Interinidad institucional

La incapacidad de los partidos para acordar la renovación de los órganos constitucionales ha llevado a una situación inédita en la democracia. Desde este viernes, cuando se cumplió el mandato de nueve años del Tribunal de Cuentas, son ya cuatro los órganos caducados y condenados a la interinidad. El Defensor del Pueblo, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Tribunal Constitucional y, ahora también, el órgano fiscalizador, esperan un pacto que pocos ven posible a corto plazo y para el que la ley no ofrece alternativa. Los juristas advierten de la gravedad de la situación y del peligro de normalizarla. “Ha dejado de causar estupor y eso no es bueno”, señala Ana Aba Catoira, profesora de Derecho Constitucional de la Universidad de A Coruña.

La mayoría cualificada para renovar estos órganos que impone la Constitución estaba llamada a funcionar como un mecanismo que fomentara el acuerdo entre los grupos parlamentarios. Pero, a lo largo de la historia, se ha convertido demasiadas veces en un mecanismo de bloqueo en manos del principal partido de la oposición, sobre todo cuando es el Partido Popular el que, como ahora, ocupa este puesto. Aunque ya en anteriores ocasiones la renovación de algunos órganos ha llegado con años de retraso, nunca había ocurrido que se acumularan tantas instituciones bloqueadas y durante tanto tiempo. En el caso del CGPJ, el actual tiene ya el récord de mandato prolongado: dos años y siete meses (desde diciembre de 2018) frente al año y 11 meses del Consejo que presidió Francisco José Hernando y que, hasta ahora, era el mayor ejemplo de bloqueo.

La mayoría cualificada se ha convertido en un muro insalvable para la renovación, pero los juristas coinciden en que es una garantía de pluralidad que no debería tocarse. “El problema no es la mayoría necesaria, sino la falta de cultura democrática”, advierte Ana Carmona catedrática de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla, que califica la situación actual de “patología institucional”. “Si quien está llamado a formar parte de ese acuerdo no está dispuesto a hacer su parte, poca opción hay. Sin la voluntad del primer partido de la oposición, la renovación es imposible”.

La renovación del Defensor del Pueblo lleva pendiente desde julio 2017, todavía bajo el Gobierno de Mariano Rajoy. Un año y medio después caducó el CGPJ, cuya composición actual sigue obedeciendo al reparto parlamentario que había en 2013, cuando el PP gobernaba con mayoría absoluta; en noviembre de 2019 expiró el mandato de cuatro magistrados del Constitucional y el tribunal, con un tercio de sus miembros en funciones, ha tumbado el confinamiento decretado durante los primeros meses de la pandemia y tiene sobre la mesa la ley del aborto, la de la eutanasia, la prisión permanente revisable y el segundo estado de alarma. El fin del mandato del Tribunal de Cuentas llega ahora en plena instrucción sobre la responsabilidad contable de los líderes del procés. “La importancia de los temas que tienen pendientes complica más la renovación porque quien ahora tiene la mayoría no quiere perderla”, advierte Aba Catoira.

Aunque son cuatro los órganos pendientes de renovar, la prioridad política es el CGPJ, por su papel fundamental como poder del Estado. El Gobierno ha intentado el pacto conjunto (para renovar varios órganos a la vez) y el individual, pero ambos han chocado con los continuos cambios de condiciones impuestos por el PP para el Consejo. La última, que antes de renovarlo hay que modificar la forma de elección de los 12 vocales jueces para que sean elegidos por los miembros de la carrera judicial. Los populares aseguran que eso es lo que “exigen” los organismos europeos y lo que fija la Constitución, pero los juristas discrepan. “El modelo actual, por el que las Cámaras eligen a los 20 vocales, es plenamente constitucional”, señala la catedrática Carmona, que recuerda que el tribunal de garantías avaló esta fórmula.

El PSOE no se cierra a reformar el sistema de selección de los vocales, pero considera que el Consejo debe renovarse con la ley vigente y, una vez desbloqueado y con los cinco años de mandato por delante, plantear la reforma legal. Carmona entiende también que la “lógica jurídica” lleva a que el órgano se renueve con la norma actual, que era la que estaba en vigor cuando caducó el mandato y con la que se inició el proceso de renovación.

Otros juristas, no obstante, consideran que no hay obstáculo jurídico para cambiar la ley ahora si eso desenquistara la situación. “Valen las dos cosas. El argumento del PSOE de que ahora no se pueden cambiar las reglas del juego es una excusa formal para no tocar una ley que no quiere modificar. Pero lo mismo puede decirse del PP. Dice que Europa no permite seguir con el actual sistema de elección y eso no es verdad”, señala Agustín Ruiz Robledo, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Granada.

Los juristas si coinciden en que, aunque ahora se logre un pacto para desbloquear el Consejo, más pronto que tarde habrá que cambiar su fórmula de elección porque Europa aconseja que los jueces elijan directamente, al menos, a la mitad de vocales. “Pero eso se puede hacer de muchas formas, no implica una votación directa por parte de la judicatura”, advierte Carmona. En la búsqueda de fórmulas imaginativas que garanticen la renovación y refuercen la independencia, Ruiz Robledo propone que entre en juego el azar. “Se puede partir de la fórmula actual, y si no se consiguen los tres quintos necesarios, que se sorteen los puestos entre los vocales que hayan obtenido un número mínimo de votos de los diputados y senadores”, explica. Si se decide dejar un cupo para elección directa por parte de los jueces, debería implantarse una fórmula que garantizara la pluralidad de tendencias e impidiera que las asociaciones conservadoras, predominantes en la carrera, acapararan todos los puestos, añade el catedrático.