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renovación del órgano de gobierno de los jueces

Los vocales del Poder Judicial cumplen el pacto PP-PSOE y eligen a Lesmes

El magistrado logra 16 de los 20 votos para presidir el CGPJ y el Supremo

“Tener cinco hijos no es ser del Opus”, sostiene el nuevo presidente del Supremo

Carlos Lesmes a su llegada al CGPJ.

Dieciséis de los 20 nuevos vocales del Poder Judicial (que por ley son los que, libremente, deben elegir al presidente del Tribunal Supremo y del Consejo del Poder Judicial) eligieron este lunes al magistrado conservador del Supremo Carlos Lesmes para que ocupe el primer sillón de la judicatura española. Hubiesen bastado 12 en primera votación o simplemente la mayoría en la segunda para nombrarle, pero los vocales (progresistas y conservadores) apostaron por salir rápido del trance de una elección que no sorprendió a nadie. Hace meses que se sabía que Lesmes, madrileño de 55 años y un juez muy próximo al ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, iba a ser el nuevo presidente del Supremo y del Consejo. Y así se abordó su nombre en las reuniones para cerrar el pacto entre el ministro y el líder del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, quien se reunió con los vocales tras ser elegidos y antes de que celebraran su primer pleno.

Quienes conocen a Lesmes le sitúan como un juez conservador y persona muy religiosa, y con un talante sereno y dialogante. Está casado con una enfermera y tiene cinco hijos. Lesmes ha llegado a ironizar: “En este país, si tienes convicciones religiosas, te encasillan como conservador... y si encima tienes 5 hijos… ya tienes que ser del Opus..”. Sostiene que ser conservador significa “apostar, por ejemplo, por la necesidad de que exista un Estado protector y fuerte frente al neoliberalismo, que es muy bonito para los triunfadores”. Hace tres años dejó la presidencia de la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional y fue nombrado magistrado del Supremo. Es muy aficionado a los deportes de bicicleta y al pádel.

Hace dos meses, defendió el polémico indulto a un conductor kamikaze propuesto por el ministro Ruiz-Gallardón y, con anterioridad, la ilegalización de Sortu que el Tribunal Constitucional luego tumbó. Estudió Derecho en la Universidad Autónoma de Madrid y superó tres oposiciones: para fiscal y juez en 1984 y para magistrado especialista de lo Contencioso, en 1993. Hasta ese año ejerció como fiscal y entonces se incorporó a la judicatura. Cinco años después fue nombrado magistrado de la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional. Durante el Gobierno de José María Aznar, ocupó el cargo de director general en Justicia.

Solo cuatro votos a favor de Pilar Teso

J. A. H., Madrid

Además de Carlos Lesmes, en el pleno que celebraron este lunes los 20 nuevos vocales del Consejo, sobre la mesa, había otro candidato a la presidencia del Poder Judicial, la magistrada Pilar Teso Gamella (propuesta por Clara Martínez de Careaga, progresista y esposa del anterior fiscal general, Cándido Conde-Pumpido). Teso contó con el aval de cuatro votos de la órbita progresista, los de Rafael Mozo, Clara Martínez de Careaga, Roser Bach y Concepción Sáenz, esta última propuesta por IU.

El nombre de Pilar Teso, una juez progresista y muy técnica, se baraja como vicepresidenta del Supremo, un cargo que antes no existía y que será muy relevante dentro del nuevo esquema judicial diseñado por Ruiz-Gallardón.

Pero Teso no es la única apuesta. Además, el que puede proponerla para ese cargo solo es el presidente Lesmes, y aunque han sido colegas en la Sala de lo Contencioso del Supremo no está claro que finalmente se decante por ella. Lo lógico es que sea una persona de su absoluta confianza dado que le sustituirá en sus ausencias. El pleno solo puede ratificar o rechazar la propuesta de Lesmes sobre su vicepresidente.

Pero que vocales como, por ejemplo, el exdiputado socialista Álvaro Cuesta apoyasen este lunes a Lesmes es otra evidencia del pacto entre PP y PSOE, que ambos partidos han tratado de disimular, sin éxito, en aras de la independencia judicial.

La elección de Carlos Lesmes como primera autoridad judicial del Estado no ha sido, esta vez tampoco, fruto de un intenso debate durante el pleno que celebraron este lunes los consejeros. Es el resultado de un pacto entre el PP y el PSOE. Los socialistas temieron que el PP (que tras el escándalo de los viajes del expresidente Carlos Dívar decidió acometer un profundo cambio en el funcionamiento y elección del Poder Judicial) activara una norma de la nueva ley e impusiera su mayoría en el Consejo sin necesidad de pactar nada con ellos. Y, ante ese miedo, optaron por pactar las 20 vocalías, y se conformaron con proponer a siete vocales y dejar que el PP propusiera a diez (mayoría dentro del Consejo); uno IU, y dos los nacionalistas de CiU y PNV. Todo ello de acuerdo con la cuota de poder electoral que estos partidos tienen en ambas Cámaras legislativas. En ese pacto entraba que los consejeros tendrían que votar a Lesmes presidente.

El acuerdo incluía que el nuevo presidente fuera elegido con una mayoría holgada pero no total, como ha sucedido. Ni el PP ni el PSOE querían que ocurriese con este Consejo lo que sucedió con el anterior, cuando el nombre del presidente (Dívar) fue anunciado desde La Moncloa en la época de José Luis Rodríguez Zapatero, cuatro días antes de que los vocales, que son los que por ley tienen esa facultad, le eligieran.

Cuando Lesmes —que tras saber que había sido elegido se trasladó a la sede del Consejo para agradecer su designación a los vocales— proponga el nombre del vicepresidente/a, los consejeros tendrán una semana para volver a reunirse y decidir si lo ratifican. Luego tendrán que elegir a los componentes de la comisión permanente, que será el órgano nuclear de este nuevo Consejo. Sus cinco miembros, presididos por Lesmes, serán los únicos con dedicación exclusiva (antes de la nueva ley tenían plena dedicación los 20). Los otros compaginarán las actividades de sus juzgados o tribunales con el Consejo y la asistencia a plenos. Aunque es previsible (antes los 21 vocales tenían dedicación exclusiva) que ellos mismos se autoliberen de parte de la carga de sus juzgados. Estos tendrán sus sueldos habituales, y cobrarán dietas por asistencia a plenos y comisiones.

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