Poder Judicial

El PSOE y Unidas Podemos buscan fórmulas para renovar el Poder Judicial sin el PP

Los socialistas pretenden una mayoría parlamentaria alternativa y los de Iglesias, que el consejo cese cuando expire el mandato

El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, interviene en presencia del Rey, en el acto de apertura del año judicial, el pasado 7 de septiembre.
El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, interviene en presencia del Rey, en el acto de apertura del año judicial, el pasado 7 de septiembre.J.J. Guillén / EFE

El rechazo del PP a renovar el Poder Judicial aboca al actual órgano de gobierno de los jueces a la interinidad. El partido de Pablo Casado es el único beneficiario de prolongar la mayoría conservadora del actual Consejo y los dos partidos del Gobierno empiezan a buscar fórmulas para sortear la necesidad de contar con el PP para la renovación. El PSOE aspira a armar una mayoría parlamentaria alternativa, una ecuación casi imposible, mientras que Unidas Podemos está dispuesto a aprobar una reforma legal que implique que el Consejo cese una vez que caduque su mandato y aplicarla con efecto retroactivo sobre el órgano actual.

La reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial para modificar la forma de elección de los vocales del consejo es una demanda compartida por la mayoría de los partidos, aunque cada uno con fórmulas distintas. Ciudadanos es el que más claro ha dejado su propuesta: en febrero pasado registró una proposición de ley orgánica que contempla, entre otros cambios, la principal exigencia del partido de Inés Arrimadas para sentarse a negociar la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ): que los 12 vocales del cupo de jueces sean elegidos directamente por los miembros de la carrera judicial.

El PSOE se ha mostrado abierto a reformar la ley, pero solo una vez que se renueve, con la norma vigente, el actual consejo. Con todo, los cambios que se plantean los socialistas no van en el sentido de dejar en manos de los jueces la elección de la mayoría del consejo, como pide Cs, sino de mantener la decisión en el ámbito parlamentario aunque con modificaciones en el actual sistema. Fuentes del Ministerio de Justicia señalan que, en las negociaciones mantenidas con el PP, se han puesto sobre la mesa “distintas propuestas”. Entre ellas, la creación de “comisiones de selección” compuestas por juristas independientes que hagan una preselección de candidatos en función de sus méritos.

El PSOE considera que esta fórmula puede ser una opción intermedia entre la regulación actual y la propuesta de Ciudadanos con la que podrían intentar convencer a esta formación para sentarse a negociar la renovación del órgano que preside Carlos Lesmes. Fuentes de Cs señalan, sin embargo, que en la reunión que mantuvo Arrimadas el pasado 2 de septiembre con el presidente del Gobierno no se habló de esta propuesta y que el partido no contempla apoyar nada que no pase porque sean los jueces quienes elijan a sus representantes en el CGPJ.

Apoyos alternativos

El hecho de que el PSOE busque el apoyo de Cs revela ya un cambio de estrategia por si se constata que la negociación con el PP está definitivamente rota. La renovación del Consejo requiere el apoyo de tres quintos de los miembros del Congreso y del Senado, que en el caso de la Cámara baja suponen 210 diputados. Populares y socialistas suman 208, por lo que la renovación estaría más que garantizada solo con el apoyo del otro partido del Gobierno, Unidas Podemos. Y en ese escenario, el voto de los 10 diputados de Ciudadanos resultaba prescindible. Pero tras la decisión del partido de Casado de apearse de la negociación, los socialistas empiezan a plantearse otras salidas, aunque la dificultad de llevarlas a cabo sigue dejando abierta la posibilidad de pactar con el PP como principal objetivo.

El presidente del Gobierno aseguró la semana pasada en una entrevista en TVE que el Ejecutivo buscará “mayorías parlamentarias” alternativas para desbloquear el Consejo y el resto de órganos constitucionales con el mandato vencido (entre ellos, el Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo y el consejo de administración de RTVE). En el caso del Poder Judicial, los 210 votos necesarios son justo la suma de todos los diputados del pleno sin contar con el PP (88 escaños) y Vox (52), lo que hace casi imposible la operación porque obligaría a contar incluso con los dos escaños de Navarra Suma, la coalición integrada por Unión del Pueblo Navarro, Cs y el PP de esa comunidad.

El PSOE no se plantea por ahora reformar la ley para desenquistar la situación, bien con modificaciones que atraigan el voto de otros partidos como Cs, o bien con cambios que permitan por otras vías desbloquear la renovación. Pero esta sí es la opción por la que aboga ahora Unidas Podemos, que está dispuesto a presentar una proposición de ley que cambie las reglas actuales para impedir que el PP pueda seguir bloqueando el consejo.

Propuesta de Unidas Podemos

La propuesta incluye el cese del CGPJ una vez que expire el mandato, como ocurre con la Comisión Nacional del Mercado de Valores, y aplicar esta norma de forma retroactiva, lo que implicaría el cese del consejo actual que preside Lesmes. Fuentes de Unidas Podemos aseguran que esta propuesta ya es conocida por el PSOE, aunque ambos partidos no se han sentado a debatirla. La intención del grupo de Iglesias es hacerlo e intentar ir de la mano en la reforma legal. El PSOE por ahora aspira a renovar el Consejo con la ley vigente, pero las fuentes consultadas no descartan estudiar otras opciones si el bloqueo persiste.

La propuesta de reforma legal que plantea Unidas Podemos es la más drástica que hay sobre la mesa. El grupo pretende cambiar el sistema de elección de los vocales y la duración del mandato y que algunas modificaciones se apliquen con carácter retroactivo para forzar la renovación del órgano. “Ante la actitud del PP, que está intentando apoderarse del Poder Judicial, hay que buscar fórmulas para el desbloqueo”, señala Enrique Santiago, portavoz adjunto de Unidas Podemos.

La iniciativa contempla el cese de los vocales y el presidente del Consejo cuando se cumplan los cinco años de su mandato, una medida que se aplicaría ya al Consejo vigente. Mientras se nombra uno nuevo, las decisiones de gestión del día a día de la carrera judicial quedarían en manos del Ministerio de Justicia, mientras que los nombramientos discrecionales realizados por el órgano mientras ha estado en funciones (más de medio centenar) tendrían que ser revalidados por el siguiente consejo. Su propuesta, explica Santiago, prevé también que para elegir a los 12 vocales del cupo de jueces no hagan falta tres quintos de los votos de las Cámaras sino solo mayoría simple, lo que facilitaría la renovación sin el PP.

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