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OPINIÓN i

Las instituciones al servicio de la causa

El buen gobierno rechaza que las instituciones públicas políticas y mediáticas, sin la mínima prudencia, den credibilidad a unas informaciones no contrastadas con el objetivo de destruir la imagen del Estado

Apertura de un año judicial, en Madrid.
Apertura de un año judicial, en Madrid.

La situación política en España y en Cataluña es percibida por la ciudadanía como regular o mala. Según el avance de resultados del barómetro de julio del CIS, el 34,7% de los encuestados considera que la situación es mala y el 29,5%, muy mala. Por su parte, según el CEO, más de la mitad de los encuestados consideran que la situación de la política en Cataluña es mala y un 24,3%, muy mala. Las cifras tienen su reflejo, igualmente, en la mala percepción que los encuestados tienen de la calidad democrática en España y en Cataluña.

También de los datos del CIS se extrae que una parte importante de los encuestados considera que la justicia tiene un problema de independencia. Las interesadas expresiones “politización de la justicia” y “judicialización de la política” son, a su vez, una manifestación de cómo lo político es percibido en demasiadas ocasiones como algo negativo. Del estado de opinión creado tienen una gran responsabilidad los políticos y, especialmente, los medios de comunicación. Estos últimos ponen en exceso el acento sobre casos polémicos, sentencias “malas” y sobre la cúpula judicial, donde sitúan al Consejo General del Poder Judicial —sin funciones jurisdiccionales—, al Tribunal Supremo (TS) y al Tribunal Constitucional (TC). Sin entrar en la diferente naturaleza de estos tres órganos, la cifra cierta es que en España hay 5.419 jueces y juezas, según Ignacio González Vega, portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia. Así, más allá de la justicia que se lleva a cabo en el TS y en la Audiencia Nacional (incluso en el TC), hay muchos órganos judiciales, unipersonales y colegiados, en todo el territorio español, ejerciendo cada día sus funciones, sobre los que no se informa. Y lo hacen con una de las inversiones más bajas de la Unión Europea. También según González Vega, en España contamos con una relación de 12,6 jueces por cada 100.000 habitantes, frente a la media de la Unión Europea, que está en torno a 20 por cada 100.000 habitantes.

Algunas decisiones han hecho un flaco favor a la percepción sobre la independencia de la justicia que tiene la ciudadanía

Con esto no quiere obviarse, como se ha puesto ya de manifiesto anteriormente, que en España existe un problema objetivo con el procedimiento de nombramientos de los miembros de las altas magistraturas, que dependen, en gran parte, del CGPJ y de los propios partidos. Asimismo, algunas decisiones jurisdiccionales han hecho un flaco favor a la percepción sobre la independencia de la justicia que tiene la ciudadanía.

En todo caso, lo cierto es que los medios en estos tiempos de clics pueden llegar a abusar de sus instrumentos, orillando uno de los elementos esenciales de la libertad de información, de darla y de recibirla, reconocida por la Constitución: la veracidad. Los medios no deben informar solo de hechos que sean indiscutiblemente ciertos, pero sí deben asegurar que en el proceso de obtención de datos para la elaboración de una información se ha seguido la diligencia debida. Por tanto, los profesionales de la información no están obligados a comunicarnos hechos verídicos, pero sí a transmitir hechos diligentemente contrastados a través de un proceso de investigación más o menos intenso.

Por ello extraña que estos últimos días un medio haya publicado unos supuestos informes del CNI y de los Mossos que han favorecido la creación y la difusión de una teoría sobre el papel de los servicios de inteligencia españoles en los atentados del 17 de agosto de 2017 en Barcelona. Ningún otro medio de comunicación se ha sumado a dar por bueno el relato construido, al considerar que no se dan las condiciones mínimas de diligencia apuntadas para ser transmitido a la opinión pública.

La investigación sobre los atentados del 17-A debe proseguir y deberán depurarse toda las responsabilidades

En la burbuja informativa catalana, en cambio, los dirigentes políticos del Govern y los medios públicos de comunicación catalanes se lanzaron a dar por plausible la citada teoría. El conseller Alfred Bosch incluso envío una carta a los cónsules de los países con víctimas en los atentados del 17 de agosto de 2017 para “intercambiar impresiones”. Por cierto, este conseller sigue sin dar explicaciones sobre las cuentas de Twitter suspendidas relativas a su persona.

Sin duda, la investigación sobre la preparación de los atentados del 17-A debe proseguir y deberán depurarse, en su caso, toda las responsabilidades políticas y policiales. El buen gobierno rechaza, en cambio, que las instituciones públicas políticas y mediáticas, sin la mínima prudencia, den credibilidad a unas informaciones no contrastadas con el único objetivo de destruir la imagen del Estado. El Govern ha puesto nuevamente al servicio de su causa las instituciones y servicios informativos catalanes para avalar lo que de momento solo es una teoría conspirativa.

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