Pedro Sánchez asegura que tenía cerrada con Casado “al 99%” la renovación del Poder Judicial

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha revelado este lunes que tenía cerrado un pacto con el líder del PP, Pablo Casado, “prácticamente al 99%” para la renovación de instituciones el pasado mes de agosto, después de que EL PAÍS adelantara que Casado le confirmó en un whatsapp su voluntad de acuerdo. “Puedo confirmar que esos contactos se produjeron en agosto. Los acuerdos habían fructificado al 99%. Incomprensiblemente, el PP en agosto rompió esos acuerdos, tendrá que explicarlo. Creo que las instituciones necesitan una dosis extra de legitimidad”, ha señalado el presidente del Gobierno en una entrevista en La Hora de la 1, de TVE. Sánchez se ha mostrado convencido de que logrará aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y ha considerado “inimaginable” no contar con una mayoría parlamentaria para aprobar unas cuentas que son la principal arma para la recuperación económica.

El presidente del Gobierno ha apostado por articular mayorías parlamentarias con otras formaciones “dado que el PP se autoexcluye”. “Este país demanda que, con independencia del proyecto que planteemos en este momento de extraordinaria dificultad, se planteen proyectos incluyentes”, ha añadido.

El PP se echó atrás en la negociación justo cuando su exportavoz, Cayetana Álvarez de Toledo, desvelaba que el acuerdo era inminente y lo vinculaba a su destitución, el 17 de agosto. El PP, que no admite que el pacto estuviera tan cerrado aunque sí la intención inicial, asegura que lo que cambió es la actitud de Unidas Podemos en agosto, cuando estalló el escándalo por la salida del rey Juan Carlos de España ante las noticias sobre sus cuentas opacas. Y niega rotundamente que las declaraciones de Álvarez de Toledo tuvieran ninguna relevancia en la decisión, que ya estaba tomada antes de la destitución, según fuentes de este partido. Pero varias fuentes, tanto del PSOE como otras del PP, creen que sí fueron definitivas porque dejaban al líder en un lugar delicado.

El PP ha hecho público un comunicado en el que da detalles para desmentir la idea de que la destitución de Álvarez de Toledo tuviera relación con la marcha atrás. El texto señala que Casado comunicó a Sánchez el cambio el 14 de agosto, tres días antes de la destitución de la portavoz. El comunicado admite el whatsapp inicial y la negociación y explica el cambio: “El 3 de agosto, la Casa Real anunció la salida de España del Rey Don Juan Carlos, lo que motiva un intolerable ataque del vicepresidente segundo del Gobierno al Rey Don Felipe. El líder de la oposición no fue en ningún momento informado por el presidente del Gobierno, y transmitió a Moncloa que el pacto de renovación institucional no podía avanzar con el Gobierno arremetiendo contra la Jefatura del Estado. El 11 de agosto, Podemos fue imputado por financiación irregular mientras intensificaba sus críticas al Poder Judicial, a la Monarquía, y pedía un gobierno con Bildu en el País Vasco y un pacto presupuestario con Esquerra a cambio de retomar la mesa de autodeterminación de Cataluña. Por todo ello, el 14 de agosto Pablo Casado transmitió al Gobierno, a través de una reunión presencial de sus interlocutores, que no se podía acordar la renovación de las instituciones del Estado si Podemos tenía cualquier papel en ella. El 2 de septiembre, el presidente del Partido Popular se lo comunicó personalmente al presidente del Gobierno en la Moncloa y lo hizo público en una larga comparecencia de prensa”, señala el PP.

Durante la entrevista, el presidente del Gobierno también ha confirmado que sigue adelante en su intención de reformar el delito de sedición, como adelantó EL PAÍS, y ha pedido “empatía” con la sociedad catalana. “El objetivo que tiene este Gobierno es que se mantiene nuestro compromiso de actualizar, modernizar y revisar, vía modificación del Código Penal, estos delitos. Es un compromiso de investidura y se va a mantener”, se ha reafirmado. Sánchez también ha anunciado que tiene previsto hablar esta semana con el presidente de la Generalitat Quim Torra para fijar la fecha para volver a reunir la mesa de diálogo con el Ejecutivo catalán.

Sobre impuestos, ha reiterado que España recauda menos que la media de la UE: la presión fiscal española es del 36% del PIB, siete puntos menos (equivalentes a unos 75.000 millones menos) que la media europea y de la OCDE. “La crisis ha enseñado que debe salir con un Estado del bienestar más fuerte. El PIB va a caer este año. Para temas como la reforma fiscal que necesita el país debemos amoldar nuestros objetivos a la coyuntura económica”, dijo.

Podemos subrayó la semana pasada que hay que cumplir el acuerdo de coalición, que incluye varias subidas de impuestos (básicamente de Sociedades para las grandes empresas y del IRPF para las rentas altas). Pero Sánchez trata de atraer a Ciudadanos al pacto presupuestario y Hacienda no pretende subir impuestos mientras dure la crisis. El Ejecutivo incluso ha puesto sobre la mesa bajadas fiscales selectivas para el sector turístico y en las tasas aeroportuarias, en una negociación clave tanto para facilitar la llegada de los 140.000 millones de los fondos europeos como para el devenir de la legislatura.