Más anomalías, más prórrogas

La perplejidad suele ser excelente compañera de la investigación. Es muy probable que el desconcierto reconocido por la comunidad científica a propósito de un fenómeno visto ahora en el universo, y cuya existencia es imposible según los actuales saberes, lleve en el futuro a grandes avances en el conocimiento.

Pero todo lo que tiene de maravillosa la perplejidad en la ciencia lo tiene de perjudicial en la política. Asombroso, y dañino, fue esta semana que el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, anunciara que no permitirá la renovación de los órganos constitucionales, muy especialmente la del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuyos 20 miembros debieron cesar hace ya un año y nueve meses.

La perplejidad la produce el hecho de que la renovación de los órganos constitucionales no es un derecho atribuido a los partidos políticos por la Constitución, sino una obligación, terminante, del Parlamento. El líder del PP está anunciando, en la práctica, que piensa boicotear el funcionamiento del Congreso y que le impedirá cumplir con su obligación constitucional.

La Constitución establece tres poderes del Estado, legislativo, ejecutivo y judicial (a propósito, no es ningún poder del Estado la Casa de SM el Rey, sino parte de la Administración), cuyos órganos de funcionamiento quedan regulados en el plano temporal. El ejecutivo tiene un plazo máximo de cuatro años, al igual que el Parlamento, mientras que el CGPJ debe cambiar cada cinco años. Hasta ahora a nadie se le ha ocurrido que diputados y senadores se prorroguen su mandato dos o tres años, a conveniencia de un partido. El Parlamento cesa cuando toca y es inevitable convocar elecciones. El anterior titular del Ejecutivo, Mariano Rajoy, estableció un precedente inconcebible ocupando el cargo de presidente del Gobierno “en funciones” más de 400 días. Pero en el caso del Poder Judicial la anomalía democrática es todavía más extraña porque lo que el señor Casado anuncia es la prórroga indefinida del mandato de sus 20 vocales. Bloqueará su renovación (que exige los tres quintos del Parlamento) hasta que haya un Gobierno que le guste.

Las anomalías en el funcionamiento de las instituciones democráticas han sido en la última década tan abrumadoras que resulta imposible que los dirigentes políticos no sean conscientes del enorme coste que tiene ese deterioro. Otra cosa es que no les importe que la sociedad lo pague. Donde quiera que se mire se aprecia esa especie de normalización de lo anormal. En Cataluña, por ejemplo, se ha asumido que el Gobierno de Quim Torra no gobierne, sino que se limite a acampar en el palacio de la Generalitat, sin que el Parlament exija responsabilidades. La última anomalía no procede de la oposición, sino del propio Gobierno. Esta misma semana, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias han anunciado que van a empezar a negociar entre ellos los Presupuestos Generales del Estado para 2021. Dado que cuando formaron Gobierno en enero de este año ya sabían que estaban ejecutando un presupuesto que se aprobó en el Parlamento en 2017 y que (otra extrañeza más) ha venido siendo prorrogado hasta ahora, ¿cómo es posible que la negociación comience en septiembre? ¿Qué explicación pueden dar a que todavía no exista un proyecto concreto de presupuesto del Gobierno (de coalición, sí, pero un único Gobierno)? Todo lo que sabemos los ciudadanos son declaraciones genéricas: será progresista e inclusivo. Muy bien, pero no quiere decir gran cosa. ¿Cuántos empleos se comprometen a crear? ¿En qué sectores productivos? ¿Qué ayudas habrá para aquellos a los que se deje caer? Inquieta escuchar que los Presupuestos que se aprueben para 2021 podrán servir hasta 2023. ¿Más anomalías y más prórrogas?

La Constitución permite, claro está, que tres Presupuestos sucesivos busquen los mismos objetivos, pero no que se presente un único presupuesto para tres años. Si los dipu­tados no son capaces de elaborar un presupuesto anual, simplemente están faltando a su deber.