El Senado aprueba la reforma que limita al Poder Judicial en funciones

El pleno del Senado ha dado luz verde este miércoles a la reforma legal que impedirá al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) hacer nombramientos discrecionales en la cúpula judicial cuando haya expirado su mandato. Con este paso, la proposición de ley impulsada por PSOE y Unidas Podemos queda aprobada definitivamente y entrará en vigor en cuanto se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE). La medida afecta directamente al Consejo actual, que desde que caducó su mandato, en diciembre de 2018, ha aprobado más de 80 nombramientos. El órgano que preside Carlos Lesmes preveía aprobar este mismo jueves dos plazas de magistrados en el Tribunal Supremo, pero finalmente ha renunciado a incluirlas en el orden del día al cruzarse en su camino el calendario del Senado.

La reforma legal ha salido adelante con 150 votos a favor (PSOE, UP, PNV, ERC, Junts), 108 en contra (PP, Cs, Vox y UPN) y 3 abstenciones. El objetivo de esta reforma legal, según sus impulsores, es acabar con la “laguna jurídica” que suponía hasta ahora la falta de regulación sobre qué funciones puede ejercer y cuáles no el Poder Judicial cuando expire su mandato. Cuando entre en vigor la proposición aprobada este miércoles, un CGPJ que, como el actual, esté en funciones, no podrá nombrar presidentes de tribunal o de sala (de audiencias provinciales, tribunales superiores de justicia, Audiencia Nacional y Supremo). También impedirá nombrar a magistrados del alto tribunal o a los dos magistrados del Tribunal Constitucional que la ley deja en manos del Consejo. Los vocales en funciones sí conservarán “aquellas facultades que resultan necesarias para garantizar el normal funcionamiento del órgano y no impliquen una injerencia en las legítimas atribuciones del Consejo entrante”.

La Comisión de Justicia de la Cámara Alta rechazó este lunes los vetos que presentó PP y Vox a la reforma y no admitió ninguna enmienda, por lo que ha quedado definitivamente aprobaba en el pleno y no tendrá que volver al Congreso.

Esta regulación estaba incluida en la proposición de ley presentada en octubre pasado por los dos partidos del Gobierno para facilitar la renovación del Consejo sin los votos del PP, una propuesta que el Ejecutivo aparcó como gesto de buena voluntad para que los populares se avinieran a negociar. Pero el último intento de pacto entre el PSOE y el PP fracasó hace unas semanas por el rechazo del partido de Pablo Casado a aceptar dos candidatos supuestamente afines a Podemos, lo que ha dejado de nuevo en el aire la renovación y llevará a aplicar ya la reforma legal que veta los nombramientos.

La iniciativa se concibió también desde el Gobierno como una forma de presión a los populares. El PSOE y Unidas Podemos consideran que la razón principal de los populares para rechazar la renovación es que en el Consejo actual hay una mayoría de miembros propuestos por el PP (12, incluido el presidente Lesmes) que le han permitido situar a magistrados conservadores en puestos clave incluso una vez concluidos los cinco años de mandato. Los dos partidos del Gobierno creen que si el Consejo no puede seguir haciendo nombramientos, los populares tendrán menos interés en mantener al órgano actual.

Los miembros del Consejo consultados dudan, sin embargo, de esta interpretación. El órgano ya ha renovado los cargos más relevantes (incluidas las presidencias de las cinco alas del Supremo) y ha cubierto las principales vacantes de magistrados en el alto tribunal. En el supuesto de que no haya renovación de aquí a final de año, se quedarían pendientes alrededor de medio centenar de nuevas vacantes, señalan estas fuentes, pero la inmensa mayoría de ellas (más del 90%, según los vocales consultados) son presidentes de audiencias provinciales y tribunales superiores de justicia a los que les caduca el mandato pero, que según la ley, pueden seguir en el cargo con el mandato prorrogado hasta que se renueve.