Vera Jourová: “El bloqueo del Poder Judicial no es ninguna amenaza para los fondos en España”

La vicepresidenta de la Comisión Europea, Vera Jourová (56 años), ha presentado este martes el segundo informe sobre el respeto al Estado de derecho en los 27 países de la Unión, un ejercicio anual que aspira a elevar el listón de exigencia en cuanto al respeto de los valores fundamentales, la independencia judicial y la pluralidad de los medios. En una entrevista con EL PAÍS y un reducido grupo de medios europeos, Jourová asegura que mantiene “un intenso diálogo con España” sobre el bloqueo político de la renovación del Consejo General del Poder Judicial, pero descarta que ese problema coyuntural pueda poner en peligro la llegada de los fondos europeos a la economía española. Nacida en la parte checa de la antigua Checoslovaquia y crecida bajo un régimen comunista, Jourová se muestra especialmente sensible ante el grave deterioro de las libertades en algunos de los países del antiguo bloque soviético, en particular en Polonia y en Hungría, donde considera que hay “problemas sistémicos” sin parangón en ningún otro socio.

Pregunta. Tras el estreno del informe del año pasado, ¿se ha visto alguna mejora respecto a las carencias que se subrayaron entonces?

Respuesta. Esta segunda edición del informe es la confirmación de ciertas tendencias en la mala dirección en algunos países. Pero en la parte positiva hay que decir que se trata de un instrumento preventivo y hemos visto reacciones positivas en algunos países. Por ejemplo, en Bulgaria, que elaboró un plan de acción para afrontar los problemas señalados en el primer informe. Con Luxemburgo hemos tenido encuentros para debatir cómo establecer un consejo del poder judicial en el país. Mantenemos un diálogo intenso con España respecto al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

P. A pesar de ese intenso diálogo con España, el segundo informe resalta los mismos problemas que el anterior. ¿Considera que España merecería la aplicación del nuevo reglamento sobre condicionalidad del Estado de derecho que permite cortar los fondos europeos?

R. No voy a hacer predicciones sobre la aplicación de la condicionalidad en ningún Estado miembro, pero honestamente no puedo ver un vínculo suficiente entre el problema que hay en España, relacionado con el Consejo del Poder Judicial, y una amenaza para la distribución del dinero europeo. Por supuesto, insistimos en el asunto del CGPJ para buscar una solución permanente, no una ad hoc. Y veo que las autoridades españolas están trabajando en ello, aunque naturalmente siempre debemos tomar en consideración la realidad política y la división de poderes que está en el origen del bloqueo a una solución para el Consejo en España.

P. ¿Qué vínculo hay entre el informe publicado este martes y la aplicación del reglamento para el recorte de fondos?

R. El reglamento da por descontado un análisis en profundidad de cada país, para evaluar si hay violaciones del Estado de derecho que puedan poner en peligro la distribución justa de los fondos europeos. Ese análisis no aparece en los informes de hoy. Pero estos informes son una importante fuente de información, muy útil para la evaluación que haremos sobre la base del reglamento de condicionalidad. Pero no será la única. Habrá otras fuentes como la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude, la Fiscalía europea o los informes Greco [del Consejo de Europa, sobre corrupción].

P. El Constitucional polaco dictaminó la semana pasada que las medidas cautelares del Tribunal de Justicia europeo que suspenden parte de la reforma judicial en ese país no son aplicables. ¿Qué va a hacer la Comisión ante ese desacato?

R. Este martes enviamos una carta a Polonia, concediéndole un mes para que confirme que van a respetar las decisiones del Tribunal de Justicia europeo, frenando la actividad de la cámara disciplinaria [cuestionada por la Comisión]. Somos conscientes de que si responden que sí, estarían incumpliendo la decisión de su Tribunal Constitucional. Pero debemos actuar porque es enormemente importante que el sistema funcione y un elemento esencial del sistema es que se respeten las decisiones del Tribunal europeo.

P. ¿Y si responden que no?

R. Pedimos que respondan antes del 14 de agosto. Si la respuesta no es satisfactoria o si vemos actividad en la cámara disciplinaria pediremos al tribunal europeo que imponga sanciones financieras, con una multa o con multas diarias. No habíamos actuado antes porque la cámara disciplinaria había parado su actuación, pero cuando hemos visto que planeaba retomar los trabajos en septiembre, hemos reaccionado.

P. La Comisión tardó un año en reaccionar a una sentencia del Constitucional alemán que en mayo de 2020 también se desmarcó del tribunal europeo. ¿No teme que la rapidez frente a Polonia alimente las quejas de ese país y de Hungría de que la Comisión actúa con doble rasero?

R. Durante todo el año que pasó entre la sentencia del Constitucional alemán y la apertura de nuestro expediente estuvimos en contacto permanente con las autoridades alemanas, que estaban buscando con gran interés una solución a la situación creada por la sentencia del Karlsruhe [sede de la corte alemana]. Y es una costumbre no escrita de la Comisión no empezar un procedimiento de infracción cuando hay un diálogo abierto y se ve una gran voluntad del Estado en reparar la situación. Abrimos el expediente cuando ya no oímos ninguna propuesta de Alemania para resolver la situación. Además, la decisión del tribunal alemán puede tener graves y peligrosas consecuencias a largo plazo, por el riesgo de que se repita en otros Estados miembros. De ahí nuestro expediente. Pero la decisión del Constitucional polaco es otra medida negativa en una secuencia muy problemática y confusa de la situación del sistema judicial en Polonia. No puede sorprender que reaccionemos rápido. Nos jugamos mucho. Y la sentencia polaca puede tener consecuencias desde el primer día, no a largo plazo como la alemana.

P. Aparte de Polonia y Hungría, ¿ve algún otro país donde la calidad del Estado de derecho se esté deteriorando peligrosamente?

R. Mencionaría a Eslovenia, por el trato a los medios de comunicación. Hay un problema, en concreto, con la financiación de la agencia de prensa eslovena. Debemos respetar a los medios porque son una parte indispensable de nuestro sistema democrático. Hemos detectado problemas también en países como Malta o Rumanía. Pero en estos momentos no veo ningún país donde los problemas sean comparables a lo que acontece en Polonia y Hungría. En Polonia y Hungría tenemos un problema de naturaleza sistémico, y además con un carácter acumulativo que afecta a numerosas áreas. No creo que exista algo parecido en ningún otro Estado miembro aunque en alguno veamos tendencias negativas y por eso reaccionemos de manera inmediata ante problemas específicos. Porque siempre es mejor prevenir que reparar.