Rueda impulsa una ley para imponer al director de TVG y eliminar los órganos de protección a los periodistas

Ni los seis años de protestas de los trabajadores ni los problemas judiciales por presuntas represalias a periodistas críticos han servido para que la Xunta de Alfonso Rueda dé pasos para despolitizar la gestión de la televisión y radio autonómicas. Todo lo contrario. El Gobierno gallego ha dado el visto bueno este lunes a un anteproyecto de ley que fulmina la norma que actualmente rige a la Compañía de Radio e Televisión de Galicia (CRTVG) y que nunca se ha cumplido. Aprobada por el propio PP hace 13 años, prevé una dirección nombrada por consenso con la oposición y la creación de órganos y reglamentos para proteger la independencia de los periodistas. Esas medidas se quedaron desde entonces solo en el papel y ahora Rueda impulsa un texto que directamente las elimina y además le permite imponer al máximo responsable de los medios públicos si no llega a un acuerdo con los demás partidos. Lo hace, además, apelando a la necesidad de adaptarse a un reglamento que alumbró recientemente la Unión Europea para proteger a los medios del control político.

Con un discurso idéntico al que despliega actualmente como líder del PP, Alberto Núñez Feijóo llegó en 2009 a la Xunta acusando al anterior gobierno de izquierdas de manipulación política de los medios públicos y prometiendo una ley para proteger su independencia. En Galicia la aprobó en 2011, pero los puntos principales para desgubernamentalizar CRTVG nunca los cumplió. Ni pactó al director general con la oposición (sigue Alfonso Sánchez Izquierdo, el mismo que él nombró en 2009) ni creó un consejo de informativos o un estatuto profesional. El nuevo anteproyecto que promueve su sucesor, que será sometido en los próximos días a exposición pública, prevé que si el nombre del máximo responsable de la compañía no sale aprobado en el Parlamento gallego por una mayoría cualificada de dos tercios en primera votación, o de tres quintos en segunda, se decidirá con la mayoría absoluta de la que disfruta el PP.

Rueda ha justificado este lunes que la reforma pretende “evitar un bloqueo”, una “interinidad” que “no se puede perpetuar en el tiempo”, según sus palabras, pero que los populares gallegos llevan años amparando al mantener en su puesto a Sánchez Izquierdo. “Lo deseable”, esgrime el presidente gallego, es llegar a un acuerdo con BNG y PSdeG-PSOE, pero “si no es posible”, defiende que se opte por una persona elegida en solitario por su partido. El anteproyecto también elimina la obligación de aprobar un estatuto profesional de CRTVG y un consejo de informativos. La actual ley defiende estas dos medidas como garantes de la “calidad, profesionalidad e independencia de los contenidos informativos”.

Otro de los puntos polémicos del anteproyecto de Ley de Servicios de los Medios Públicos de Comunicación Audiovisual de Galicia aprobado este lunes por el Consello de la Xunta es que, por primera vez desde la creación de la radio y televisión autonómicas en 1985, se permitirá la difusión de contenidos en idiomas distintos al gallego. Rueda aduce que será una utilización “puntual” para “dar a conocer fuera” la producción audiovisual de Galicia. “La producción seguirá siendo 100% en gallego, así tiene que ser”, ha subrayado el presidente de la Xunta. “Otra cosa es la posibilidad de difundir esa producción en otros idiomas”, fundamentalmente en castellano e inglés, señala.

El BNG ve en este anteproyecto “un despropósito” y “un retroceso democrático brutal”. La diputada Olalla Rodil acusa a Rueda de “intentar hacerse con el dominio absoluto” de la radio y la televisión públicas, su “terminal de propaganda”. Los nacionalistas denuncian que la eliminación del consejo de informativos y del estatuto profesional en CRTVG erradica “cualquier atisbo de participación profesional que pueda contradecir la línea editorial que marque el partido”. Y tacha de “gravísimo ataque a los derechos lingüísticos” el uso oficial de otros idiomas distintos al gallego en una compañía que tiene como una de sus funciones la normalización de la lengua propia de Galicia.

El PSdeG coincide en que la reforma es un paso del PP gallego para hacerse con el “control absoluto” de los medios públicos y reclama una comparecencia parlamentaria de Rueda. La diputada socialista Silvia Longueira recuerda que la televisión gallega está sumida en una crisis, con una caída del 30% de la audiencia, un presupuesto que “descendió a niveles de 2009″ y una externalización de la producción propia “del 64%, muy por encima de la media de otras cadenas autonómicas”, además de tener a nueve directivos imputados por acoso laboral a una periodista crítica.

La imparcialidad, en manos de un consejo asesor con pocos periodistas

La reforma de la actual ley de CRTVG es necesaria, según la Xunta, para adaptarla a los cambios que se han producido en los últimos tiempos “en los patrones de consumo audiovisual” y a las nuevas normativas, entre ellas el reglamento europeo con el que la UE pretende proteger el pluralismo y la independencia de los medios. El anteproyecto gallego recoge un cambio de nombre para la compañía de radio y televisión autonómicas, que pasaría a llamarse Corporación de Servizos Audiovisuais de Galicia para abrirse, afirma Rueda, a los nuevos formatos nacidos con la “transformación digital”.

La nueva norma prevé la creación de un consejo asesor de participación pública y profesional, que será el encargado de velar por el pluralismo, la objetividad, imparcialidad, veracidad e independencia de los contenidos de los medios públicos gallegos. Tendrá 15 miembros. Además del director general del ente, se sentarían en él nueve representantes de distintos sectores de la sociedad (desde la sanidad a la ciencia, pasando por las organizaciones de consumidores) elegidos por el Parlamento autonómico por mayoría de dos tercios o, de no lograrse esta, de tres quintos en segunda votación. Otros tres integrantes procederían de las industrias culturales y los designaría el Gobierno gallego; y los dos últimos serían trabajadores de los medios públicos y el método de elección lo diseñará el consejo de administración del ente. Todas las personas de este órgano, critican los socialistas, serán nombradas “por organismos controlados por el PP”.