El Tribunal de Cuentas cuestiona el aval de la Generalitat a las multas por la acción exterior del ‘procés’

El Tribunal de Cuentas no ve viable que el aseguramiento de los 5,4 millones que reclama a los 34 investigados por los gastos de la Generalitat en acción exterior a favor del proyecto independentista se lleve a cabo con un aval de la propia Administración catalana. Obviamente, el tribunal no hará pronunciamiento formal alguno hasta que reciba alguna propuesta en firme sobre las modalidades de pago que puedan proponer las defensas de los implicados. Pero en la institución encargada de la fiscalización del uso de los fondos públicos no se recuerda precedente alguno que pueda ser invocado ahora para sostener con posibilidades de éxito dicha pretensión.

De momento, el Tribunal de Cuentas se halla a la espera de que las defensas propongan la fórmula que estimen más conveniente, y legalmente sostenible, para hacer frente al afianzamiento de los citados 5,4 millones. El plazo de 15 días establecido para este trámite termina el próximo día 21. Si antes de esa fecha no se ha hecho y validado una propuesta, entra en marcha la maquinaria para asegurar el pago por medio del embargo de bienes bastantes —normalmente inmuebles— hasta cubrir dicha cantidad.

Quien tiene que admitir en primera instancia la fórmula de afianzamiento que se proponga, acordando su validez y legalidad, es la delegada instructora, Esperanza García. Su decisión es recurrible ante la Sala de Enjuiciamiento, como lo es el acta de liquidación que el miércoles de la semana pasada se entregó a las defensas, tras extraer del caso a ocho de los inicialmente investigados. Ahora bien, el recurso contra la citada acta no paraliza el plazo para constituir la cantidad reclamada, que queda asegurada y en depósito, y que naturalmente sería devuelta en caso de que el expediente se resolviera de forma favorable para los implicados.

En el Tribunal de Cuentas se comprende el interés de las fuerzas políticas que gobiernan la Generalitat por atender este problema del modo que mejor puedan conciliarse los intereses en juego. Pero no entra dentro de las hipótesis del tribunal la idea de romper moldes con este asunto. Es decir, en las conversaciones informales que se están teniendo en la institución se subraya por un lado el deseo de facilitar al máximo el ejercicio del derecho de defensa, pero se excluyen las prácticas de contorsionismo jurídico.

En todo caso, en medios del tribunal se subraya que se va a estudiar cualquier iniciativa que la Generalitat pueda poner en marcha sin posiciones apriorísticas. Ahora bien, pese a las críticas surgidas desde ámbitos políticos —tanto del Gobierno como de las fuerzas independentistas—, en tales medios se subraya que existe una especial tranquilidad de fondo tras la reciente providencia del Supremo en el sentido de inadmitir a trámite el recurso presentado por el expresidente de la Generalitat, Artur Mas, y otros condenados por los gastos indebidos realizados para organizar la consulta del 9-N de 2014.

Para los consejeros del Tribunal de Cuentas, y en general para la institución, esta decisión del Supremo ha tenido efectos balsámicos. El motivo es que estaban viendo cuestionada su labor, su composición, sus métodos de actuación y otras circunstancias, como las relaciones de parentesco existentes entre algunos de sus miembros. Todo ello en un contexto en el que desde el Gobierno —por medio de unas declaraciones del ministro de Fomento, José Luis Ábalos— se consideró que el expediente sobre la acción exterior de la Generalitat constituía tras los recientes indultos una “piedra en el camino”, es decir, un obstáculo susceptible de remoción.

Este conjunto de factores es el que explica que el pasado jueves el Tribunal de Cuentas hiciera pública una “nota aclaratoria” sobre sus actuales circunstancias que, en realidad, era un comunicado para salir al paso de las críticas que estaba recibiendo. Lo que se hacía en dicha nota era reivindicar el ejercicio independiente de las funciones constitucionalmente asignadas a la institución, de acuerdo con el artículo 136 de la Carta Magna.

En sustancia, el Tribunal de Cuentas quiso reivindicar no solo su papel como órgano de fiscalización de las cuentas públicas sino también sus competencias jurisdiccionales, en la medida en que los expedientes de responsabilidad contable dan lugar a procedimientos de carácter civil que culminan por sentencia, con fuerza de obligar al cumplimiento de lo ordenado. Tales fallos pueden ser impugnados en casación ante el Supremo. Así ocurrió con la sentencia sobre los gastos del 9-N, en la que la Sala de lo Contencioso inadmitió el recurso por entender que, tal como vino formulado, carecía de interés casacional.

El Tribunal de Cuentas, en suma, no se siente ahora cogido en falta, por mucho que se trate de una institución que debería ser renovada el próximo 23 de julio, fecha en que concluirá su mandato, sin que se atisbe posibilidad alguna de los acuerdos políticos que deberían hacerlo posible. Ahora bien, en el propio tribunal se destaca que la institución trabaja en constante comunicación con las Cortes, y que el informe sobre la acción exterior de la Generalitat fue precisamente impulsado desde el Parlamento.

La percepción dominante, por tanto, es que los avatares de la política pueden llamar a la puerta del tribunal, pero no zarandearlo. El PP propuso a siete de los actuales consejeros. El PSOE, a su vez, propuso a tres, e IU a una. Cada uno está haciendo frente a los vientos racheados que se abaten sobre la institución según sus rasgos de personalidad. Lo que no obsta para que en estos momentos haya un denominador común, relativo a la voluntad de evitar que los expedientes abiertos a la Generalitat primero por el 9-N y luego por la organización del referéndum ilegal del 1-O y la acción de promoción exterior paralela acaben dañando irremediablemente la credibilidad de la institución.