Ayuso prepara una ley para convertir a Madrid en el laboratorio español de los coches sin conductor

La Comunidad de Madrid, que preside Isabel Díaz Ayuso, prepara una ley de movilidad que incluye la apuesta explícita por fomentar el despliegue de vehículos autónomos en la región. Así consta en la documentación pública que acompaña al anteproyecto normativo, consultada por EL PAÍS, en la que también se recoge que el Ejecutivo regional aboga por dar “un marco común” a los ayuntamientos a la hora de que establezcan sus zonas de bajas emisiones (ZBEs), de tal forma que no haya contradicciones entre ellas y los desplazamientos estén garantizados a lo largo y ancho del territorio madrileño. La Comunidad aspira a aprobar el proyecto este 2025 en la Asamblea regional, donde el PP goza de mayoría absoluta, aunque planea actuar “bajo el paraguas” de la normativa que prepara la Dirección General de Tráfico (DGT) con la esperanza, que no certeza, de que entre en vigor a finales de este año.

Enero de 2020. Dos políticos de Ciudadanos, Ignacio Aguado y Ángel Garrido, integrados entonces en el gobierno de coalición con el PP, presentan un proyecto que definen como “pionero”: un autobús autónomo que circula por la Universidad Autónoma. Apenas un año después, en 2021, el servicio, que se da en el campus de Cantoblanco, se actualiza con mejoras técnicas. Y así se llega hasta septiembre de 2024, cuando la semana de la movilidad sirve como telón de fondo para que otro autobús autónomo circule por el corazón de la capital, recorriendo un circuito cerrado entre Colón y Cibeles. Ese vehículo utiliza GPS de precisión centimétrica, detección de obstáculos en 3D y mapeado o cámaras de visión artificial. Una equipación que puede hacerse habitual en los próximos lustros, y para la que la Comunidad ya se prepara.

“[Con la ley] Se pretenden incluir medidas destinadas al fomento de una movilidad responsable y segura, que permita la integración pacífica de los distintos medios de transporte”, se lee en la documentación que acompaña al anteproyecto de ley regional. “Por otra parte, se pretende el desarrollo de un sistema competitivo de movilidad mediante la digitalización, la mejora de la planificación de viajes y servicios de movilidad compartida, así como fomentar el despliegue de los vehículos autónomos y las plataformas de transporte a demanda y de movilidad”.

Así ve la propuesta Francisco Badea, ingeniero integrado en el grupo de investigación de ingeniería de vehículos de la Universidad Antonio de Nebrija, y director de FEM Expert, que ha hecho pruebas con el coche autónomo NEVA, 100% español.

“Crear un marco que permita pruebas y el despliegue de vehículos autónomos en la Comunidad de Madrid nos acerca a ciudades líderes como Londres o Berlín, donde este tipo de proyectos llevan años en marcha”, dice este experto, que señala el “largo camino” que aún se debe recorrer, más allá del desafío tecnológico. “El vehículo autónomo del futuro deberá afrontar complejos problemas de índole social”, desgrana. “¿Cómo será su aceptación por parte de la población?, ¿Cómo interactuarán las personas con él?, ¿Cómo se gestionarán los conflictos que puedan surgir entre personas y vehículo?”, se pregunta.

Badea también apunta a la dificultad de lograr la viabilidad económica, pues las cifras invertidas en Estados Unidos para el desarrollo de los prototipos de estos vehículos los hacen, por ahora, carísimos. “A lo largo de los años, se han desarrollado diversos proyectos de investigación [en España], generalmente liderados por universidades, con distintos grados de éxito”, señala. “Sin embargo, ninguno de estos proyectos ha logrado superar la fase de prototipo para realizar pruebas continuadas a largo plazo en entornos reales”, recuerda. “Esto se debe, principalmente, a los elevados costes asociados al desarrollo de vehículos autónomos y a la falta de permisos que permitan realizar pruebas en tráfico abierto”, añade. Y remata: “En el caso de nuestro proyecto NEVA, hemos logrado realizar pruebas en entornos reales, aunque bajo condiciones restringidas al tráfico”.

