El bloqueo político eleva la tensión por las decisiones de un Poder Judicial en funciones

La investidura fracasada de Pedro Sánchez aleja la posibilidad de renovar a corto plazo el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuyos miembros están en funciones desde el pasado diciembre. Ante este escenario, entre las asociaciones judiciales y dentro del propio Consejo se han acentuado las discrepancias sobre cómo gestionar la interinidad: el Consejo defiende su legitimidad, pero tres de las cuatro asociaciones le reprochan que haya aprobado la renovación de casi 40 cargos discrecionales. Solo una de los 21 miembros del CGPJ, Concepción Sáez, discrepa de esta tesis y está votando contra los nuevos nombramientos.

El Poder Judicial se ha convertido en uno de los últimos vestigios del bipartidismo. Su composición actual obedece al tablero político de 2013, cuando fueron nombrados los vocales actuales. El PP gobernaba con mayoría absoluta y populares y socialistas se repartían 296 de los 350 escaños del Congreso. Desde entonces se han celebrado tres elecciones que han dinamitado ese escenario y se va camino de unas cuartas si no hay acuerdo para investir al socialista Pedro Sánchez.

“Estamos haciendo nombramientos con arreglo a una mayoría que no tiene nada que ver con la composición actual de las Cámaras. Ha cambiado todo y hay partidos con otra sensibilidad que ni siquiera están representados”, afirma la vocal Sáez, que está dejando por escrito sus argumentos contra las decisiones del órgano de gobierno de los jueces presentando un voto particular a cada acuerdo del pleno.

En esos escritos, la vocal, que es letrada de la Administración de justicia y el único miembro del Consejo a propuesta de IU, cuestiona que un órgano con el mandato cumplido esté legitimado para aprobar las bases que rigen los nombramientos discrecionales; unas bases que, además, cree inadecuadas porque no se ciñen a la norma que regula la provisión de estas plazas. “Estar en funciones no puede significar estar en plenitud de funciones. Creo que deberíamos autolimitarnos”, afirma Sáez en conversación con EL PAÍS. La vocal cree que el actual Poder Judicial debería abstenerse de tomar los dos tipos de decisiones que están vetados para un Gobierno en funciones: las de carácter discrecional y las de carácter político. “Y estamos haciendo nombramientos donde precisamente confluyen estas dos características”, asegura.

En los últimos meses, el Consejo ha aprobado la renovación de casi 40 cargos discrecionales, desde presidencias de Audiencias Provinciales y Tribunales Superiores de Justicia autonómicos a la presidencia de la Audiencia Nacional y la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. También la elección de varios magistrados del alto tribunal, que son plazas vitalicias.

Fuentes oficiales del Consejo defienden que la Ley Orgánica del Poder Judicial solo prohíbe al Consejo en funciones elegir a su presidente. Según estas fuentes, el órgano no ha considerado necesario buscar fórmulas para prorrogar las presidencias que terminaban mandato y la decisión no va en detrimento del próximo Consejo porque este va a poder hacer todos los nombramientos que correspondan a sus cinco años en el cargo. Respecto a las plazas de magistrados del Supremo que se quedaban vacantes por jubilación, el Consejo alega la necesidad de ocuparlas cuanto antes para evitar que la justicia “se paralice”.

Las asociaciones Francisco de Vitoria (alrededor de 800 afiliados) y Juezas y Jueces para la Democracia (unos 525) admiten que la ley no impide a los vocales del Poder Judicial seguir nombrando cargos, pero consideran que estas decisiones están “viciadas”. Estas dos asociaciones están recurriendo al Supremo todos los nombramientos. La Asociación Profesional de la Magistratura, la más numerosa (alrededor de 1.330 miembros) y de tendencia conservadora, no está impugnando las decisiones del Consejo en funciones. Las dos que sí lo hacen señalan que el Consejo incumple lo establecido en el artículo 326 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que regula el sistema de elección de estos cargos. La norma se reformó en diciembre y la nueva redacción establece que la convocatoria pública de esos puestos “señalará pormenorizadamente la ponderación de cada uno de los méritos en la valoración global del candidato”.

“No se está haciendo así. Sacan unas bases para cada convocatoria, en la que se dice de forma genérica lo que se tendrá en cuenta. Y se da mucha importancia a un proyecto que se expone en una comparecencia pública, pero nadie sabe quién va a controlar después que eso se cumpla”, afirma Raimundo Prado, portavoz de la asociación Francisco de Vitoria. Esta situación está provocando, según Prado, una sombra de duda sobre todos los nombramientos, incluidos los de magistrados que tienen méritos de sobra para aspirar al puesto para el que son elegidos.

Impugnarse a sí mismo

El portavoz de la Francisco de Vitoria pone como ejemplo la reelección de José Ramón Navarro como presidente de la Audiencia Nacional. Navarro es miembro de esta asociación, que va a impugnar su designación. “Si se hubiera baremado todo bien, probablemente, habría salido él. Pero lo vamos a recurrir por lo mismo que recurrimos el resto”, explica. El propio Prado va a presentarse para presidir el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. “Y voy a impugnar sus bases”, dice. “Tengo muchos méritos, aunque sé que el Consejo no me va a elegir. Pero quiero saber por qué, que me digan qué méritos me faltan. Hacen falta unas bases bien hechas”, afirma.

Ignacio González Vega, presidente de Juezas y Jueces para la Democracia, sostiene que, además de las bases deficientes, sorprende “la premura” con la que se efectúan los nombramientos. “Incluso se convocan las plazas antes de que se jubilen los cargos a los que van a suplir. Claramente están buscando nombrar a los suyos antes de irse” afirma.

Un vocal del Consejo señala, a condición de mantenerse en el anonimato, que se están renovando los cargos que tocan. Pero admite que se ha podido crear una sensación de que están haciendo todo de golpe porque se habían acumulado plazas vacantes desde hace meses que estaban pendientes de que se aprobaran los nuevos requisitos derivados del cambio de la ley en diciembre.

La reforma legal obliga al Consejo a hacer un nuevo reglamento que detalle cómo deben ser las bases de las convocatorias públicas, pero el único “límite” que se ha impuesto el Consejo en funciones es precisamente el de no desarrollar nueva normativa. “Es un poco contradictorio no hacer el reglamento pero sí los nombramientos”, afirma Sáez. “Aunque yo misma caigo en contradicciones”, admite. “En puridad, lo que deberíamos hacer es levantarnos e irnos cuando se vayan a votar los nombramientos. Pero es complicado. Yo me aplico también el mea culpa”, lamenta.