Todo empezó en julio. Juan Carlos Campo, ministro de Justicia, y Enrique López, encargado del PP de esta área, ya habían hablado mucho de renovar el Consejo General del Poder Judicial. Esta vez sí parecía que había agua. Así que Pedro Sánchez escribió a Pablo Casado, con el que tiene más contacto discreto del que parece. Le envió un WhatsApp preguntándole si era cierta esa posibilidad de acuerdo. Casado le contestó por la misma vía que sí, que quería un pacto para renovar todos los órganos constitucionales, según fuentes de la negociación. En agosto había principio de acuerdo con algunos nombres. Pero Casado se echó atrás.

Esta vez iba en serio. Después del intercambio de mensajes con el presidente, Casado designó una persona de su máxima confianza, que no era Enrique López, para cerrar los detalles con La Moncloa. Una negociación directa y discreta entre los dos líderes y sus entornos, para que luego remataran Campo y López.

Desde ese momento, en la semana del 20 de julio, todo fue bien. El acuerdo era inminente. Además de las reuniones preparatorias de Campo y López, hubo hasta 12 contactos telefónicos en julio y agosto entre los equipos de Casado y Sánchez. Y tres reuniones presenciales, todo con gran discreción. Hubo muchos contactos a todos los niveles.

En agosto se llegó a un principio de acuerdo sobre todo: renovación del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional, del consejo de RTVE y del Defensor del Pueblo. Con algunos nombres ya encima de la mesa, según estas fuentes. Solo faltaba rematarlo con todos los detalles. Pero Casado, justo después de que Cayetana Álvarez de Toledo desvelara el día de su destitución, el 17 de agosto, que el pacto estaba ultimado, se echó para atrás.

El PP, que no admite que el pacto estuviera tan cerrado aunque sí la intención inicial, asegura que lo que cambió es la actitud de Unidas Podemos en agosto, cuando estalló el escándalo por la salida del rey Juan Carlos de España ante las noticias sobre sus cuentas opacas. Y niega rotundamente que las declaraciones de Álvarez de Toledo tuvieran ninguna relevancia. Pero varias fuentes tanto del PSOE como del PP creen que sí fueron definitivas porque dejaban al líder en un lugar delicado.

El PP ha hecho público hoy un comunicado en el que dá detalles para desmentir la idea de que la destitución de Álvarez de Toledo tuviera relación con la marcha atrás. El texto señala que Casado comunicó a Sánchez el cambio el 14 de agosto, tres días antes de la destitución de la portavoz. El comunicado admite el whatsapp inicial y la negociación y explica el cambio: “El 3 de agosto, la Casa Real anuncióla salida de España del Rey Don Juan Carlos, lo que motiva un intolerable ataque del vicepresidente segundo del Gobierno al Rey Don Felipe. El líder de la oposición no fue en ningún momento informado por el presidente del Gobierno, y transmitió a Moncloa que el pacto de renovación institucional no podía avanzar con el Gobierno arremetiendocontra la Jefatura del Estado. El 11 de agosto, Podemos fue imputado por financiación irregular mientras intensificaba sus críticas al Poder Judicial, a la Monarquía, y pedía un gobierno con Bildu en el País Vasco y un pacto presupuestario con Esquerra a cambio de retomar la mesa de autodeterminación de Cataluña. Por todo ello, el 14 de agosto Pablo Casado transmitió al Gobierno, a través de una reunión presencial de sus interlocutores, que no se podía acordar la renovación de las instituciones del Estado si Podemos tenía cualquier papel en ella. El 2 de septiembre, el presidente del Partido Popular se lo comunicó personalmente al presidente del Gobierno en la Moncloa y lo hizo público en una larga comparecencia de prensa”, señala el PP.

Casado ha dejado muy claro, tanto en público como en privado, a través de su equipo —el último contacto con La Moncloa fue el 31 de agosto— que el pacto es inviable mientras esté Unidas Podemos en el Gobierno. En la rueda de prensa del miércoles, el líder del PP señaló que las cosas habían cambiado en agosto por la actitud de Unidas Podemos. Desde la salida de Juan Carlos I y la imputación del partido por una denuncia sobre supuesta financiación irregular, Pablo Iglesias ha atacado a la justicia y la Monarquía de una forma inasumible para el PP, señalan en este partido.

