Bruselas reclama a España la renovación urgente del Poder Judicial

La Comisión Europea somete a examen por primera vez la calidad del Estado de derecho de los socios de la UE. La evaluación sobre España, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, resalta con el habitual lenguaje diplomático el bloqueo del Poder Judicial. Y deja además un aguijonazo sobre la Fiscalía: subraya la “relación” entre el Ejecutivo y la Fiscalía General del Estado por su régimen de nombramiento, el periodo de su mandato y el sistema de comunicación con el Ministerio de Justicia. El informe ni siquiera menciona el conflicto catalán ni las actuaciones judiciales contra el Ejecutivo de Carles Puigdemont o el ya expresidente Quim Torra.

Bruselas publicará este miércoles el informe sobre España y el resto de países tras un acalorado debate previo sobre los puntos más conflictivos que afectan a algunas capitales. Polonia y Hungría son los países más zarandeados. España, en cambio, supera con holgura un examen que se repetirá anualmente para detectar cualquier deriva antidemocrática entre los socios. Aun así, el documento sí señala varias flaquezas del Estado de derecho español: en especial la falta de renovación del órgano de gobierno de los jueces, pendiente desde diciembre de 2018, y el vínculo entre el Gobierno y la Fiscalía General del Estado.

El texto arranca exponiendo que el sistema judicial español “afronta desafíos en lo relativo a su eficiencia, con una creciente duración de los procesos judiciales”. Pero de inmediato se centra en lo más espinoso: “La situación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) es otro reto, en particular porque todavía no se ha procedido al nombramiento de sus nuevos miembros”. Frente al interminable bloqueo político, Bruselas recuerda que las asociaciones profesionales han hecho continuos llamamientos a su renovación, y que el Consejo de Europa ha remarcado una y otra vez la “importancia” de asegurar que no sea percibido como un órgano “vulnerable a la politización”. Las críticas de la Comisión coinciden con la presión ejercida por la mayoría de los partidos sobre el PP por el bloqueo en varias instituciones, entre ellas el CGPJ.

Esa presión se redobló el martes en el Congreso: las formaciones nacionalistas aprovecharon la resaca de la sentencia sobre la inhabilitación de Torra y la coincidencia con la exculpación a la cúpula de Bankia para subrayar que en España “la justicia no es igual para todos” y para relacionar esa situación con el bloqueo por parte del PP y el resto de la derecha de la renovación del Poder Judicial en su beneficio, para tapar sus casos de corrupción. La izquierda parlamentaria disparó también por ese flanco: Gerardo Pisarello (En Comú Podem) aseguró que el Poder Judicial está “secuestrado por la derecha”, informa Javier Casqueiro. “Parece que si la derecha no gana las elecciones secuestra las instituciones”, reprochó la portavoz socialista, Adriana Lastra.

Pero las críticas en Bruselas van más allá del Poder Judicial. El informe elaborado por el Ejecutivo comunitario considera muy mejorable el sistema de nombramiento del fiscal general del Estado, en manos actualmente de la exministra socialista Dolores Delgado. Bruselas pone el énfasis en que “la coincidencia del periodo de mandato” del Gobierno y la Fiscalía pueden “afectar a la percepción de independencia”. Y aboga por mayor transparencia en las relaciones entre la Fiscalía y el Ministerio de Justicia al recordar que la legislación no obliga a hacer públicas sus comunicaciones.

Bruselas resalta asimismo que la ciudadanía percibe una generalización de la corrupción en las instituciones, con cifras en las encuestas muy superiores a la media europea. Pese a admitir que España ha mejorado, echa en falta una estrategia para combatirla y critica la falta de coherencia en las normas sobre divulgación de patrimonio que han adoptado los diferentes niveles de Administración. La Comisión destaca que la libertad de prensa está protegida por ley, pero cree que debería haber más medidas de transparencia sobre la propiedad de los medios de comunicación impresos; apunta que la cárcel “es una de las sanciones previstas por grave difamación contra algunos miembros de la familia real”, y recoge las agresiones a periodistas en los últimos tiempos o “los obstáculos al acceso efectivo a la información, como la denegación selectiva de la acreditación de medios por parte de un partido político [en referencia a Vox]”.

Respuesta de 100 páginas

La primera revisión de ese informe coincidió con algunas de las fases más agudas del procés y con el encarcelamiento de los principales líderes independentistas. El texto, sin embargo, no hace una sola alusión al conflicto catalán ni a su desenlace judicial. Fuentes españolas atribuyen ese silencio a que los organismos comunitarios “entienden ahora mejor lo ocurrido en 2017 [con la declaración unilateral de independencia] y respetan la actuación de España”.

Las mismas fuentes recuerdan que esa evaluación estuvo precedida por un amplio ejercicio de revisión y demanda de información. España remitió más de 100 páginas en respuesta a las preguntas planteadas por los departamentos de la vicepresidenta Vera Jourová y el comisario de Justicia, Didier Reynders. Pese a que el examen no ha finalizado y pasará ahora al Consejo, fuentes de La Moncloa creen que la evaluación se superará sin mayores problemas: el foco está sobre el Este, y en especial sobre Polonia y Hungría, que han dado auténticos golpes de mano políticos en sus tribunales.