El ministro de Justicia advierte a Lesmes: “El Consejo General del Poder Judicial está en descomposición”

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha afirmado este lunes que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) está “en descomposición” y que debería medir sus actos porque estos “tienen incidencia”. Así se ha pronunciado en una entrevista en RNE en la que ha confirmado que el Gobierno intentó aplazar el acto de entrega de los despachos a los nuevos jueces, celebrado el pasado viernes en Barcelona, y que el presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, se negó a hacerlo. Sin embargo, un portavoz del CGPJ ha asegurado a EL PAÍS que no hubo ninguna llamada a Lesmes pidiendo retrasar el acto de Barcelona. El ministro ha reconocido además que la inminencia de la publicación de la sentencia sobre la inhabilitación del presidente de la Generalitat, Quim Torra, y la cercanía del tercer aniversario del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017, “desaconsejaban” la presencia del rey Felipe VI en el acto.

Campo ha achacado al Partido Popular su falta de voluntad para renovar el órgano de gobierno de los jueces. “No se puede ser constitucionalista a tiempo parcial”, ha echado en cara a los populares. El ministro ha recordado que el acuerdo para la renovación del CGPJ estaba cerrado “a un 99%” y que solo faltaba su “exteriorización pública”, que finalmente no se produjo. “El señor Casado ha vuelto a estropear ese reloj de la democracia que se vivifica con la renovación de órganos constitucionales”, ha señalado. El actual consejo, conformado en diciembre de 2013, cuando Mariano Rajoy gobernaba con mayoría absoluta, cuenta con 11 miembros propuestos por el PP, siete por el PSOE, uno por Izquierda Unida, y otro por el PNV, una composición que se aleja del actual reparto de fuerzas en el Congreso de los Diputados.

El ministro ha catalogado de “desfachatez” que algunos partidos de la oposición consideren que la decisión de aprobar los indultos a los presos del procés ya está tomada, y ha considerado natural la tramitación de las peticiones de perdón de la pena. “Lo que sería absolutamente aberrante es que no se tramitaran”, ha comentado el ministro, que ha recordado que se presentan 2.000 peticiones de indulto anualmente y que ahora mismo se encuentran en trámite 4.000, por lo que existe “un gran volumen de atraso”.

Para Campo, la acusación al Gobierno de que la decisión ya está tomada es “no creerse el estado de derecho”. “Hay que ser arrogante para decir que les importa un pepino lo que diga el tribunal sentenciador y la Fiscalía informante o los actores perjudicados, me parece un ejercicio muy censurable”, ha declarado.

Campo no ha querido desvelar que tipo de intervención llevaría a cabo el Gobierno en la Comunidad de Madrid si el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso no acepta las recomendaciones del ministerio de Sanidad, que pidió el pasado viernes cerrar las ciudades con más de 500 casos de la covid-19 por cada 100.000 habitantes. “Prefiero quedarme con la idea de que todavía tenemos la gran oportunidad de que esas recomendaciones a la Comunidad de Madrid sean atendidas para vencer al virus”, ha señalado. Con todo, ha reconocido la posibilidad de tomar acciones legales aunque considera que es “una mala salida judicializar una lucha colectiva”, y ha apostado por seguir en la “cogobernanza” y la “actuación conjunta” para vencer al virus. “El Gobierno tiene la obligación de velar no sólo por la seguridad, que por supuesto la tiene, sino por la convivencia”, ha concluido.

Críticas de asociaciones de juristas de izquierda al CGPJ

Entidades y organizaciones de juristas de izquierda de toda España han denunciado la “falta de legitimidad” del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para nombrar a la cúpula del Supremo. Las entidades, formadas por jueces, abogados y funcionarios, declaran que el Congreso de los Diputados recoge “una diversidad ideológica” que no está reflejada en la composición del órgano de gobierno de los jueces.

En un comunicado emitido este lunes ―firmado por más de diez entidades como la Asociación Libre de Abogados Abogadas de Madrid (ALA), la asociación de jueces Àgora y otras organizaciones de Andalucía, Aragón, País Vasco y Galicia― exponen que el actual CGPJ tiene el mandato caducado desde hace más de un año y medio, un hecho que “pone en duda la legitimidad de los nombramientos que se van a producir esta semana”.

En la misiva, las asociaciones progresistas solicitan al CGPJ que deje de actuar con “abuso de derecho” e instan a que se evite el “descrédito” que supondría el nombramiento de altos cargos de la Magistratura, ya que, a su parecer, eso “erosionaría indudablemente" el sistema de representación política consagrado en la Constitución Española para el CGPJ como poder del Estado.