Un grupo de fiscales insta a los partidos a renovar ya el Consejo del Poder Judicial

El colectivo señala que el incumplimiento de este mandato “nos coloca fuera del marco constitucional”

Una reunión del pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), este 2020.
Una reunión del pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), este 2020.ANDREA COMAS (EL PAÍS)

La Unión Progresista de Fiscales (UPF) ha instado este lunes a los partidos a que cumplan su “mandato constitucional” y renueven el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en funciones desde noviembre de 2018. Esta petición se produce apenas dos días antes de que el presidente Pedro Sánchez y el líder del principal partido de la oposición, Pablo Casado, se vean las caras en La Moncloa. En esta cita, según anunció el Gobierno, se abordará la parálisis de las negociaciones para nombrar a los nuevos componentes del órgano de gobierno de los jueces. Una cuestión que el dirigente del PP no está dispuesto a desenquistar en estos momentos.

“Nuestra democracia se fortalece a través del normal desenvolvimiento de nuestras Instituciones constitucionales. Por eso, el incumplimiento de las leyes que las regulan debilita nuestra democracia”, ha destacado el grupo de fiscales a través de un duro comunicado, donde también exige que se ponga fin al periodo de interinidad de cuatro miembros del Tribunal Constitucional, que superaron en noviembre de 2019 el periodo máximo que preveía su mandato; y que se nombre a un nuevo Defensor del Pueblo, cargo vacante desde la salida de Soledad Becerril en julio de 2017.

La UPF insiste en que la Constitución “obliga” al Congreso y al Senado a elegir “sin demora” a los nuevos componentes del CGPJ: “La no renovación de estos órganos constitucionales no es una opción”. Según el colectivo, la Ley Fundamental fija el tiempo máximo que los vocales pueden desempeñar este cargo. Por lo que, una vez superado, las Cámaras deben nombrar a sus sustitutos: “Considerar que esta obligación pueda ser eludida por razones de oportunidad partidista o de otra naturaleza, o incluso que puedan ser utilizados dichos nombramientos como una moneda de cambio para conseguir otras finalidades, es una falta de respeto a nuestra Constitución y a la ciudadanía”. “El incumplimiento de las leyes que regulan estos órganos nos coloca fuera del marco constitucional”, remacha la asociación.

La renovación del Consejo General del Poder Judicial lleva pendiente más de 20 meses. En 2018 se llegó a cerrar un acuerdo entre PP y PSOE, pero saltó por los aires cuando se publicó un mensaje de WhatsApp de Ignacio Cosidó, entonces portavoz del PP en el Senado, donde presumía de que su partido seguiría controlando “por detrás la Sala Segunda” del Tribunal Supremo al proponer como presidente del órgano al juez Manuel Marchena. Tras la revelación de este comentario, el magistrado decidió renunciar y los populares optaron por reventar el pacto. Desde entonces, las conversaciones entre ambas fuerzas se han sucedido y, hace apenas un mes, fuentes de ambas partes daban por hecho que en septiembre podría ponerse fin al problema. Pero Casado decidió echar el freno en la última semana.

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Sobre la firma

J. J. Gálvez

Redactor de Tribunales de la sección de Nacional de EL PAÍS, donde trabaja desde 2014 y donde también ha cubierto información sobre Inmigración y Política. Antes ha escrito en medios como Diario de Sevilla, Europa Sur, Diario de Cádiz o ADN.es.

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