Un cambio que ata las manos del Consejo y deja coja la justicia

La propuesta de reforma legal presentada este miércoles por el PSOE y Unidas Podemos pretende regular las competencias del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) una vez cumplidos los cinco años de su mandato. Esta regulación estaba incluida en la proposición de ley presentada en octubre pasado por los dos partidos del Gobierno para facilitar la renovación del Consejo sin los votos del PP, una propuesta que el Ejecutivo aparcó como gesto de buena voluntad para que los populares se avinieran a negociar.

El texto presentado este miércoles no busca ya facilitar la renovación del CGPJ por la vía de reducir la mayoría necesaria para nombrar nuevos vocales, como hacía el anterior, sino acotar las atribuciones del Consejo presidido por Carlos Lesmes, que este viernes cumplirá dos años con el mandato caducado.

El objetivo del Gobierno es sobre todo impedir que el pleno del Consejo pueda seguir nombrando a los cargos claves de la cúpula judicial, una de las facultades más determinantes que tiene atribuidas y que ha seguido ejerciendo en los dos últimos años, lo que ha causado tensiones con el Ejecutivo, que ha intentado, sin éxito, frenar algunos de esos nombramientos.

Estas son algunas de las claves de la proposición de ley presentada este miércoles por el PSOE y Unidas Podemos.

¿Qué funciones tiene el Consejo y cuáles elimina la reforma legal? La Ley Orgánica del Poder Judicial atribuye 24 competencias al Consejo, divididas en nueve grandes áreas: nombramientos, inspección, régimen disciplinario, formación, potestad reglamentaria, publicación de sentencias, función consultiva, mejora de la calidad de la justicia y relaciones internacionales. La ley vigente solo veta una función a los vocales una vez expirado el mandato: elegir nuevo presidente del CGPJ y del Supremo. La propuesta de los dos grupos del Gobierno reduce de 24 a 15 las competencias del Consejo una vez concluido su mandato y, entre otras, elimina la potestad para cualquier nombramiento discrecional. Esto impedirá que los vocales en funciones designen presidentes de tribunal o de sala (de audiencias provinciales, tribunales superiores de justicia, Audiencia Nacional y Supremo). También impedirá al Consejo en funciones nombrar a magistrados del alto tribunal y cargos como el Promotor de la Acción Disciplinaria, el jefe de la Inspección, el director del gabinete técnico del Consejo y los directores de la Escuela Judicial y del Centro de Documentación. Tampoco podrán elegir a los dos magistrados del Tribunal Constitucional que la ley deja en manos del Consejo.

¿Qué persigue el Gobierno con esta reforma? Las fuentes del Ejecutivo y jurídicas consultadas señalan un doble objetivo: por una parte, presionar al PP para que se siente a negociar la renovación del Consejo. El PSOE y Unidas Podemos entienden que la razón principal de los populares para rechazar la renovación es que en el Consejo actual hay una mayoría de miembros propuestos por el PP (12, incluido el presidente Lesmes) que le han permitido situar a magistrados conservadores en puestos clave incluso una vez concluidos los cinco años de mandato. Los dos partidos del Gobierno creen que si el Consejo no puede seguir haciendo nombramientos, los populares tendrán menos interés en mantener al órgano actual. No obstante, con el reparto que ofrece el PSOE para renovar el Consejo (10 vocales para el PP y 10 para los socialistas), los vocales conservadores tendrían capacidad de veto.

La prohibición legal de las designaciones discrecionales pretende también presionar a los propios vocales, que en los últimos meses han desoído las peticiones del Ejecutivo para que restringieran los nuevos nombramientos a aquellos imprescindibles para garantizar el funcionamiento de la Justicia.

¿Por qué quiere el Gobierno sacar adelante la reforma cuanto antes? El actual Consejo ha adjudicado medio centenar de nombramientos discrecionales desde que está en funciones y fuentes del órgano que preside Lesmes cifran en una treintena las nuevas plazas pendientes de cubrir o que quedarán vacantes de aquí a final de año.

El próximo pleno se celebrará el 17 de diciembre y, aunque el orden del día no está cerrado, el Consejo prevé incluir algunas de estas designaciones, como varias presidencias de audiencias provinciales y de salas de tribunales superiores de justicia. Entre las 30 vacantes a punto de producirse hay siete plazas de magistrados del Tribunal Supremo, cuya aprobación no podrá estar lista para el pleno de diciembre pero posiblemente sí para el de enero. Estos puestos, que el magistrado elegido conserva hasta su jubilación, se consideran plazas clave que el Ejecutivo puede querer evitar que asigne el actual pleno. Desde que venció su mandato, el actual Consejo ha designado a 13 magistrados del alto tribunal.

¿Puede afectar el veto a los nombramientos discrecionales al funcionamiento de la Justicia? Esta es la razón que ha alegado el actual Consejo para continuar con los nombramientos una vez cumplido su mandato. El órgano sostiene que esas designaciones son imprescindibles para garantizar el funcionamiento de los tribunales, sobre todo cuando se trata de magistrados que se jubilan y dejan una plaza sin cubrir. Es lo que ocurrió en la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, que acumuló varias jubilaciones consecutivas, lo que llegó a comprometer la posibilidad de conformar salas para revisar o juzgar casos relacionados con el procés, ya que la mayoría de los magistrados habían participado en asuntos vinculados a los líderes independentistas condenados por sedición y la ley les impide volver a deliberar sobre ello.

La designación en septiembre pasado de tres nuevos magistrados para la Sala de lo Penal fue uno de los factores que precipitó la decisión del Gobierno de reformar la actual ley.