El Congreso aprueba la ley que limitará los poderes del actual Poder Judicial

La batalla por el Consejo General de Poder Judicial (CGPJ) quemó otra etapa este jueves en el Congreso. Las dos formaciones del Gobierno, con el apoyo del resto de la izquierda y los nacionalistas, sacaron adelante la ley que impedirá al CGPJ seguir asignando plazas de jueces cuando su mandato, como ocurre con el actual, esté caducado. El texto obtuvo un apoyo muy holgado: 196 votos a favor, frente a 150 en contra que sumaron las formaciones del centroderecha. Ahora irá al Senado y, según los cálculos de sus impulsores, debería entrar en vigor en el plazo de algo más de un mes. El PSOE confía en que la limitación de las funciones del CGPJ acabe doblegando al PP en su resistencia a renovar un órgano cuyo mandato legal expiró hace más de dos años. El Congreso también aprobó crear una comisión de investigación sobre el proceso de vacunación contra la covid-19.

El interminable debate sobre el Poder Judicial va a acabar dejando exhaustos a sus propios protagonistas. La mayoría de los portavoces que intervinieron este jueves en el Congreso ocultaba a duras penas una cierta desgana. “Ya está todo dicho”, convinieron varios. También hubo bastante coincidencia en subrayar que el proyecto es sobre todo un instrumento para intentar que el PP vuelva a las negociaciones rotas hace dos semanas, por la cerrada negativa de los populares a aceptar cualquier candidato propuesto por Unidas Podemos.

El portavoz de Justicia de esta última formación, Enrique Santiago, negó la mayor: según él, Unidas Podemos no ha presentado como tal ningún candidato. Al mismo tiempo, Santiago atacó al PP, “un partido con cinco millones de votos que pretende vetar a otro con tres millones”, lo que no dudó en calificar de “actitud sediciosa”. Las arremetidas más duras de Santiago fueron, con todo, contra el actual CGPJ, al que acusó de “volcarse hacia la política”, “injerir en las competencias del legislativo” y, en última instancia, participar de una “confrontación de la derecha contra la democracia y contra este Congreso”.

Entre la mayoría que sostiene al Ejecutivo nadie aludió esta vez a la reforma de mayor alcance, anunciada primero y luego congelada, que pretendía que el Poder Judicial pudiese ser renovado con el apoyo de la mayoría absoluta del Congreso (176 escaños), en lugar de los tres quintos (210) que exige la ley actual. Aunque el portavoz de Unidas Podemos sí sugirió un paso más sobre el texto aprobado este jueves: otro que imponga el cese inmediato de los miembros del CGPJ en cuanto expire su mandato. La idea había sido planteada antes por algunos de los grupos pequeños que apoyan al Gobierno como EH Bildu y Compromís. Entre estos los hay que sugieren desde hace tiempo fórmulas para superar el bloqueo, como la de José María Mazón, del Partido Regionalista de Cantabria, que propone un sorteo entre candidatos propuestos por los jueces y revisados por el Congreso, sin encontrar ningún eco hasta ahora.

El PP ignoró los reiterados llamamientos a poner fin al bloqueo y no ofreció la menor muestra de que tenga intención de rectificar. El diputado Luis Santamaría lo tiñó de tonos épicos: “No dejaremos que caiga la última línea de defensa del Estado de derecho”. No faltaron otros portavoces para apuntar que, con el nuevo escenario electoral abierto en Madrid, la posibilidad de que el PP cambie de actitud se aleja aún más. Además de los populares, también insistieron en su rechazo al proyecto Vox y Ciudadanos, con términos tan duros como los del portavoz de esta última formación, Edmundo Bal, quien lo tachó de “traición al equilibrio de poderes”.

El PNV, pese a su apoyo, deslizó algunas críticas. Su diputado Mikel Legarda convino en que el “injustificable bloqueo” a la renovación constituye una “anomalía constitucional”, pero señaló que la “reforma exprés actual” no es “lo más adecuado” para repararla. Para el PNV, más que cambiar leyes, lo que se requiere es acabar con los “comportamientos políticos” que han propiciado que el CGPJ se designe con “criterios sectarios y partidistas”.

Y ya que todo estaba dicho y repetido un centenar de veces, algunos diputados aprovecharon el debate para presentar promociones diversas. El popular Santamaría, parlamentario por Valencia, hizo propaganda de las Fallas desde la tribuna exhibiendo un folleto de un ninot. La del secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, tuvo otro cariz: desempolvó la teoría de la conspiración sobre la matanza del 11-M, de la que este jueves se cumplen 17 años, y enmarcó la masacre en lo que su partido llama el “globalismo”, un “magma totalitario en el que quieren disolver España”.

Tras la división por el Poder Judicial, la Cámara ofreció una imagen poco acostumbrada de casi unanimidad para crear una comisión que investigue el proceso de vacunación en España. La iniciativa, además, no partió de uno de las grandes formaciones, sino del Grupo Parlamentario Plural. En su nombre la defendió el diputado de Compromís Joan Baldoví, que aludió sobre todo a los casos de cargos públicos y personalidades que se han saltado la lista para vacunarse. La propuesta solo tuvo un voto en contra y 60 abstenciones.