La Fiscalía denuncia que el novio de Ayuso ocultó al Supremo un correo con su confesión

La teniente fiscal del Tribunal Supremo, personada en la causa abierta contra el fiscal general del Estado por un supuesto delito de revelación de secretos, ha presentado un escrito en el que se adhiere a los recursos de la Abogacía del Estado impugnando el procedimiento. Lo hace, según explica en su escrito, “dado que hasta el presente momento procesal no se ha obtenido, a pesar de la exhaustiva investigación, ninguna prueba que permita atribuir a ninguno de los investigados [el fiscal general, Álvaro García Ortiz, y la fiscal provincial, Pilar Rodríguez] el delito de revelación de secretos”. La Fiscalía del Supremo recuerda que el documento reservado “presuntamente divulgado por los investigados estaba en poder de diversos medios de comunicación con anterioridad a que dichos investigados tuvieran conocimiento del mismo”. Esta circunstancia, según la Fiscalía del Supremo, “minimiza el hipotético éxito de las diligencias aún pendientes de cumplimentar”.

La causa contra el fiscal general abierta en el Supremo tiene su origen en la querella presentada por Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, quien denunció que desde la Fiscalía se había filtrado un correo electrónico que vulneraba su derecho de defensa. El correo fue enviado por su abogado a la fiscalía de delitos económicos de Madrid el 2 de febrero de 2024 admitiendo en nombre de su cliente que se habían cometido dos delitos fiscales —declaró durante dos ejercicios consecutivos gastos inexistentes por 1,7 millones de euros a través de una decena de facturas falsas para ahorrarse el pago de 350.000 euros— y ofreciendo el abono de una multa a cambio de ver reducida la pena de cárcel de al menos dos años a solo ocho meses, con lo que evitaría el ingreso en prisión.

El juez Ángel Hurtado, instructor de la causa, aún no ha encontrado la prueba de esos hechos que denuncia González Amador y ha descartado todos los testimonios que sostienen que varios medios de comunicación conocieron el secreto antes de que lo pudiera divulgar el fiscal general del Estado.

La Fiscalía del Supremo destaca en su último escrito una novedad que, según sostiene, puede dar un giro a la investigación. El abogado del novio de Ayuso no solo envió a la fiscalía de delitos económicos de Madrid su propuesta de conformidad con la confesión del delito, sino que lo hizo, el mismo día 2 de febrero de 2024, a un abogado del Estado. Esa institución no estaba personada en la causa en esa fecha. Sin embargo, en la querella presentada por González Amador se oculta este detalle. La Fiscalía concede a esta circunstancia una “indudable trascendencia” porque “en la querella y sucesivos escritos procesales” de la pareja de Ayuso, “no se ha hecho referencia a que un correo similar, o idéntico, al enviado a la fiscalía había sido remitido el mismo día a la Abogacía del Estado, lo que debería ser objeto de explicación”. La Fiscalía del Supremo pide ahora incorporar ese correo a la causa. La Abogacía del Estado, defensora de los dos fiscales imputados, sostiene en uno de sus recursos que el hecho de que el novio de Ayuso enviara su propuesta de pacto de conformidad con la confesión de culpa a un abogado del Estado “ahonda en el nulo valor confidencial o de naturaleza reservada que se le otorga al contenido del correo de 2 de febrero incluso por el propio abogado de González Amador, pues en esa fecha la Abogacía del Estado aún no podía ser parte de actuación alguna, ni ningún integrante de la misma podría ser formalmente responsable de expediente alguno, dado que no fue invitada a personarse sino después de todos los hechos controvertidos”.

La Abogacía del Estado encargó un informe pericial para acreditar ante el Tribunal Supremo que ese correo del 2 de febrero nunca fue reenviado por el abogado del Estado que lo recibió y, por tanto, no puede ser sospechoso de su filtración.

La filtración del correo del 2 de febrero es la base principal de la acusación contra el Fiscal General del Estado que sostiene el juez Instructor, quien ha llegado a sugerir en sus resoluciones que la revelación de ese secreto solo pudo realizarse por Álvaro García Ortiz y en la noche del 13 de marzo. La Fiscalía del Supremo pide incorporar al sumario ese correo clave en la investigación del delito que fue reenviado poco después, pero el mismo 2 de febrero por el abogado del novio de Ayuso a otro destinatario diferente ajeno a las diligencias de investigación, lo que supondría que en ese momento se estaba rompiendo la supuesta confidencialidad en las relaciones entre su abogado y la fiscalía, según la tesis de la Abogacía del Estado. Fuentes de la defensa de ambos fiscales insisten en que los nuevos datos demuestran que González Amador ha engañado reiteradamente al Supremo haciéndole pensar que solo la Fiscalía podía tener los correos o la información, cuando en realidad fue el novio de Ayuso quien manipuló a la opinión publica filtrando otro correo e información parcial y tergiversada del procedimiento.