El PP facilita la renovación del Poder Judicial al aceptar el modelo vigente

El PP ha aceptado desbloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sin pedir el cambio de la ley para que todos los miembros de ese órgano sean elegidos por los jueces y no que una parte de la elección sea fruto de los pactos entre partidos. Los populares aceptan el modelo vigente. La reanudación del diálogo se ha producido a finales de julio. El cierre del acuerdo puede llegar en septiembre si ningún acontecimiento político lo impide: la convocatoria de las elecciones en Cataluña para el mes de octubre podría ser un elemento distorsionador en las conversaciones entre PSOE y PP.

El paso más importante para afrontar la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que los dos principales partidos inicien los contactos para ello, ya se ha dado. El órgano de gobierno de los jueces se encuentra en funciones desde hace un año y ocho meses. En noviembre de 2018, el PP interrumpió la negociación para la renovación cuando ya estaba muy avanzada y ellos y los socialistas tenían ya el reparto casi hecho. El parón se produjo después de que trascendiera un mensaje de WhatsApp del entonces portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, en el que explicaba a los parlamentarios de su partido que el acuerdo era muy ventajoso para los populares porque les permitiría controlar “por detrás” la Sala Segunda (Penal) del Tribunal Supremo. Como presidente del CGPJ se proponía al magistrado Manuel Marchena, presidente de esa Sala, que se sintió de inmediato concernido por esa posición partidista y declinó ser propuesto. La reacción del PP fue romper la negociación y pedir un cambio de la ley para que todos los miembros del Consejo los decidan los jueces y no dejen para los partidos la elección de ocho de los 20 vocales.

Tras reiterados avisos durante meses para reclamar la renovación, el órgano presidido por Carlos Lesmes decidió, como forma de presión a los partidos, paralizar los nombramientos de magistrados en la cúpula judicial. Ello, sumado al apremio de las asociaciones judiciales, ha llevado al PP a renunciar al cambio de modelo de elección de los vocales del CGPJ y a volver a la posición de siempre para pactar entre partidos, o más bien, entre el PSOE y el PP.

Actualmente, los populares tienen mayoría en ese órgano porque está elegido desde hace seis años y medio y el PP, ganador de las elecciones en 2014, aplicó su victoria. El PSOE gobierna desde 2019 y hubiera querido desde entonces seguir la regla habitual de que el Gobierno tiene prioridad para tener la mayoría en todos los órganos constitucionales pero no hay norma que obligue a pactar a la oposición si esta no quiere. El tiempo ha pasado y el PP, aunque mantiene un rotundo enfrentamiento con el Ejecutivo, ha considerado que ya es tiempo de renovar el Poder Judicial.

Ni el PP ni el sector socialista del Gobierno se atreven a afirmar al cien por cien que habrá pacto, aunque sí lo dan como muy probable. El problema en las primeras conversaciones es el habitual: cuántos vocales puede proponer el PSOE y cuántos el PP. Los populares pretenden presentar a diez y que el PSOE presente a los otros diez y proponga además al presidente del Consejo y del Tribunal Supremo, con su visto bueno.

El cálculo del Gobierno es otro, ya que quiere que Unidas Podemos y el PNV puedan proponer un candidato cada uno. Ciudadanos no participará en esta elección. A pesar de la apertura de conversaciones y pactos con el Gobierno de Pedro Sánchez, el partido que preside Inés Arrimadas critica este modelo de elección en el que una parte de la misma corresponde a los partidos políticos.

Esas objeciones no las tiene Ciudadanos, en principio, para proponer a un candidato para cambiar a cuatro de los doce magistrados del Tribunal Constitucional, el otro gran órgano constitucional pendiente de renovación. El PP pretender repartirse este cupo a medias con los socialistas, con dos magistrados cada uno. El PSOE plantea que pueda proponer dos magistrados y que los otros dos se dividan entre PP y Ciudadanos. El diálogo se está produciendo, con gran discreción y al más alto nivel, entre el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y el responsable de Justicia del PP, Enrique López, ambos jueces de carrera.

En el PP y el PSOE hay voluntad de acuerdo, pero reconocen que una eventual convocatoria este verano de elecciones en Cataluña podría hacer que cada cual volviera a las trincheras hasta que resulte elegido el futuro Parlamento catalán.