Los vehículos autónomos están “diseñados y construidos para desplazarse sin supervisión por parte del conductor”, según definición de la DGT. Para ello, explica el organismo regulador, incluyen sensores de percepción del entorno (láser, radar, ultrasonidos, infrarrojos, cámaras...), sistemas de posicionamiento, sistemas de comunicaciones, sistemas avanzados de control, sistemas de aprendizaje automático (machine learning), algoritmos complejos, controladores y actuadores, así como unidades de control con procesadores para ejecutar software y transformar los datos recabados por los sensores en acciones sobre el volante (acelerar, frenar, cambiar de carril...).

La regulación que prepara Madrid, indica un portavoz del Gobierno regional, “está bajo paraguas de la DGT”, que publicó en marzo de 2024 el borrador del proyecto de real decreto en materia de conducción automatizada, con el que “modificará el Reglamento General de Circulación y el Reglamento General de Vehículos para regular esta modalidad de conducción”.

¿Qué dice ese documento, que podría aprobarse este mismo año? Para empezar, que el Gobierno central apuesta porque “España se convierta en laboratorio de pruebas del vehículo autónomo”. También establece la categoría de “vehículos totalmente automatizados”, que son aquellos diseñados para “desplazarse de manera autónoma sin supervisión por parte del conductor”, lo que excluye de la normativa a los que únicamente dispongan de sistemas de ayuda a la conducción. Además, “el vehículo a motor dotado de un sistema de conducción automatizada solo podrá ser activado y utilizado en un entorno operacional de uso definido, que deberá ser previamente comunicado por el titular del sistema”. Y deberá poder ser desactivado en cualquier momento y ser capaz de “priorizar la seguridad vial y la protección de la vida humana, prevenir la producción de daños materiales y reducir su magnitud y, finalmente, favorecer la fluidez del tráfico”.

En el decreto también se establece la opción de autorizar vehículos operados a distancia, que deberán ser capaces de no ejecutar la maniobra indicada “en el caso de que esta ponga en peligro a los usuarios que participan en la circulación o a los transeúntes, debiendo priorizar llevar el vehículo de forma independiente a un estado de riesgo mínimo”.

Para que estos vehículos puedan circular, la Jefatura Central de Tráfico tendrá que publicar en el Boletín Oficial del Estado un manual de circulación segura, que deberá estar listo en un plazo máximo de 24 meses tras la aprobación del real decreto, y tendrán que tener una autorización administrativa y el correspondiente permiso de circulación.

Zonas de bajas emisiones

En estos momentos, no hay ningún coche autónomo circulando libremente por España, según un portavoz de la DGT, aunque sí hay “muchos” que cuentan “con sistemas avanzados de asistencia a la conducción, para los cuales se precisa necesariamente la intervención, supervisión o control de una persona [conductor]”

Las pruebas con este tipo de vehículos arrancaron en la capital de España o en Las Rozas entre 2020 y 2022, con proyectos piloto de pequeños vehículos de reparto. Pero en los próximos años es previsible una transformación radical en las carreteras europeas. “Cualquier acción de cualquier administración que, dentro de su ámbito competencial, se dirija a impulsar o favorecer el despliegue de vehículos autónomos, es bienvenida”, dice un portavoz de la DGT sobre el proyecto de Madrid.

Pero no será ese el único objeto de la ley que, entre otros asuntos, se centrará en las ZBEs. La Ley de Cambio Climático española obliga a los municipios con más de 50.000 habitantes a contar con estas áreas, pero en Madrid ha dado problemas su implantación en municipios como Arganda, Aranjuez y Valdemoro.

“La ley de movilidad de la región tiene el objetivo de incentivar el uso del transporte público, armonizar la normativa actual, muy dispersa, coordinar a las administraciones públicas, y recoger las nuevas formas de transporte”, resumió la pasada semana el portavoz del Gobierno regional, Miguel Ángel García Martín, durante una rueda de prensa en la Real Casa de Correos. “Lo que pretende es establecer un marco común de actuación en transporte y movilidad”, enfatizó. “Tratará de simplificar y armonizar la normativa que ahora se encuentra dispersa”, insistió, poniendo como ejemplo las zonas de bajas emisiones. “Queremos dar un marco común para tratar de garantizar la movilidad en todo el territorio, y que, por tanto, no haya normativa contradictoria entre unos ayuntamientos y otros”.