Lesmes presiona a los partidos para renovar el Poder Judicial “sin mayores dilaciones”

El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, ha pronunciado este lunes su séptimo discurso de apertura del año judicial y, lo que es más insólito, su tercera despedida. Con el mandato del órgano de gobierno de los jueces caducado desde diciembre de 2018 y la renovación bloqueada por la falta de acuerdo político, Lesmes ha advertido de que esta situación supone una “seria anomalía”. “Es la propia Constitución la que fija cinco años de duración del mandato de cada consejo, por lo que me veo en la obligación de exhortar nuevamente a los poderes públicos concernidos a renovar la institución sin mayores dilaciones”, ha señalado el presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo en un acto presidido, como cada año, por el Rey, pero que esta vez ha estado marcado por las estrictas medidas sanitarias derivadas de la pandemia de covid-19.

Sentados a más distancia de la habitual y protegidos por mascarillas, el discurso de Lesmes ha sido escuchado en directo no solo por Felipe VI y por toda la cúpula judicial, sino también por otros cargos públicos incluidos entre esos “concernidos” para su renovación a los que ha hecho referencia el presidente del CGPJ. Entre ellos, el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo; la presidenta del Congreso, Mertixell Batet; y el presidente del PP, Pablo Casado, que tras llegar a finales de julio a un principio de acuerdo con el PSOE para desbloquear el órgano de gobierno de los jueces, se ha cerrado ahora en banda a cumplir ese mandato constitucional mientras Podemos siga en el Gobierno.

No es la primera vez que Lesmes exhorta a los partidos a acabar con la interinidad del actual consejo. Ya lo hizo el año pasado en términos casi calcados a los pronunciados este lunes. Entonces calificó la situación de anomalía “grave” y quizá fue más contundente cuando advirtió de que la falta de renovación “puede contribuir al descrédito del propio órgano de los jueces”. Este lunes, tras reconocer que no imaginaba tener que reproducir de nuevo ese mensaje, ha eludido referirse al desgaste que el bloqueo puede causar a la institución y, en cambio, ha defendido que el consejo haya seguido realizando sus funciones habituales, especialmente en materia de nombramientos y ascensos. “Lo contrario sería incumplir la norma fundamental con grave quebranto para la justicia española, a la que dañaría una paralización institucional mantenida en el tiempo”, ha reivindicado Lesmes, en respuesta a las fuertes críticas que ha recibido, incluso por parte de miembros del consejo, esa decisión de continuar haciendo nombramientos discrecionales una vez cumplido el mandato.

Este curso, la apertura del año judicial coincide con la investigación a Juan Carlos I por el presunto cobro de comisiones internacionales en el AVE a la Meca, las denuncias contra el Gobierno por la gestión de la pandemia o la investigación sobre las finanzas de Podemos. Pero a ninguno de esos temas se ha referido en su discurso el presidente del consejo. Tampoco han podido ser abordados después en los habituales corrillos entre periodistas y miembros de la cúpula judicial, a los que también solía sumarse el Rey, pero que esta vez se han suspendido por precaución frente al covid-19. No obstante, las autoridades, incluido Felipe VI, sí que han conversado de manera informal durante casi una hora una vez terminado el acto oficial, aunque sin copas, canapés ni prensa de por medio.

Más allá de la reclamación para la renovación del CGPJ, el otro tema central del discurso de Lesmes ha sido el improvisado armazón normativo con el que el Gobierno y las comunidades han ido dando respuesta a cada fase de la crisis sanitaria que se abrió en marzo de este año y cuyo fin no se atisba. El presidente del Supremo y del CGPJ ha elogiado el trabajo de todas las Administraciones para hacer frente a la covid-19, pero sus palabras han ido acompañadas también de una cierta crítica a algunas de las medidas adoptadas bajo el paraguas del estado de alarma, sobre todos las que implican restricciones de derechos fundamentales, como el de movilidad.

Tras lo vivido estos meses, Lesmes ha reclamado un análisis “sosegado”, al margen de discrepancias políticas, sobre el contenido del estado de alarma para poder mejorar los mecanismos de respuesta -“jurídicos y no jurídicos”- frente a situaciones de crisis. El presidente del Poder Judicial cree que hace falta “una mayor claridad normativa” y “una mejor delimitación de la necesaria ratificación judicial” de las medidas adoptadas por las Administraciones cuando se apoyan en las leyes sanitarias ordinarias. “Si tal claridad normativa siempre es deseable, hemos de reclamarla con mayor intensidad cuando se trata de medidas que, si bien es cierto que resultan necesarias para combatir la pandemia, no es menos cierto que afectan directamente al ejercicio de nuestros derechos más básicos”, ha añadido el presidente del Poder Judicial. Lesmes ha recordado también que “las competencias extraordinarias asumidas durante la vigencia de los estados excepcionales por los poderes públicos, con ser extraordinarias, en modo alguno escapan al control inherente a todo Estado de derecho”.

La pandemia, ha añadido el presidente del CGPJ, ha supuesto un “desafío inmenso” para los órganos judiciales —que han tenido que atender los nuevos asuntos derivados de la emergencia sanitaria manteniendo a la vez la tramitación y resolución de los procedimientos que la ley establece como urgentes— y “ha mostrado con crudeza las debilidades de nuestro sistema judicial y procesal”. Pero la crisis sanitaria, según Lesmes, también es “una oportunidad para avanzar”.

“Es indispensable que la Administración de Justicia se convierta en una Administración lo suficientemente tecnificada y bien organizada para que, llegado el caso, pueda seguir prestando sus servicios de forma eficiente pese a dificultades como las que ahora vivimos”, ha dicho Lesmes, que ha señalado que “quizás sea hora ya, definitivamente, y con el objetivo de contribuir también desde la justicia a la recuperación del grave golpe social, económico y moral sufrido, de alentar un verdadero giro estratégico a nivel legislativo sobre la forma de concebir la estructura del proceso judicial, en la que la tecnología y la digitalización no meramente ayuden o faciliten las tareas procesales, sino que las vertebren en su integridad”.