Lesmes media con Casado y La Moncloa para desbloquear el Poder Judicial

Carlos Lesmes, presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, intenta desde hace meses resolver el grave problema institucional que supone que el órgano de gobierno de los jueces lleve más de dos años y medio con el mandato caducado. El bloqueo no depende de Lesmes sino de las Cortes Generales, que tienen que aprobar la renovación y votar a los nuevos vocales de ese órgano. Ante el fracaso evidente del Parlamento, el presidente del Supremo ha mediado con Pablo Casado, líder del PP, y con Félix Bolaños, ministro de Presidencia, para intentar un acuerdo sobre la renovación.

La Constitución obliga a renovar cada cinco años ese órgano de gobierno de los jueces, pero el actual Consejo General del Poder Judicial lleva más de siete años y medio de ejercicio sin que se atisbe una solución para renovarlo en breve.

El gobierno de los jueces está dominado ahora por vocales conservadores elegidos en su día a propuesta del PP, que había ganado un año antes de la renovación las elecciones generales con mayoría absoluta e impuso el resultado electoral, con la aceptación del PSOE, para elegir a los 20 vocales que integran ese órgano.

La actual situación de bloqueo, motivada por la negativa del PP a negociar la renovación y votarla en el Congreso, provocó una reforma legal de urgencia que impulsó el Gobierno para impedir que el Consejo del Poder Judicial pueda hacer nombramientos de cargos con el mandato caducado.

Esa reforma legal maniata al actual gobierno de los jueces al impedirle ejercer una de sus principales funciones, el nombramiento de cargos judiciales. El Consejo del Poder Judicial no puede ahora cubrir las vacantes, lo que ocasiona problemas de funcionamiento grave especialmente cuando las plazas que quedan libres se producen por fallecimiento o jubilación en los distintos órganos judiciales.

En los últimos meses, Lesmes se ha reunido con el líder del PP, Pablo Casado, y con Félix Bolaños, ex secretario general de Presidencia y ahora ministro de Presidencia, para convencerles de la necesidad de llegar a un acuerdo que permita la renovación del Consejo General del Poder Judicial, según confirmaron a EL PAÍS varias fuentes conocedoras de estas gestiones.

Si el presidente del Supremo y del Poder Judicial convenciera a Casado, el problema institucional quedaría solucionado, pero eso no ha ocurrido todavía.

La obligación legal de elegir a los vocales del Poder Judicial con una mayoría de tres quintos de diputados y senadores deja al PP con poder de veto sobre la renovación.

El partido de Pablo Casado ha utilizado ese poder de veto durante todo este tiempo para bloquear la renovación. No es la primera vez que el Poder Judicial sufre esta situación, aunque sí se trata del periodo más largo sin renovación de la reciente etapa democrática.

Una demora parecida se produjo cuando gobernaba el socialista José Luis Rodríguez Zapatero y el líder de la oposición, Mariano Rajoy (PP), mantuvo el veto a la renovación durante casi dos años (entre noviembre de 2006 y septiembre de 2008).

Retirar los vetos

Lesmes ha trasladado a Casado la necesidad de retirar los vetos personales que plantearon hace tiempo para rechazar un acuerdo de renovación del Consejo del Poder Judicial.

Los populares llevan dos años y medio dando distintas explicaciones para justificar el bloqueo en la renovación del Poder Judicial. Primero defendió que Unidas Podemos, socio de Gobierno del PSOE, no podía intervenir en la renovación, ni proponer a candidatos para el nuevo Consejo General del Poder Judicial, pese a que históricamente el gobierno de los jueces ha tenido, con el aval del PP, vocales propuestos por Izquierda Unida, CiU o PNV, partidos con menos representación parlamentaria que Unidas Podemos.

Los populares vetaron después al magistrado Ricardo de Prada, uno de los candidatos a formar parte del nuevo Consejo del Poder Judicial, porque formó parte del tribunal que juzgó el caso Gürtel y firmó la sentencia que condenó al PP como partícipe a título lucrativo.

Ahora esgrime el PP, sin ningún acuerdo, resolución o norma que lo avale, que la Comisión Europea obliga supuestamente a que la mitad del Consejo General del Poder Judicial sea elegida por jueces y exigen una reforma legal para aceptar la renovación.

El presidente del Consejo General del Poder Judicial también propuso a ambas partes que alcancen el compromiso de estudiar la posibilidad de reformar en el futuro la ley del Poder Judicial para cambiar el sistema de elección de los 12 vocales de extracción judicial, de manera que sean elegidos directamente por los jueces.

En la actualidad, esos 12 vocales son elegidos de entre una lista que eligen los propios jueces, bien a través de las asociaciones o bien mediante la recogida de avales entre sus compañeros. El PP reformó la ley que acotaba la lista propuesta por los jueces a 36 candidatos, de manera que pudieran presentarse muchos más.

El Consejo del Poder Judicial es un órgano clave para el funcionamiento de la Justicia pues se encarga de nombrar a los principales cargos judiciales del Supremo, la Audiencia Nacional, los Tribunales Superiores y las Audiencias Provinciales; controla la actividad de los jueces y tiene competencias plenas en materia disciplinaria e informa sobre determinados proyectos de Ley.