Así es la norma europea de medios que Sánchez tomará como marco para su ‘ley anti-bulos’

La batalla contra la desinformación, por la libertad de prensa y el derecho a la información han alumbrado la ley europea de libertad de medios que, por primera vez, busca proteger en toda la UE a las redacciones de la influencia indebida del poder político y fomentar el pluralismo y la transparencia para que se sepa quién las financia. La regulación, que entró en vigor en mayo tras meses de debate, es el marco en el que se basará el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para sus medidas de “regeneración democrática” y contra los bulos. La normativa europea incluye salvaguardas para garantizar la independencia de los medios y evitar que se usen con “fines políticos” y pone el foco en los mecanismos para luchar contra la desinformación; un problema mayúsculo en toda Europa que Bruselas trata de atajar con varias medidas y que analizará también un nuevo Consejo Asesor europeo.

El reglamento de la UE tendrá que estar en marcha completo en los 27 Estados miembros en agosto de 2025. Y es muy claro: las autoridades de los países deben aplicarlo y si plantean medidas nacionales deben ser acordes con ese marco europeo; es la fórmula para evitar todo aquello que suene a censura y que es una preocupación grande en las instituciones comunitarias tras los episodios de control de medios y deriva autoritaria que se han vivido con Hungría y Polonia.

Fueron esas iniciativas de los socios díscolos del club comunitario —Varsovia ya se ha reconducido tras la salida del Gobierno ultraconservador— y los ataques a la libertad de prensa lo que impulsaron la regulación europea en 2022. La ley de Medios incluye una batería amplia de medidas y establece, por ejemplo, una serie de requisitos de transparencia sobre la propiedad de los medios —para que no quede oculto quién está detrás— y sobre la publicidad estatal, para fijar el “riesgo de subvención encubierta y de influencia política indebida”.

Con la nueva ley en la mano, esa información, el nombre de los titulares (directos o indirectos) que posean paquetes de acciones que influyan en el funcionamiento y las decisiones de esos medios, debe estar disponible y accesible para la ciudadanía. También todos los datos sobre recursos estatales que se inyectan a esos medios. “La asignación opaca y sesgada de dichos fondos es un instrumento poderoso para ejercer influencia sobre la libertad editorial de los prestadores de servicios de medios de comunicación”, dice el reglamento que habla del riesgo de que esos fondos se usen como financiación encubierta “para adquirir una ventaja política o comercial injusta o una cobertura favorable”.

La ley europea también establece nuevas garantías que buscan reforzar la independencia de los medios públicos frente al poder político y salvaguardas de independencia, al establecer, por ejemplo, que los nombramientos deben ser transparentes y claros. Fija procedimientos para verificar la concentración de los medios y establece una nueva “capa de protección” para los editores contra decisiones arbitrarias de eliminación de contenido que hayan tomado las grandes plataformas en línea. Por ejemplo, el reglamento estipula que el contenido que publiquen los medios de comunicación en redes sociales como X (antes Twitter) no puede ser eliminado inmediatamente sin previo aviso.

Bruselas también ha diseñado la ley para proteger a los periodistas y a sus fuentes —de hecho habla de la prohibición de instalar software espía—. Pero no entra a regular el contenido, ni tampoco ahonda en la definición de medio de comunicación, más allá de la enormemente amplia que hacen los tratados europeos. Y ese es uno de los grandes melones actuales, donde las nuevas plataformas y los intentos de injerencia externa e interna hacen necesaria una actualización, precisan fuentes comunitarias.

La UE, además, tiene códigos de prácticas contra la desinformación y ha sacado adelante dos leyes sobre plataformas digitales para forzarlas a retirar contenido nocivo, relacionado con terrorismo o dañino para la seguridad nacional. Pero no avanza en regular en este sentido sino en establecer comités de expertos, que analicen el entorno y velen porque se están haciendo las cosas bien, y en programas para que sea el público, los usuarios, quienes detecten y marquen contenido falso o engañoso.

Con el nuevo reglamento, se creará un Comité Europeo de Servicios de Medios de Comunicación independiente, compuesto por representantes de las autoridades u organismos nacionales de medios de comunicación y en el que estará también la Comisión Europea y un sistema de control de la propiedad de los medios de comunicación que permita proporcionar una base de datos por países que contenga esa información.