Lesmes convoca el jueves a los vocales del Consejo para responder a la reforma legal que limita sus competencias
Los impulsores del pleno extraordinario pretenden un acuerdo consensuado por la mayoría del órgano
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se reunirá finalmente este jueves a las doce para debatir sobre la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial con la que el Gobierno prevé limitar las funciones del órgano de gobierno de los jueces cuando caduque su mandato. El pleno extraordinario ha sido convocado por el presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, a petición de 10 vocales del ala conservadora, que basan su reclamación en la decisión de PSOE y Unidas Podemos de tramitar la proposición de ley por la vía urgente y sin consultar al órgano de gobierno de los jueces, cuyo mandato expiró hace dos años.
La reforma legal planteada por el Gobierno ha roto en dos el actual CGPJ, que, pese a las tensiones generadas por su interinidad, ha conseguido hasta ahora alcanzar el consenso en las decisiones relevantes, especialmente en el más de medio centenar de nombramientos discrecionales aprobados desde que expiró el mandato. El veto a estos nombramientos mientras el Consejo esté en funciones es el objetivo principal de la proposición de ley presentada por los dos socios de gobierno, que pretenden así atar de manos al Consejo hasta que los grupos políticos se pongan de acuerdo para renovar el órgano.
Pese a que 19 de los 21 miembros del Consejo defienden que están legitimados para seguir haciendo nombramientos, no todos comparten que se deba responder a la decisión de PSOE y Unidas Podemos de tramitar la reforma legal por la vía rápida. La petición de que se convoque un pleno extraordinario para debatir el asunto está suscrita por 10 vocales, que, según las fuentes consultadas, trabajan ya en el texto que llevarán a la reunión del jueves. El objetivo es conseguir un acuerdo que cuente con al menos 16 votos: los 10 de los impulsores del pleno y los de otros seis que en diciembre suscribieron una declaración en la que reclamaban que el Consejo fuera oído por el Congreso antes de aprobar la reforma legal. La Mesa del Congreso ha rechazado esta petición, lo que ha precipitado la petición del pleno extraordinario.
Los impulsores de la reunión del jueves defienden que la decisión del Parlamento incumple recomendaciones y advertencias de la Comisión Europea y del Consejo de Europa que establecen que cualquier reforma legal que afecte al Poder Judicial debe tramitarse dando audiencia a los sectores implicados.
El pleno del jueves consumará el primer enfrentamiento del año entre el actual CGPJ y el Gobierno y será la antesala de unas semanas que se prevén convulsas. Mientras los dos grupos que forman el Ejecutivo avanza en su reforma legal, el órgano que preside Lesmes tiene ya sobre la mesa nuevos nombramientos discrecionales para el pleno que se celebrará el próximo 28 de enero. Una mayoría de vocales daban por hecho que la renovación del Consejo se aceleraría tras las elecciones catalanas convocadas para el 14 de febrero, pero una vez que estas se han pospuesto a mayo, los vocales consultados se dividen entre quienes consideran que el PSOE y el PP aprovecharán el vacío del calendario electoral para sentarse a negociar y los que creen que no habrá cambios hasta que pasen los comicios catalanes.
Un estudio avisa de los pocos nombramientos de mujeres
La Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), la segunda más representativa de la carrera, ha presentado ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) un informe sobre los nombramientos de altos cargos judiciales que concluye que el carácter discrecional de estas designaciones permite y fomenta “un sesgo de género en perjuicio de las mujeres”.
La comisión de igualdad de esta asociación, responsable del estudio, advierte de que en las explicaciones del CGPJ para justificar cada nombramiento “no se contiene ni una sola referencia al principio de igualdad ni consta que se haya emitido informe alguno de impacto de género”, a pesar de que la normativa interna obliga a hacerlo. El informe recuerda que, pese a que más del 54% jueces son mujeres, estas apenas llegan al 20% del Tribunal Supremo y solo una de ellas es presidenta de sala. Asimismo, solo hay un 21% y 12% de presidentas en los Tribunales Superiores de Justicia y Audiencias Provinciales, y no por falta de mujeres que puedan serlo, ya que su presencia en estos tribunales es el doble y hasta el triple, respectivamente, que en la presidencia de los mismos.
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