La pandemia salva las cuentas del Poder Judicial

Las cuentas del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) parecían este año destinadas al colapso. Con los Presupuestos Generales del Estado prorrogados desde 2018, el órgano que preside Carlos Lesmes estaba abocado a pedir un crédito al Ministerio de Hacienda para hacer frente al pago de algunas partidas básicas, entre ellas, las nóminas de los jueces en prácticas, cuyo número es ahora más del doble del presupuestado hace dos años. Pero Hacienda y el CGPJ se han encontrado con un ahorro con el que no contaban a principios de año: el derivado de los cursos, reuniones y actos suspendidos por la pandemia de covid-19. Solo en formación, está previsto que se cancelen hasta final de año 217 actividades para las que se iban a destinar más de 1,5 millones de euros.

Como el resto de órganos que dependen de los presupuestos estatales, el Consejo ha tenido que hacer frente a los gatos de los dos últimos años con las cuantías económicas previstas en los presupuestos de 2018. Pero en el caso del CGPJ hay una partida que se ha disparado en los dos últimos ejercicios y que deja cojas las cuentas de la institución: el aumento de los alumnos que siguen el curso de formación inicial de la Escuela Judicial, que ha pasado de un promedio de 68 al mes en 2018 a los 158 en 2020.

El Consejo se hace cargo de pagar la nómina de los nuevos jueces mientras dura su periodo de formación, por lo que el incremento del número de alumnos en la última promoción ha multiplicado este gasto. En la documentación enviada al ministerio que dirige María Jesús Montero, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, los responsables de las cuentas del Poder Judicial estiman un déficit de 3,7 millones de euros a finales de año en el montante global de lo gastos de personal, una cifra que se situaría por encima de los cuatro millones cuando se incorpore el personal procedente de los concursos de méritos convocados y pendientes de resolver.

Ya en los primeros meses del año el Consejo ha tenido que aprobar una modificación presupuestaria de 240.000 euros en el programa de formación de jueces para afrontar las cuotas de la Seguridad Social de los alumnos de la escuela judicial. El órgano que preside Lesmes pidió una ampliación de crédito a Hacienda, pero el Gobierno se la denegó e instó a sufragar ese gasto con fondos propios. Se hizo así, pero los responsables económicos del CGPJ alertaron hace unas semanas de que, si no se inyectaba dinero, no se podría pagar la nómina de agosto de los nuevos jueces.

Los técnicos advirtieron de dos necesidades “inmediatas”: una partida de 470.000 euros para la cuota de la Seguridad Social de los alumnos y funcionarios de la Escuela Judicial hasta diciembre; y otra de 2,31 millones para las retribuciones básicas de los alumnos en prácticas. Y aquí es donde la comisión económica de Consejo ha encontrado un salvavidas en la pandemia.

Como consecuencia de la crisis sanitaria se han suspendido decenas de actividades que ya estaban presupuestadas, desde actos protocolarios, viajes dentro y fuera de España de vocales o las reuniones periódicas de presidentes de Tribunales Superiores de Justicia y de Audiencias Provinciales. La partida más cuantiosa que se va a ahorrar este año proviene de los cursos de formación continua que cada mes llevan a la sede del CGPJ en Madrid a jueces de todas España, además de otros que se hacen en colaboración con las Comunidades Autónomas.

En total, se cancelarán 217 actividades formativas presenciales que tenían un presupuesto superior a 1,55 millones de euros y ese dinero se transferirá para pagar a los jueces en prácticas. El mismo destino se dará a otras partidas con las que se iban a sufragar dietas y otras indemnizaciones de miembros del Consejo (se usarán 300.000 euros de 1,5 millones presupuestados), externalización de publicaciones (321.000 euros de 4 millones previstos) o pruebas selectivas que han quedado suspendidas (58.650 euros).

La amenaza de la renovación del Consejo

Con este ahorro el CGPJ podrá salvar este año sus cuentas, aunque hay una posibilidad de que se volvieran a descuadrar: que los partidos llegaran este año a un pacto para renovar el órgano de gobierno de los jueces, que está en funciones desde diciembre de 2018. Paradójicamente, la falta de acuerdo entre los grupos está evitando una nueva amenaza para los presupuestos del Consejo, ya que a partir de la próxima renovación los 20 vocales tendrán dedicación exclusiva y, por tanto, sueldo completo del Poder Judicial, de acuerdo a una reforma legal aprobada por el Congreso.

Las cuentas de 2018 solo prevén el pago de nómina a los siete miembros que ahora tienen dedicación exclusiva, mientras que el resto cobran por dietas y desplazamientos. Si la renovación se produjera antes de que haya nuevos presupuestos, al órgano de gobierno de los jueces se le abriría un agujero de 156.407 euros al mes que “no podría sufragar con fondos propios”, según la advertencia elevada a Hacienda. La renovación del CGPJ implicaría, además, la cobertura de algunos puestos vacantes que el pleno ha dejado en suspenso para que los aborden sus sustitutos y que supondrían otros 78.781 euros al mes.