El Poder Judicial frena los nombramientos ante la posibilidad de un acuerdo para la renovación

El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aparcado los nombramientos discrecionales que tenía previsto abordar, pero los vocales se han emplazado a una sesión extraordinaria el jueves que viene para ver cómo avanza la negociación entre el PSOE y el PP para renovar el órgano. El pleno ha optado, según fuentes del CGPJ, por someter a votación este jueves solo los nombramientos de la jurisdicción militar, pero frenar los ocho que afectaban al Tribunal Supremo, tribunales superiores de justicia y audiencias provinciales. Si de aquí a una semana hay acuerdo entre los partidos para renovar el Consejo, esos nombramientos los tratará ya previsiblemente el nuevo órgano. Pero si el acuerdo político no fragua, el pleno volverá a abordarlos.

El debate sobre si el Consejo debía seguir o no adelante con los nombramientos discrecionales que estaban previstos para el pleno de este jueves fracturó el lunes el seno del órgano de gobierno de los jueces. El presidente, Carlos Lesmes, dejó en principio fuera del orden del día la votación de ocho plazas que ya estaban listas para ser asignadas, pero la protesta de ocho vocales, que exigieron por escrito que esos nombramientos se incorporaran al orden del día, obligó al Consejo a incluirlos porque así lo prevé el reglamento de funcionamiento de la institución. Estos ocho vocales argumentaron que debe ser el pleno, y no Lesmes, quien decidiera si los nombramientos se debatían.

Los vocales han llegado a la sesión, convocada a las diez de la mañana, divididos sobre qué hacer. Un grupo, tanto del ala conservadora como de la progresista, consideraba desde el principio que debían quedar aparcados, “en coherencia” con lo decidido en enero y en julio de 2020, cuando se paralizaron por la posibilidad (aparentemente menos cercana que ahora) de que se alcanzara un acuerdo para nombrar un nuevo Consejo. Otros, son embargo, optaron por esperar hasta el último momento para ver cómo avanzaban las conversaciones entre el PSOE y el PP. Y dentro de este grupo había dos posturas: algunos consideraban que, si había señales claras de que el pacto para la renovación era inminente, el Consejo debía abstenerse de votar los nombramientos; y otros consideraban que los miembros del actual órgano están legitimados para ejercer su cargo hasta el último día, por lo que debían votar las plazas previstas en el orden del día.

Finalmente, el pleno ha optado por una vía intermedia. Los ocho vocales que registraron el escrito que obligó a incluir los nombramientos en el orden del día de este jueves han aceptado por unanimidad dejar este punto fuera del pleno, pero con la condición de una nueva convocatoria para el jueves que viene en la que se estudiará de nuevo la situación. El resto de miembros del órgano ha aceptado esta solución, lo que ha evitado llegar a debatir y someter a votación los nombramientos. La decisión de aplazar las votaciones tiene, sobre todo, dos objetivos. El primero, dar tiempo a los vocales para negociar los nombramientos y alcanzar un acuerdo que asegure en todas las plazas la mayoría de tres quintos necesaria, imposible de conseguir este jueves porque, ante la incertidumbre sobre la renovación y sobre el propio pleno, no se había afrontado esa negociación previa a las votaciones. Además, el Consejo pretende dar también así tiempo a los partidos políticos para que cierren la renovación y, en función de lo que ocurra, decidir si votan los nombramientos la semana.

La decisión afecta a ocho puestos, entre ellos, tres de magistrado del Tribunal Supremo (dos en la Sala I, de lo Civil, y otro en la Sala IV, de lo Social). Los nombramientos de magistrados del Supremo se consideran puestos clave, porque el elegido conserva el puesto hasta su jubilación, lo que llevó al Gobierno el pasado otoño a sugerir que el Consejo debería abstenerse de seguir cubriendo vacantes en el alto tribunal, algo que fue desoído. Junto a esos tres puestos en el Supremo, el Consejo pensaba también someter a votación las presidencias de los tribunales superiores de Canarias y País Vasco, la de la Sala Social del País Vasco y las de las Audiencias Provinciales de Almería y Salamanca.

El pleno sí ha abordado cinco nombramientos correspondientes a la jurisdicción militar (dos en Sevilla, dos en Madrid y uno en Las Palmas de Gran Canarias). Aunque algunos vocales eran contrarios a votar estos si no se votaban los otros, finalmente se ha impuesto la tesis que defendía el presidente, Carlos Lesmes, y una mayoría de miembros del órgano: que estos eran puestos de candidato único que no se consideraba necesario aparca pese a la posibilidad de una renovación inminente.