El PP estrena la oposición con el veto a la renovación del Poder Judicial

Pablo Casado dedicó tanto tiempo a justificar el voto en contra del PP a la investidura de Sánchez como a ofrecer al líder del PSOE ayuda para la “gobernabilidad” si superaba la votación del debate. El líder de los populares insistía en que había otras opciones sin tener que contar ni con los independentistas ni con ellos para salvar la investidura —todas ellas pasaban por Cs—, pero se ofrecía a apoyar los Presupuestos si Sánchez aceptaba algunas condiciones y a firmar con él pactos de Estado sobre diversas materias. Los acuerdos del PSOE con Podemos y ERC y la abstención de Bildu han hecho saltar por los aires muchos de esos ofrecimientos. La nueva estrategia del PP se resume en liderar una oposición implacable con el nuevo Gobierno, al que acusa de haber dejado el país “en manos de terroristas y golpistas”.

El Poder Judicial. El PP no está dispuesto ahora a negociar con el PSOE la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en funciones desde diciembre de 2018. Los vocales actuales fueron nombrados en 2013, cuando el PP gobernaba con mayoría absoluta. Ese bloqueo permite que el órgano de gobierno de los jueces siga teniendo mayoría conservadora. El Gobierno de Sánchez y el PP llegaron a alcanzar un acuerdo para renovar el Consejo en noviembre de 2018, con el magistrado Manuel Marchena como sustituto de Carlos Lesmes. A cambio de ceder la presidencia a un conservador, el PSOE y sus socios se hacían con 11 vocales por nueve de los populares. Pero el pacto se frustró después de que se filtraran whatsapps en los que el entonces portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, se jactaba de que su partido controlaría “por detrás” la sala segunda del Supremo. Marchena renunció al cargo y se rompieron las negociaciones.

Para renovar el CGPJ se precisa una mayoría de 210 diputados en las votaciones. Con los resultados del 10-N, el PSOE (120 escaños) y el PP (89) tendrían votos suficientes junto a los  diputados de Navarra Suma. Pero el PP no tiene ninguna intención de hacerlo. Se reproduce así el bloqueo del organismo que se produjo entre noviembre de 2006 y septiembre de 2008, durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Entonces, el PP bloqueó la renovación del organismo, en manos de una mayoría conservadora.

Los populares quieren cambiar el método: reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial para que los jueces elijan directamente a 12 de los 20 vocales en el Consejo. El resto serían a propuesta de los partidos. El Gobierno de Rajoy ya presentó en 2012 este proyecto, que suponía volver al sistema previo a 1985, aunque finalmente renunció a él.

Presupuestos. Sánchez decidió adelantar los comicios después de que el veto del PP, Cs y los independentistas le impidiera aprobar los Presupuestos. Tras las elecciones, Casado se ofreció a dar estabilidad al PSOE prestando los votos de su grupo si no subían los impuestos y se controlaba el gasto, es decir, si los socialistas presentaban unas cuentas públicas más parecidas al programa del PP. Fuentes del partido señalan que el pacto del PSOE “con los comunistas” aleja esa opción al considerar que no se trata de una “política responsable en déficit, deuda y gasto”. Los populares se oponen a subir impuestos a las rentas altas y a las grandes empresas y los bancos: creen que espantará a los inversores.

Cataluña. En la primera cita en La Moncloa y en encuentros posteriores, Casado y Sánchez pactaron abrir un canal permanente de diálogo sobre Cataluña y el líder del PP ofreció el apoyo de su grupo para intervenir en la comunidad si era necesario. En el debate de investidura, sin embargo, amenazó a Sánchez con llevarlo a los tribunales si no instaba a Quim Torra a abandonar la Generalitat y le enviaba el requerimiento previo a la aplicación del 155 por incumplir sus obligaciones constitucionales. El PP considera ahora al PSOE fuera de la Constitución y arrodillado ante los secesionistas.

Educación. El PP ha convertido en una de sus banderas lo que llama “libertad educativa”, la elección de centro sin tener en cuenta la proximidad a la casa o al lugar de trabajo de los padres —el Gobierno estima que eso favorece a quien tiene medios para desplazarse a otro lugar— y quiere extender la concertada en el bachillerato, mientras el Ejecutivo pretende centrar la inversión en alumnos más desfavorecidos. El pacto con Podemos incluye que la asignatura de religión deje de contar para la nota media y siga siendo voluntaria. Casado acusó a Sánchez y sus socios de “anticlericalismo guerracivilista” durante la investidura. El PP sí está de acuerdo en fomentar el estudio de la filosofía y la educación gratuita de 0 a 3 años.