Sin embargo, Iglesias está en el Ejecutivo desde enero y siempre ha mantenido una posición crítica con los escándalos de Juan Carlos I y dura con la justicia, hasta el punto de que hubo un reproche del Consejo General del Poder Judicial, y el PP negoció el acuerdo en julio y agosto.

¿Qué ha cambiado? Según la versión oficial del PP, que Unidas Podemos ha endurecido su postura y se lo ha puesto muy difícil a Casado. Según algunas fuentes de este partido, que el jefe de la oposición se vio desnudo ante el sector más duro, sobre todo mediático, después de que su portavoz desvelara el acuerdo, y tuvo que dar marcha atrás.

Es algo que ya sucedió en el anterior acuerdo, en 2019. Cuando se conoció el pacto, Casado sufrió críticas muy fuertes de la derecha. Ya estaba pensando en dar marcha atrás, como le pedían en su entorno, pero no fue necesario: el propio juez Manuel Marchena, el presidente del Poder Judicial que habían pactado Sánchez y Casado, renunció a la batalla al publicarse un mensaje del portavoz del PP, Ignacio Cosidó, en el que le contaba a sus senadores que con Marchena el PP iba a “controlar la sala segunda por detrás”. El pacto se fue al garete y los más duros del PP respiraron tranquilos. El negociador de entonces de los populares, Rafael Catalá, quedó achicharrado internamente.

Gran discreción

Esta vez, Sánchez y Casado llevaban la negociación con gran discreción, pero informaron a Carlos Lesmes, presidente del Poder Judicial, un conservador que presiona hace meses para que se renueve un órgano que en diciembre cumplirá dos años fuera de plazo, el récord hasta ahora. El anterior también fue con el PP en la oposición: dos años de bloqueo. Algunas fuentes consultadas señalan que a este ritmo el PP ya se habrá apropiado por la puerta de atrás de un mandato entero del Poder Judicial —cinco años— con una mayoría que según la Constitución no le correspondía.

En el pleno del Consejo General del Poder Judicial del 28 de julio, Lesmes les dijo a sus 20 miembros: “Tengo información certera de ambas partes de que es inminente el acuerdo. Por eso creo que lo mejor es aplazar los nombramientos”, según fuentes del CGPJ.

Llevaban parados desde enero, cuando hubo un primer intento de acuerdo entre Campo y López. Los consejeros tenían la previsión de que el pacto se anunciaría a finales de agosto, ellos estarían aún en la apertura del año judicial —que se celebra este lunes— y después serían renovados. Varios consejeros detectaron este verano movimientos de todo tipo para la renovación, con el secretario general del PP, Teodoro García Egea, también encima de la negociación de nombres. Pero la marcha atrás de Casado deja las cosas en una situación compleja. Lesmes ha propuesto retomar los nombramientos pendientes desde hace casi un año. Hay tres vacantes esperando en la trascendental sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Es la que juzga el procés y todos los grandes casos de corrupción, desde Urdangarín a Rato pasando por Gürtel. Y empieza a tener problemas para componer salas cuando hay recusaciones, que es casi siempre. Ahora mismo, si Carles Puigdemont volviera a España, tendrían problemas para componer una sala que lo juzgara. Desde noviembre de 2019, ya hay 29 candidatos examinados por el CGPJ para esas vacantes.

Si el bloqueo sigue y vuelven los nombramientos, el sector conservador podrá controlarlos. Aunque necesitará 13 votos, con lo que los progresistas podrían bloquear alguno. En el mundo judicial, donde se han producido las presiones más intensas para que Casado renovara los órganos constitucionales, casi nadie cree que el líder del PP vaya a mantener otros tres años largos el bloqueo, como se deducía de sus palabras el miércoles —dijo que no habrá renovación mientras Unidas Podemos tenga algo que ver en ella, por tanto mientras esté en el Gobierno—. Pero después de dos fiascos seguidos con el mismo recorrido —acuerdo discreto, revelación, presión de la derecha, marcha atrás— nadie se atreve ya a hacer apuestas.