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El Supremo rechaza paralizar los nombramientos del Poder Judicial en funciones

Para el alto tribunal los nombramientos gozan de “presunción de legalidad

El pleno del Consejo General del Poder Judicial presidido por su presidente, Carlos Lesmes, en 2014.
El pleno del Consejo General del Poder Judicial presidido por su presidente, Carlos Lesmes, en 2014.

El Tribunal Supremo ha respaldado este martes, aunque de forma cautelar, la convocatoria de una veintena de plazas de la cúpula judicial acordadas por el Consejo General del Poder Judicial, que está en funciones desde diciembre pasado. La Sala de lo Contencioso ha rechazado suspender temporalmente estas convocatorias mientras resuelve los recursos presentados por dos asociaciones judiciales. Aunque el Supremo no se pronuncia todavía sobre el fondo del asunto, el tribunal considera que los nombramientos impugnados gozan de “presunción de legalidad”.

El auto notificado por el Supremo, firmado por cinco magistrados de la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso Administrativo, solo responde a la petición de suspensión cautelar de los acuerdos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) solicitada por las asociaciones Juezas y Jueces para la Democracia y Francisco de Vitoria. Pero algunos de los argumentos que ha empleado el tribunal para explicar su decisión implican un cierto respaldo del alto tribunal a la forma en la que el órgano de gobierno de los jueces está gestionando su interinidad.

Los más de 40 nombramientos convocados o ya acordados por el Consejo, pese a estar en funciones, han enfrentado al órgano que preside Carlos Lesmes con dos de las principales asociaciones judiciales. Las asociaciones reprochan que un CGPJ en funciones apruebe nombramientos que en unos casos son vitalicios y en otros condicionan para los próximos años la cúpula judicial. Además, sostienen que las convocatorias no cuentan con el preceptivo desarrollo reglamentario y no se han comunicado a las asociaciones profesionales de jueces y magistrados, lo que vulnera, según ellas, la Ley Orgánica del Poder Judicial.

El CGPJ ha defendido su legitimidad para convocar y acordar los nombramientos y, entre otros argumentos, alega la necesidad de renovar los cargos que quedan vacantes para evitar la paralización de la justicia.

Es en este punto en el que el auto del Supremo, de 10 páginas, respalda la actuación del Consejo: “El normal desarrollo de la administración de justicia requiere la pronta cobertura de las plazas vacantes tanto judiciales como gubernativas y, mientras esta Sala no se pronuncie en contra mediante sentencia, los nombramientos efectuados cuentan con presunción de legalidad” señala el tribunal, que aboga por que prevalezcan “los intereses generales asociados” a las convocatorias efectuadas por el Consejo “en ejercicio de sus competencias”.

 22 acuerdos impugnados

El recurso de las asociaciones se dirigió contra 22 acuerdos adoptados por la Comisión Permanente (el principal órgano de decisión del CGPJ) entre mayo y julio de este año. Mediante esos acuerdos se convocaron otras tantas presidencias y plazas en distintos órganos judiciales, entre ellas la presidencia de la Audiencia Nacional y de varios tribunales superiores de justicia autonómicos.

Las asociaciones profesionales pidieron la nulidad de esos acuerdos y solicitaron al Supremo que los suspendiera cautelarmente mientras resolvía sobre el fondo del asunto. Esta última petición es la que ha rechazado ahora el Supremo.

Según el alto tribunal, el recurso de las asociaciones no pierde su finalidad aunque no se acepte la suspensión cautelar, porque la ejecución de una hipotética sentencia estimatoria conduciría a la nulidad de los nombramientos y a la nueva convocatoria de las plazas. Por otra parte, añaden los magistrados, los intereses públicos sí se verían afectados si se dejan ahora en suspenso esas convocatorias.

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