El Poder Judicial acusa a PSOE y Podemos de violar la separación de poderes con la reforma legal que limita sus competencias

Una mayoría de vocales del Consejo General del Poder Judicial ha aprobado este jueves un manifiesto en el que muestra su rechazo por la reforma legal exprés con la que los partidos socios de Gobierno, PSOE y Podemos, prevén limitar las funciones del órgano de gobierno de los jueces cuando caduque su mandato. El escrito ha salido adelante con el voto a favor de 16 de los 21 miembros del pleno, los mismos que en diciembre suscribieron una declaración en la que reclamaban que el Poder Judicial fuera oído por el Congreso antes de aprobar la reforma legal. La Mesa del Congreso rechazó esta petición, lo que precipitó la convocatoria del pleno extraordinario que se ha celebrado este jueves. El escrito aprobado considera que la decisión del Congreso “no respeta las exigencias del principio de separación de poderes”.

Entre los 16 vocales que han apoyado el texto se encuentra el bloque conservador al completo (11 vocales más el presidente, Carlos Lesmes, todos propuestos en su día por el PP) y cuatro progresistas (Roser Bach, Mar Cabrejas, Enrique Lucas y Victoria Cinto). Los 16 eran partidarios de pedir a la Mesa del Congreso que reconsiderara su decisión y escuchara al órgano de gobierno de los jueces antes de aprobar la reforma legal. Pero había tres posturas distintas, según las fuentes del pleno consultadas: unos, mayoritariamente vocales progresistas, preferían limitarse a pedir ser oídos; otros, principalmente vocales conservadores, pretendían que el Consejo redactara y remitiera al Parlamento ese informe sobre la reforma que la Mesa rechazó reclamarle; y otro grupo de vocales de ambos bloques era partidario de una fórmula intermedia. Esta es la postura que finalmente se impuso y que impregna el documento aprobado, en el que el Consejo no desgrana el texto de la reforma legal, pero sí las razones que, en su opinión, deberían haber llevado al Congreso a pedirle un informe.

Los 16 vocales han mantenido conversaciones a lo largo de la semana para pactar una respuesta común. Algunos intentaron incluir una referencia directa a la posibilidad de denunciar en Europa la actitud de los socios de gobierno, pero finalmente se descartó. Los miembros del pleno más beligerantes contra el Ejecutivo aspiran a que la reforma acabe siendo denunciada igualmente ante organismos europeos por parte de alguna asociación judicial o partido político. “El Consejo tiene que tener cierta contención institucional. Pero el documento que hemos aprobado puede servir para apoyar las reclamaciones de otros en Europa”, señala un vocal conservador.

Votos particulares

Fuentes presentes en la reunión explicaron que las vocales Nuria Díaz y Carmen Llombart llegaron a anunciar un voto concurrente para ampliar su postura contraria a la reforma legal. El anuncio desató quejas de alguno de los progresistas que habían votado el texto mayoritario, lo que llevó a Lesmes a pedir a las vocales conservadoras que reconsideraran su postura, y estas, según las fuentes, accedieron.

Los progresistas Álvaro Cuesta, Clara Martínez de Careaga, Rafael Mozo, Concepción Sáez y Pilar Sepúlveda votaron en contra del documento y anunciaron un voto particular discrepante. “Es una vergüenza. Se le está haciendo la política al PP en su estrategia de desgastar al Gobierno e internacionalizar el conflicto como ha hecho Puigdemont. Es de una deslealtad tremenda”, lamenta un vocal de este grupo.

Los vocales que firman el documento mayoritario consideran que la vía elegida para restringir las competencias del Consejo en funciones “no es el camino adecuado ni el más respetuoso con las exigencias del principio de separación de poderes”. El rechazo, “sin ofrecer razón alguna”, por parte de la Mesa del Congreso a permitir que el CGPJ se pronuncie “preocupa especialmente” al pleno, señalan. “Y no, precisamente, porque entienda que la relación entre órganos constitucionales demanda una mínima explicación de la negativa a acceder a lo solicitado”, advierten, sino porque se va a privar al debate parlamentario y a la ciudadanía del “conocimiento y valoración del parecer cualificado y jurídicamente fundado” de una institución creada para “garantizar la independencia judicial”.