la de Agua, Nitratos, Aves y Hábitats) y que la Unión Europea “no se puede permitir” una instalación de tal impacto “en el actual contexto de emergencia climática”.

Los opositores a la macrocelulosa sostienen que no es una “inversión sostenible” porque no respeta todas las exigencias ambientales del PERTE de Descarbonización. En el informe presentado en Bruselas comparan esos requisitos relacionados con la biodiversidad, el uso del agua, el cambio climático, la economía circular o la contaminación con los datos del estudio de impacto ambiental presentado por Greenfiber en la Xunta. “El proyecto de Altri incumple claramente, cuanto menos, cuatro de estos seis objetivos”, concluye el documento. La empresa, por su parte, lo niega con rotundidad: “El proyecto no solo cumple con todas las normativas europeas sino que se trata del proyecto más avanzado del mundo en su sector en términos medioambientales”.

Ulloa Viva calcula que la planta generará un tráfico diario de 1.500 vehículos, más de un 60% de ellos vehículos pesados, y exigirá cortar 14 millones de eucaliptos al año sin planes de repoblación. La concesión de uso de aguas se pide por 75 años, critica la plataforma, “sin tener en cuenta la reducción de recursos hídricos debido a los efectos del cambio climático”. Los 20 kilómetros de tuberías de captación y vertido del caudal del Ulla cruzarán varios ríos y el agua regresará al cauce con hasta tres grados más de temperatura y una “importante carga de materia orgánica y química” que deteriorará el ecosistema fluvial.

La biodiversidad del paraje sobre el que se levantará el complejo es otra de las razones que aducen sus detractores. Hace más de una década, la Xunta de Alberto Núñez Feijóo anunció que el área en la que se instalará la planta sería incluida en la Red Natura, pero el proceso nunca se culminó, todo pese a que Galicia es la comunidad de España con menos territorio protegido y la UE lleva años exigiendo que se amplíe esta figura. El informe presentado en Bruselas afirma que la zona alberga cinco especies catalogadas legalmente en peligro de extinción y 10 vulnerables y sostiene que el estudio de impacto ambiental de Greenfiber se olvida de varias de ellas. También son 19 las especies de aves de presencia regular para las que la normativa europea exige la declaración de una Zona de Especial Protección para Aves (ZEPA). “Sería paradójico que los fondos europeos sirvan para coartar la ampliación de la Red Natura 2000 y degradar un espacio para el que la propia Comisión [Europea] reclamó protección”, afirman los opositores a la celulosa.

La decisión de si Greenfiber recibe o no los fondos europeos que necesita para su proyecto depende primero del Ministerio de Industria, que ha evitado avanzar su posición hasta que no lo estudie en detalle. En junio de 2023, el Gobierno central aseguró que la fábrica no cumplía los requisitos del PERTE de Economía Circular al que quería optar en un primer momento, cuando aún se presentaba como una factoría de “fibras textiles sostenibles” (producirá también 200.000 toneladas de lyocell). En octubre, sin embargo, Industria prometió colaboración a la Xunta y planteó la vía del PERTE de Descarbonización. Ahora que se conocen los detalles del proyecto, dentro del PSdeG-PSOE crece el rechazo a una planta que el BNG califica de “bomba ambiental”. También en el PP gallego se han abierto brechas pese a la defensa a ultranza de la Xunta y en varios ayuntamientos afectados sus grupos municipales están evitando respaldar la macrocelulosa presionados por el malestar vecinal.

El proyecto que se pretende ejecutar junto al Camino de Santiago ha hecho saltar las alarmas también en el Icomos, el organismo consultivo de la Unesco sobre los bienes culturales que son Patrimonio Mundial de la Humanidad. La entidad ha pedido una “mesa de trabajo conjunta” sobre la factoría y recomienda que se elabore una Evaluación de Impacto Patrimonial independiente “que analice profundamente los impactos, sobre todo desde el punto de vista visual y de su apreciación; que estudie alternativas, que proponga medidas de mitigación y que cuente con la participación de las comunidades locales”.

En Bruselas, la Plataforma Ulloa Viva, invitada por la eurodiputada del BNG, Ana Miranda, se ha reunido este martes con María Teresa Fábregas, directora del Grupo Operativo del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la Comisión Europea y con miembros de la Dirección General de Medio Ambiente da UE. También se han entrevistado con el eurodiputado gallego del PSOE Nicolás González, que les ha prometido que apoyará su denuncia y que su partido será “escrupuloso” en el análisis de la propuesta de concesión de ayudas: “Estaremos vigilantes para que cumpla los principios comunitarios de respeto ambiental”.