Asturias lleva al Tribunal Supremo un pleito de lindes con León que dura ya más de dos siglos

En pleno corazón de la reserva de la Biosfera del Parque Natural de Somiedo, a casi 1.500 metros de altura, los apenas 90 vecinos de la localidad asturiana de Santa María del Puerto (Pueblo Ejemplar de Asturias en 2021) disputan desde hace más de dos siglos con la localidad leonesa de Cabrillanes por el uso de casi siete hectáreas de pasto. Un litigio que ahora llegará hasta el Tribunal Supremo después de que la Audiencia Nacional haya fallado a favor de los intereses leoneses. En su fallo, por el que el concejo asturiano perdería esa extensión de territorio, el tribunal desestimaba el recurso contencioso administrativo presentado tanto por el Ayuntamiento como por el Ejecutivo autonómico contra la decisión de aceptar el deslinde que defendía Cabrillanes, adoptada por el Ministerio de Política Territorial en 2019.

El dictamen pone en peligro algo más que el apego a la tierra. Porque, aunque los pastos seguirán siendo de sus actuales propietarios, si su jurisdicción se queda en León, los ganaderos asturianos afectados perderían mucho dinero procedente de las ayudas europeas. En Somiedo los ganaderos reciben casi dos millones de euros procedentes de la Política Agraria Común (PAC). La ayuda correspondiente al Parque Natural es de algo más de 94.000 euros, con una media por ganadero de 805 euros, lo que supone casi un 5% (4,93%) del total de la ayuda PAC que perciben.

El inicio del conflicto

Todo arranca con un documento fechado el 13 de septiembre de 1785, cuando se realizó un deslinde que dio lugar a una Real Ejecutoria (sentencia firme que está depositada en el archivo de la Real Chancillería de Valladolid). El fallo, de 1788, ponía fin a un pleito litigado entre los diputados y procuradores generales del concejo de Laciana (León), con José García de Atocha, procurador general y vecino de Piedrafita de Babia (León). El desacuerdo tenía que ver con varios términos que dividían la jurisdicción del concejo de Babia y lugar de Piedrafita, con el de Laciana y Villaseca.

En ese deslinde intervino un vecino de El Puertu de Somiedo, de nombre Ventura Feito, sin la presencia del juez de la jurisdicción. Feito era un vecino más de El Puertu sin estatus jurídico de ningún tipo. No era ni el vecindeiro del lugar, es decir, la persona encargada de custodiar el pueblo durante los meses de invierno cuando los vecinos vaqueiros de El Puertu trashumaban a las brañas bajas (concejos de Belmonte y Salas). Tampoco en ningún otro documento consta que sea el juez de la jurisdicción, por tanto, no tenía capacidad para hacer ese deslinde de carácter jurídico.

De Ventura Feito se tienen pocas noticias desde el punto de vista histórico. Aparece reseñado en un documento de 1743 cuando falleció su padre y en otro de 1760 donde consta como un vecino más. Los siguientes escritos donde aparecen noticias de Ventura Feito son en una venta de una casa del año 1780 y como testigo en un testamento del año 1787. En ambos consta que el hombre “no firma porque no sabe escribir”. La cuestión es por qué ese hombre fue a un deslinde de jurisdicciones en el que tendría que estar el juez del coto y dónde estaba ese señor que era la autoridad competente. ¿Estaba enfrentado con los vecinos de El Puertu? ¿Fue coaccionado? Era 1788 y es imposible saber cómo pensaban y cómo funcionaban los vecinos y cómo los podían manipular.

El caso es que este pleito marcó unos deslindes que otorgan a León los beneficios que podría obtener, por ejemplo, en materia de ayudas de la Política Agraria Común. Son casi siete hectáreas de pastos entre Asturias y León, terrenos comprados en 1923 por José y Domingo Lorences Fernández. Estos vecinos de El Puertu compraron ante notario a los hermanos “Coalla de Grao, Asturias”, los montes de L’Ordial, L’Arbeḷḷosa y la Veiga la Ventana por un precio de 1.000 pesetas. Los vendieron posteriormente en escritura notarial de fecha 9 de enero de 1925 a 63 compradores y 11 mandantes verbales vecinos vaqueiros de El Puertu por 2.220 pesetas.

Vecinos y gobiernos

“La interpretación de la Audiencia Nacional me parece muy curiosa y particular. Estamos en el año 2025 con un deslinde de concejos, provincias y comunidades autónomas basado en un documento de 1785 y 1788 en el que llegó un vecino de El Puertu sin la presencia de las autoridades competentes somedanas donde clarísimamente se ve que iba por su cuenta. No todos tenían las mismas garantías jurídicas en 1788 y ahora en 2025 tampoco”, dice la profesora somedana Nuria González Alonso, autora de Cartografía socioeconómica de un pueblo de alta montaña: Santa María del Puertu (Somiedo). “Los descendientes de nuestros antepasados vaqueiros trataremos de defender unos montes que siempre pertenecieron a Somiedo y a Asturias”.

Para Azucena Lorences, teniente de alcalde de Somiedo y vecina de Santa María de El Puerto, la sentencia de la Audiencia es incomprensible: “Si cada vez que aparezca en España un documento antiguo hay que modificar las servidumbres habría que cambiar miles de deslindes”. Y el alcalde de Somiedo, Belarmino Fernández (PSOE), recuerda que para modificar los límites provinciales tiene que ser aprobada una ley orgánica en las Cortes.

Por todos estos motivos el Gobierno de Asturias interpondrá un recurso de casación ante el Tribunal Supremo contra la sentencia de la Audiencia Nacional. En opinión del consejero de Ordenación del Territorio, Ovidio Zapico (IU), existen fundamentos jurídicos suficientes para que el proceso de casación prospere, a pesar de la dificultad del procedimiento. “Desde el Gobierno de Asturias apoyamos la reclamación del Ayuntamiento de Somiedo y compartimos, tanto el entusiasmo de su alcalde en la defensa del territorio como su interpretación de la sentencia de la Audiencia Nacional, que entendemos no se ajusta a lo que quiso expresar el representante de Asturias que hace ya 240 años no quiso firmar el acta de la Real Ejecutoria. Hay que luchar para que Somiedo, un territorio tan emblemático para Asturias, el primer espacio en ser declarado reserva de la biosfera, no pierda ahora siete kilómetros cuadrados de territorio. Hay que pelearlo”, ha destacado.

Una reacción que no ha sido recibida con sorpresa en el Ayuntamiento de Cabrillanes. Su alcalde, Emilio Martínez Morán (Unión del Pueblo Leonés), calificó para este diario el recurso del Principado como “un juego jurídico”. Tras mostrarse satisfecho por la sentencia de la Audiencia Nacional, el regidor aseguró que la decisión del Gobierno de Asturias “es un órdago” y pide al consejero Zapico y al alcalde de Somiedo que digan la verdad a los ganaderos: “Ambos les dan falsas expectativas porque la razón solo tiene un camino y esos terrenos fueron históricamente de Cabrillanes y lo único que hacemos es defender nuestros intereses. La Real Ejecutoria y la justicia nos dan la razón y presentaremos las alegaciones correspondientes para seguir defendiendo nuestro territorio”.