El Poder Judicial retoma la selección de altos cargos tras el fracaso de la negociación para su renovación

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que lleva en funciones más de 20 meses, ha anunciado este jueves que retoma a partir de la próxima semana los procesos para nombrar a los cargos discrecionales de los tribunales españoles. El órgano adopta esta decisión después de que, el pasado julio, anunciase que retiraba del orden del día la votación para elegir a cinco de ellos ante la “confirmación” de que existían negociaciones entre los grupos parlamentarios para la renovación de la institución. Unas conversaciones que el líder del PP, Pablo Casado, ha frenado en seco en las últimas semanas.

A través de un escueto comunicado, el órgano de gobierno de los jueces ha informado de que este septiembre vuelve a poner en marcha las entrevistas de los candidatos a las presidencias de las Salas Tercera, Cuarta y Quinta del Tribunal Supremo; del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco; de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional; de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias; de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (con sede de Málaga); y de la Audiencia Provincial de Cáceres. Las comparecencias comienzan el próximo martes.

Este mismo miércoles, durante el encuentro que mantuvieron el presidente Pedro Sánchez y Casado en La Moncloa, el dirigente del partido conservador transmitió al jefe del Ejecutivo que no renovará los órganos constitucionales mientras Unidas Podemos tenga algo que ver en esa negociación. Una posición que los socialistas califican de “obstruccionista”. “Hay un Gobierno legítimo que el señor Casado directamente no quiere aceptar”, carga María Jesús Montero, ministra de Hacienda. “La actitud facha del PP es una provocación a lo establecido en la Constitución y un ataque a los principios básicos de la democracia”, añade Odón Elorza, diputado del PSOE por Gipuzkoa y exalcalde de San Sebastián.

La renovación del CGPJ lleva enquistada casi dos años. Desde que saltó por los aires después de que se filtrara un mensaje de WhatsApp de Ignacio Cosidó, entonces portavoz popular en el Senado, donde presumía de que controlaría la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo al proponer como presidente del Poder Judicial al juez Manuel Marchena. Tras publicarse ese texto, el magistrado renunció a ocupar ese cargo y el PP decidió reventar el pacto que ya había cerrado con el PSOE. Desde ese momento, las conversaciones entre ambas fuerzas se han sucedido, pero no han logrado materializarse. Fuentes de los dos partidos confirman que este septiembre podría haber visto la luz un nuevo acuerdo, pero Casado ordenó frenarlo.

A través de cuatro cartas, el propio Consejo ha recordado a los partidos que la Constitución los “obliga” a renovar el órgano tras cumplir su mandato. Incluso, como medida de presión, paralizó los nombramientos discrecionales en enero de 2020, aunque los retomó en mayo a la vista de que el bloqueo proseguía. Posteriormente, el pasado 28 julio, difundió un comunicado donde revelaba que había retirado del orden del día el debate y votación de cinco cargos: tres plazas de magistrado de la Sala de lo Penal del Supremo, uno de los puestos más cotizados de la carrera; la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias y la presidencia de la Audiencia Provincial de Ourense.

Según afirmó el CGPJ, lo hizo “ante la confirmación de la existencia de negociaciones entre los grupos parlamentarios para la renovación del órgano”. Un anuncio que presagiaba un posible desbloqueo, que finalmente ha quedado en nada. Pese a ello, un grupo de fiscales instó este lunes a los partidos a cerrar un nuevo acuerdo y señaló que incumplir este mandato previsto en la Ley Fundamental “nos coloca fuera del marco constitucional”.