El Gobierno confirma contactos con el PP para renovar el Poder Judicial

El órgano de gobierno de los jueces paraliza los nombramientos discrecionales a la espera de las conversaciones entre los partidos

Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en enero pasado.
Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en enero pasado.ANDREA COMAS / EL PAÍS

El Gobierno ha confirmado este martes que mantiene contactos con el PP para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuyo mandato caducó en diciembre de 2018. Pero la portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, apeló a la “discreción” para no concretar si las negociaciones están cerca de desembocar en un pacto. La posibilidad de una renovación próxima la había puesto sobre la mesa horas antes el propio Consejo, que suspendió en el último momento los nombramientos discrecionales que tenía previsto hacer ayer ante la “confirmación” de negociaciones entre los grupos parlamentarios.

El orden del día del pleno del Consejo incluía este martes cinco nombramientos discrecionales: tres plazas de magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo y las presidencias del Tribunal Superior de Justicia de Canarias y de la Audiencia Provincial de Ourense. Ya estaban listas las ternas y los vocales solo tenían que votar entre los candidatos preseleccionados. Pero, según fuentes presentes en la reunión, antes de abordar la primera designación, el presidente del órgano de gobierno de los jueces, Carlos Lesmes, informó a los miembros del pleno de que tenía noticias de que las negociaciones para la renovación estaban “avanzadas”, por lo que consideraba “prudente” paralizar los nombramientos.

Lesmes explicó que esas informaciones le habían llegado tanto por parte del PSOE como del PP, los dos partidos que, por número de escaños, tienen en su mano la renovación del Consejo. El pacto, según expuso el presidente, está “cercano”. El Consejo difundió una nota pública en la que explicaba que la medida se había tomado “por razones de prudencia” ante “la confirmación de la existencia de negociaciones entre los grupos parlamentarios”.

Fuentes directas de esa negociación confirmaron a EL PAÍS la existencia de conversaciones, aunque sin detallar en qué punto se encuentran, informa Javier Casqueiro. Tampoco quiso entrar en detalles la ministra portavoz, para quien “la discreción” suele ser “una herramienta de éxito” en este tipo de pactos. Montero ratificó los contactos y consideró “urgente” el acuerdo, pero insinuó que no está en manos del Gobierno. “Es un tema que requiere que haya una disposición por parte de los partidos políticos, y del principal partido de la oposición, para hacer posible el mandato constitucional que obliga a la renovación, y no favorece en nada la situación de interinidad”, afirmó. “Es obvio que para nosotros es una prioridad”, añadió la portavoz.

La decisión del Consejo de frenar las designaciones se tomó con 16 votos a favor (incluido el de Lesmes) y cinco en contra. Tres de los vocales que se opusieron anunciaron que firmarán un voto particular y explicaron, según fuentes judiciales, que si hasta ahora el Consejo ha seguido haciendo nombramientos pese a estar en funciones, no hay razón para suspenderlos ante una posibilidad de acuerdo entre partidos que nadie sabe cómo es de cierta.

En mayo pasado, ante la falta de indicios de negociaciones entre partidos, el CGPJ anunció que reactivaba las convocatorias que tenía aparcadas. Apenas dos meses después, el pleno del órgano ha vuelto a frenar las designaciones, pero de la “confianza” en una renovación próxima se ha pasado a la “confirmación” de la existencia de negociaciones.

La decisión del Consejo llega unos días después de que el presidente enviara una carta a las presidentas del Congreso y del Senado, Meritxell Batet y Pilar Llop, en la que les recuerda “la necesidad” de renovar el órgano. Era la cuarta vez que Lesmes se dirigía a ambas instituciones para pedir que cumplan la Ley Orgánica del Poder Judicial.

El freno a los nombramientos afecta de forma directa a la Sala de lo Penal del Supremo, la que juzgó el procés y a la que le correspondería analizar los futuros recursos que puedan llegar de otras causas relacionadas con el desafío independentista e incluso juicios que tengan que celebrarse en el alto tribunal, como el del expresidente catalán Carles Puigdemont si el Parlamento Europeo levanta su inmunidad. La sala cuenta ahora con 13 jueces y 11 de ellos no podrían formar parte de un tribunal en un nuevo caso relacionado con el procés porque ya han participado en decisiones relacionadas con el anterior. Por eso en la sala hay cierta urgencia en que se cubran las tres vacantes por jubilación con las que cuentan ahora. Estos nombramientos, que iban ayer en el orden del día del pleno del Consejo, están entre los que se han paralizado.

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