Marlaska y el juez que decide sobre la sanidad madrileña, en el Poder Judicial

El presidente de la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Fernando Grande-Marlaska, y el juez que encabeza la decisión sobre la polémica privatización de la sanidad madrileña, Francisco Gerardo Martínez Tristán, estarán en el nuevo Consejo General del Poder Judicial a propuesta del PP. Como la nueva ley solo exige dedicación exclusiva para seis vocales de forma rotatoria, ambos podrán mantener esos cargos con decisiones importantes pendientes, salvo cuando sean incluidos en la comisión permanente.

El Gobierno y el PSOE cerraron este lunes la lista de los 12 jueces que completarán el nuevo Consejo. La semana pasada fueron ya presentados los nombres de los ocho vocales que no son de procedencia judicial y que el viernes pasaron el trámite de audiencia previo en el Congreso y el Senado. Los plenos de las Cámaras votarán a los 20 vocales antes del miércoles y, una vez que estos tomen posesión ante el Rey, se reunirán y elegirán al presidente.

El nuevo Consejo tendrá 10 miembros conservadores, siete propuestos por el PSOE, uno de IU, uno de CiU y otro del PNV. A esa mayoría conservadora se sumará el presidente. Es decir, que ya todas las instituciones del Estado tendrán mayoría conservadora afín al actual Gobierno.

Teóricamente, son los vocales los que eligen al presidente, pero el nombre suele ser propuesto por el presidente del Gobierno y comunicado al líder de la oposición. En este caso, el que más posibilidades tiene es Carlos Lesmes, magistrado del Supremo y exdirector general de Justicia con los gobiernos de José María Aznar.

Con esa mayoría, los conservadores se aseguran capacidad para los nombramientos estratégicos, porque la reforma del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, elimina las mayorías cualificadas, que obligaban hasta ahora a pactos las decisiones trascendentes. Por ejemplo, para los nombramientos de la cúpula judicial.

De los siete jueces que propone el PP, solo hay una mujer, y de los cinco del PSOE hay cuatro. En el conjunto del Consejo habrá paridad. Entre los 12 de ambos partidos hay tres no adscritos a ninguna asociación y los tres propuestos por el PP: Marlaska, Rafael Fernández Valverde y Martínez Tristán. Es decir, la progresista Jueces para la Democracia será la más representada, aunque la mayoritaria en la carrera sea la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura. No estará la juez que presentó más avales de sus compañeros, Rocío Pérez-Puig, pero sí la que menos, Victoria Cinto, a propuesta del PSOE. Los propuestos por el PP son:

» Francisco Gerardo Martínez Tristán. Preside la sala de lo contencioso del Tribunal Superior de Madrid, donde se estudia la privatización de la sanidad. Recusado por el PSM por estar casado con una consejera de Dolores de Cospedal en Castilla-La Mancha. Fue letrado del Consejo, juez desde 1988.

» Fernando Grande-Marlaska. Desde 2012 es presidente de la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. No adscrito a ninguna asociación, ingresó en la carrera en 1988. Ha sido muy criticado estos días desde medios conservadores por dirigir la excarcelación de etarras afectados por la anulación de la doctrina Parot.

» Rafael Fernández Valverde. Desde 2003 es magistrado de la sala de lo contencioso del Tribunal Supremo. Ya fue vocal del Consejo entre 1996 y 2001. Ingresó en la carrera judicial en 1976.

» Wenceslao Francisco Olea Godoy. También magistrado de lo contencioso del Supremo. Ingresó en la carrera judicial en 1984 y pertenece a la APM.

» Juan Manuel Fernández Martínez. Desde 2004 es presidente del Tribunal Superior de Navarra. Ingresó en 1985 y es de la APM.

» Juan Martínez Moya. Desde 2004 es presidente del Tribunal Superior de Justicia de Murcia y antes fue letrado del Consejo. De la APM, en la carrera desde 1988.

» Carmen Llombart Pérez. Juez desde 1980, es presidenta de la Audiencia Provincial de Valencia. Juez desde 1980, de la APM.

Los propuestos por el PSOE:

» Clara Martínez Careaga. Es la única propuesta por el PSOE que pertenece al Tribunal Supremo. Forma parte de la sala de lo militar, es de Jueces para la Democracia e ingresó en la carrera en 1983. Está casada con el anterior fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido.

» María Victoria Cinto Lapuente. Fue viceconsejera de Justicia del País Vasco en el Gobierno de Patxi López y presidenta de la Audiencia de Guipúzcoa. Es juez desde 1987. De Jueces para la Democracia.

» Roser Bach. Es juez desde 1990. Magistrada de la Audiencia de Barcelona, fue directora de la Escuela Judicial hasta septiembre. Casada con el consejero de Justicia de Cataluña y miembro de Jueces para la Democracia.

» Rafael Mozo Muelas. Desde 1998 es magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid. De Jueces para la Democracia, ingresó en la carrera en 1985.

» María del Mar Cabrejas Guijarro. Juez desde 1991, pertenece a Jueces para la Democracia y es titular del juzgado 55 de primera instancia de Madrid.

Del grupo de vocales no procedentes de la carrera judicial, el PP propuso a Nuria Díaz (abogada del Estado); Vicente Gularte (catedrático) y María Ángeles Carmona (secretaria judicial). El PSOE a Álvaro Cuesta y a Pilar Sepúlveda.

Izquierda Unida, que se sumó en el último momento al pacto y que no tenía representación en el Consejo saliente, propuso a la secretaria judicial Concepción Sáez.

CiU, que ya estaba en el órgano que cesa, propuso a Mercè Pigem, ahora diputada por Barcelona. También estaba ya el PNV, que ahora propone al abogado Enrique Lucas Murillo.

Será el primer Consejo en el que se aplicará la reforma que está recurrida ante el Tribunal Constitucional. La primera batalla será la designación de los seis miembros de la comisión permanente que tendrán dedicación exclusiva. Gallardón rectificó en esa reforma los principios históricos del PP y su programa electoral para aceptar la designación parlamentaria de todos los vocales.

En las conversaciones y para cumplir esos cupos dejaron de incluir fiscales, por primera vez en la historia del Consejo. Y eso que tendrá que informar el futuro anteproyecto de Código Penal Procesal que dará la función de instruir a los fiscales por primera vez. La falta de peso político del actual fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha influido en esta llamativa omisión. El probable presidente, Carlos Lesmes, ejerció como fiscal entre 1984 y 1993, pero a partir de esa fecha entró en la carrera judicial.

Los socialistas aseguran que el respeto institucional les ha llevado a buscar el acuerdo, aunque tienen recurrida la ley. Les favorece que hayan entrado CiU, PNV e IU. Y fuentes de Justicia explican que el amplio consenso final supone un éxito político de Gallardón, tras haber aprobado la reforma en solitario. Sin tener que ejercer la posibilidad de renovar en el Senado solo con su mayoría.