El Poder Judicial prosigue con los nombramientos tras el fracaso de su renovación

El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha conseguido sacar adelante por la mínima seis de los ocho nombramientos que tenía sobre la mesa, si bien ha optado por aplazar dos de los más importantes: una plaza de magistrado en la Sala Primera (Civil) del Tribunal Supremo y otra en la Sala Cuarta (Social). Los vocales, cuyo mandato está prorrogado desde diciembre de 2018 ante la falta de acuerdo político para su renovación, sí han llegado a un acuerdo in extremis para elegir la tercera plaza en liza en el alto tribunal, también en la Sala Primera. Para esta ha sido designado el magistrado Antonio García, destinado hasta ahora en la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.

Los miembros del Consejo estaban convocados este jueves a un pleno extraordinario para aprobar ocho nombramientos discrecionales que quedaron aplazados la semana pasada ante la posibilidad de que el PSOE y el PP llegaran a un acuerdo para renovar el órgano de gobierno de los jueces. Los vocales optaron hace una semana por frenar los nombramientos casi dando por hecho que, siete días después, el acuerdo para la renovación sería oficial, lo que, previsiblemente, hubiera llevado a la mayoría de miembros del Consejo a renunciar a esas votaciones y dejarlas ya en manos de sus sucesores. Pero la ruptura de las negociaciones entre socialistas y populares ha cambiado el escenario y el pleno del CGPJ ha afrontado dividido la sesión de este jueves.

Con todo, el pleno ha conseguido votos suficientes para aprobar seis de los ocho nombramientos previstos, si bien el resultado de las votaciones queda muy lejos de las mayorías holgadas conseguidas en todas las designaciones que se han abordado en los últimos meses. Las tres plazas más importantes de las seis aprobadas (la del Supremo y las presidencias de los tribunales superiores de País Vasco y Canarias) han salido con la mayoría justa de tres quintos (13 votos) necesaria. Según fuentes del órgano, las tres votaciones han terminado con idéntico resultado: 13 votos a favor y siete en blanco. Estos últimos corresponden a cinco magistrados del sector progresista que ya vienen votando en blanco en los últimos plenos al entender que los actuales vocales no están ya legitimados para decidir nombramientos discrecionales (Concepción Sáez, Álvaro Cuesta, Pilar Sepúlveda, Clara Martínez de Careaga y Rafael Mozo) y dos del ala conservadora (Juan Martínez Moya y Juan Manuel Fernández).

En el caso de las presidencias de los tribunales autonómicos, ha sido necesaria, además, una segunda votación, ya que en la primera ninguno de los candidatos obtuvo el número mínimo de votos para hacerse con el puesto. Los nombramientos han recaído finalmente en el actual presidente de la Audiencia Provincial de Gipuzkoa, Ignacio José Subijana (País Vasco) y en el titular del Registro Civil 1 de Santa Cruz de Tenerife, Juan Luis Lorenzo Bragado (Canarias).

Los otros puestos requerían solo de una mayoría simple, que el pleno ha conseguido aunque también con escaso margen. Los vocales han designado a Garbiñe Biurrun como presidenta de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (12 votos), a José Antonio Vega Bravo como presidente de la Audiencia Provincial de Salamanca (14 votos) y a Luis Miguel Columna como presidente de la Audiencia Provincial de Almería (13 votos).

Las otras dos plazas previstas en el Supremo se han retirado del orden del día porque, según los vocales consultados, no había una mayoría suficiente para sacarlas adelante. La intención del Consejo es volver a incluirlas en el pleno ordinario previsto el 25 de marzo, donde, además, se pretende incluir otros dos puestos del alto tribunal, en este caso en la Sala Tercera, una sala clave porque es la que decide sobre todos los asuntos que afectan al Gobierno o al propio Poder Judicial. Los vocales consultados prevén que en las próximas semanas se inicien negociaciones para intentar lograr un pacto sobre estas futuras votaciones. La mayoría de miembros del Consejo consultados admite que el objetivo es dejar estos nombramientos hechos ante la posibilidad de que el Ejecutivo apruebe en abril la ley que veta los nombramientos con el mandato caducado.